María Ruiz
San Luis Potosí enfrenta un entorno de inseguridad persistente que, pese a algunos avances en ciertos indicadores delictivos, aún afecta directamente los negocios y la competitividad del estado. Así lo señaló Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local, al analizar los más recientes datos oficiales en materia de seguridad.
El informe diario de robos vehiculares, difundido el 22 de mayo por Plataforma México, ubicó a la entidad en el noveno lugar nacional con 39 mil 640 vehículos robados, lo que representa el tres por ciento del total nacional (1,312,702 casos).
Si bien esta cifra es menor en comparación con entidades como el Estado de México (24.9%), Baja California (8.4%) y Jalisco (8.0%), todavía es significativa y preocupante para el sector empresarial local.
Además, el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común, con corte al 30 de abril de 2025, muestra que San Luis Potosí reportó 5 mil 227 delitos, equivalentes al 3.1 por ciento de la incidencia nacional.
La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes fue de 175.42, lo que supera ampliamente el promedio nacional de 127.58. Aunque la entidad registró una reducción interanual del 57.6 por ciento en incidencia delictiva, los niveles actuales son motivo de alarma.
Ante este panorama, Ortuño Díaz Infante lamentó que la percepción de inseguridad continúe siendo elevada y denunció la falta de una estrategia clara y coordinada por parte del Gobierno Federal.
“Las cifras pueden mostrar una baja, pero eso no se traduce en tranquilidad ni en condiciones propicias para la inversión. La falta de presencia policial en carreteras y municipios es notoria”, afirmó.
Según el líder empresarial, en muchos municipios potosinos la policía municipal apenas cumple funciones preventivas, y en algunos casos operan con solo dos cuerpos activos. Esta precariedad operativa, dijo, responde a la falta de respaldo institucional por parte de la Federación y ha derivado en un entorno inseguro que compromete la productividad.
“La inseguridad no solo desalienta nuevas inversiones, sino que incrementa los costos operativos de las empresas por seguridad privada, seguros y pérdidas por robos. Es un lastre directo a la economía local”, advirtió.
Para Coparmex, garantizar la seguridad pública es una condición indispensable para el crecimiento económico. Mientras no haya presencia efectiva del Estado en todo el territorio, difícilmente se podrán atraer inversiones sostenibles ni mejorar la calidad de vida de las y los potosinos.
La organización reiteró su llamado a las autoridades para implementar una estrategia de seguridad con enfoque territorial, dotar de recursos a las policías locales y coordinar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno.
