Fernanda Durán
Ante la petición de la Alianza Empresarial para que se suspenda la Ley Seca durante la jornada electoral extraordinaria del próximo 1 de junio, el diputado panista Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, aclaró que la medida tiene sustento legal y responde a criterios de seguridad y gobernabilidad, no a decisiones del Congreso del Estado o del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
“El artículo 300 de la LEGIPE (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) es muy claro, le da la atribución, según el marco legal de cada estado, para establecer la Ley Seca el día de la jornada y un día previo. Dice ‘podrá’, y yo creo que es sano aplicarla”, señaló el legislador.
Aunque reconoció el impacto económico que puede tener la medida para el sector restaurantero y de servicios, subrayó que la prioridad es garantizar condiciones de paz, participación ciudadana y orden público durante el proceso electoral.
“El Estado es el responsable de que se lleve la gobernabilidad de la elección, entonces tienes que poner una balanza porque al final lo más importante es que se lleve una elección donde salga la gente a participar, donde no exista ningún problema y se puedan publicar los resultados en tiempo y forma sin ningún problema de inseguridad o de gobernabilidad”, sostuvo.
Guajardo Barrera recordó que la Ley Seca se ha aplicado sistemáticamente cada tres años en San Luis Potosí durante jornadas electorales, por lo que no se trata de una novedad ni de una acción arbitraria.
“Yo creo que al final puede abonar a que, sobre todo lo más importante, el día previo y el día de la jornada electoral tengamos paz y mucha gobernabilidad”, reiteró.
En respuesta a los cuestionamientos sobre qué instancia tiene la facultad de definir la aplicación de la Ley Seca, el diputado puntualizó que específicamente le toca al Gobierno del Estado, ya que el Congreso no legisla sobre esto que se encuentra en la ley general, no en la ley local.
Por su parte, la presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López, dejó claro que el organismo no tiene facultades para suspender o modificar la aplicación de la Ley Seca, ya que esta disposición está establecida en la normativa federal.
Cuestionada sobre si podría haber una “tregua” o flexibilización de la norma, Blanco fue tajante:
“No, no hay manera. Nosotros como organismo autónomo no podemos, a través de un acuerdo, saltar o disponer algo distinto a lo que marca la ley”, afirmó.
La postura del legislador y del órgano electoral se da luego de que la Alianza Empresarial de San Luis Potosí solicitara al gobernador Ricardo Gallardo Cardona que no se aplique la Ley Seca con el argumento de que esta medida es innecesaria en una elección judicial y que afecta directamente al sector servicios, además de solicitar apoyos para capacitación y financiamiento para sus negocios.
