Fernanda Durán
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó este martes un exhorto dirigido al Ayuntamiento de la capital para que rediseñe y refuerce sus estrategias de seguridad pública ante el incremento de hechos delictivos que, según los legisladores, han afectado la integridad y el patrimonio de la ciudadanía.
El punto de acuerdo, promovido por la diputada panista María Aranzazu Puente Bustindui, fue catalogado como de urgente y obvia resolución y recibió el respaldo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Sin embargo, la votación no fue unánime: los seis diputados de Morena se abstuvieron —Cuauhtli Badillo Moreno, Emilio Rosas Montiel, Nancy García Martínez, Gabriela López Torres, Roberto García Castillo y Carlos Arreola Mallol—, mientras que los panistas Rubén Guajardo Barrera, Marcelino Rivera Hernández y Mireya Vancini Villanueva, votaron en contra.
Durante la discusión, Aranzazu Puente subrayó que “en las últimas semanas hemos sido testigos de un repunte inquietante en los casos de robo a casa habitación, asaltos a transeúntes, robos a comercios, cristalazos a vehículos y, lamentablemente, crímenes que han cobrado la vida de personas inocentes”.
La legisladora enfatizó que esta problemática ha sido denunciada “a través de medios de comunicación, redes sociales y de manera directa por diversos sectores sociales” y que “los hechos recientes evidencian que las estrategias actuales implementadas por el Ayuntamiento de la capital han sido insuficientes para contener y disminuir la incidencia delictiva”.
En su exposición, Puente Bustindui recordó que la seguridad pública preventiva es competencia del municipio, como lo establece el artículo 115 de la Constitución, pero llamó a la colaboración entre niveles de gobierno.
“Si existen limitaciones de carácter operativo, presupuestal o en materia de capacitación, es imprescindible que el Ayuntamiento lo reconozca y gestione el acompañamiento institucional necesario”.
La propuesta exhorta al Gobierno Municipal a lo siguiente:
- Fortalezca y rediseñe las estrategias de seguridad pública implementadas en la capital del estado, ante el evidente incremento de hechos delictivos que afectan la integridad y el patrimonio de las y los ciudadanos.
- Establezca mecanismos de colaboración y coordinación más efectivos con el Gobierno del Estado y, en su caso, con las autoridades federales competentes, a fin de garantizar resultados reales en materia de prevención del delito y combate a la delincuencia.
- Y, en caso de carecer de los elementos suficientes, tanto operativos como técnicos o de capacitación, solicite el apoyo institucional correspondiente, en términos de lo previsto por el artículo 21 de la Constitución y demás normatividad aplicable.
Antes de su aprobación como urgente y obvia resolución, integrantes del PVEM expresaron su respaldo desde tribuna.
La diputada Jaqueline Jauregui Mendoza sostuvo que “el punto de acuerdo no es una ocurrencia ni una bandera partidista. Es un llamado urgente frente a una situación que lastima a miles de potosinas y potosinos”.
Recordó el asesinato de la empresaria Sandra Revilla Olavarrieta, ocurrido el pasado 10 de mayo.
“Cada día que dejamos pasar sin actuar puede significar otra familia rota, otro negocio enlutado, otra mujer asesinada”.
En el mismo sentido, el diputado Felipe Castro Barrón señaló que “no son rumores, no son percepciones exageradas. Son hechos concretos que han puesto en alerta a la ciudadanía y que no pueden seguir siendo atendidos bajo la lógica del trámite ordinario”.
Afirmó que si el Ayuntamiento de San Luis Potosí se ve rebasado, “no debe guardar silencio ni esconderse en justificaciones políticas. Tiene el deber de reconocerlo y solicitar el respaldo institucional que sea necesario”.
Ambos legisladores coincidieron en que el Congreso del Estado debe mandar un mensaje claro a la ciudadanía: que escucha, que no se queda callado y que actúa.
Aunque el exhorto fue aprobado por mayoría, la abstención de la bancada morenista y el voto en contra de los legisladores panistas reflejaron una postura dividida respecto a la estrategia legislativa para abordar la crisis de inseguridad en la capital.
