Alejandro Rubín de Celis
El régimen de propiedad ejidal y comunal está cambiando en los hechos, aún cuando faltan reformas legales y constitucionales para una transformación profunda. Regresamos, aunque muy lentamente, a un modelo más apegado a los ideales del Emiliano Zapata y menos al de un neoliberalismo rapaz que, sin el menor escrúpulo, ha incurrido en abusos y despojo de tierras en agravio de comuneros y ejidatarios a los que ha buscado dividir, y ha dañado irreparablemente ecosistemas vitales para los mexicanos desde hace más de 30 años, gracias a la reforma al artículo 27 constitucional impulsada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que permitió la apertura a la inversión privada en las tierras de propiedad social y en el sector agrario, bajo el argumento de hacerlos más productiva, algo que no sucedió.
En 1993 comenzó la depredación en San Luis Potosí con la compra de tierras comunales y ejidales a precios ridículos obtenidos mediante engaños por poderosos empresarios, aprovechándose de la precaria situación económica de sus propietarios y de su desconocimiento sobre el mercado de tierras y de los daños que causarían en materia ambiental, para después hacer negocios multimillonarios con la complicidad de autoridades, principalmente en materia minera e inmobiliaria.
Desde entonces y hasta la fecha el acaparamiento y acoso para la compra irregular de predios en ejidos y comunidades ha sido la constante. En unos casos han logrado su cometido; en otros, la resistencia y el cada vez mayor grado de conciencia de ejidatarios y comuneros, apoyados por grupos en defensa del territorio y del medio ambiente, han evitado el abuso y el despojo.
La lucha social y jurídica ha sido permanente, desde la compra irregular de tierras en La Garita de Jalisco a partir de 1993 mediante sociedades mercantiles inmobiliarias; después el Ejido San Juan de Guadalupe allá por 1998; a partir del año 2000 los casos de Terreros, Capulines, Escalerillas y La Pila; Laguna de San Vicente (2004); Sierra de San Miguelito (2009), Emiliano Zapata-Jesús María (2012), San Marcos (2014), Rodrigo y Suspiro Picacho (2016), entre otros. En unos casos, la apropiación ilegal de la tierra ha sido también para construir parques industriales, carreteras y proyectos extractivitas, como es ahora el caso del ejido Corcovada.
Después de la batalla librada en la Sierra de San Miguelito en años recientes, que como un triunfo de la comunidades y ejidos derivó en un decreto presidencial de Área Natural Protegida (ANP) sobre 111 mil hectáreas, y en la que no sólo se combatió un asunto de tierras sino al que se incorporó el componente del daño ambiental, con el importante acompañamiento de activistas y colectivos como Guardianes de la Sierra (conflicto que aún permanece debido a la obstinación de los depredadores inmobiliarios por construir complejos de lujo en esa zona, algunos de los cuales han quedado suspendidos, como el proyecto Cañadas), actualmente hay tres casos destacados de lucha por la defensa de la tierra y el ecosistema en San Luis Potosí: Corcovada, La Tapona y El Peyote.
Por tratarse de proyectos extractivistas altamente contaminantes, y el riesgo de que uno de ellos sea de carácter minero, y porque ha sido conocido y atendido directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el que ha acaparado la mayor atención es el caso de Corcovada, en el municipio de Villa Hidalgo, donde compañías ligadas al empresario Ricardo Salinas Pliego pretenden realizar proyectos, no sólo para fabricar materiales de construcción sino posiblemente para extraer oro, plata, titanio y mercurio. Pero los ejidatarios, con el apoyo de la presidencia de la República, de comunidades aledañas solidarias, y de un naciente movimiento de defensa de la tierra y el medio ambiente en esa localidad y sus alrededores, impidieron que la voracidad empresarial los despojara de sus tierras.
La asamblea celebrada el domingo 18 de mayo en Corcovada, en la que un grupo ejidatarios y abogados de las empresa pretendían aprobar una enajenación ilegal de 426 hectáreas de suelo, fue una muestra del grado de consciencia que han alcanzado, con el tiempo, ejidatarios, comuneros, sus familias y avecindados, sobre la posesión y protección de sus tierras y el cuidado del medio ambiente para tener una calidad de vida digna. Fueron admirables las expresiones de ejidatarios, antes, durante y después de la asamblea, convencidos de que vender sus predios significaría empeorar su situación económica, ser explotados como empleados por empresas que se llevarán la gran mayoría de las ganancias, y padecer enfermedades como consecuencia de la contaminación que generarían proyectos extractivos.
Una clara explicación por parte de autoridades federales en el sentido de que la asamblea que se realizaba carecía de validez porque es ilegal enajenar sus tierras en los términos que se planteaban en la convocatoria, y la lectura de un documento emitido por el área jurídica de la Procuraduría Agraria que no dejaba lugar a dudas sobre diversas violaciones a la ley, permitieron reforzar esa convicción, a tal grado de que hasta hubo quien, estando a favor de la venta, reclamó al presidente del comisariado no haberle informado de los riesgos que implicaba aprobar una enajenación.
“Por eso estamos aquí, siempre hemos luchado por no deshacernos del patrimonio del ejido, esto no se puede vender, está prohibido, [es] contra la ley (…). No tiene caso que nuestros antepasado lucharon, hubo muchas muertes por fraccionarles a los ricos, pa’ volvérselas a regresar a los ricos, no tiene caso”, dijo un ejidatario al salir de la asamblea. Otro de ellos, expresó: “Esto es por lo que luchó Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja y no de quien quiere destruirla, es el patrimonio que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos y nuevas generaciones”.
Casos como el de Corcovada al evitar el despojo, no son la regla sino la excepción en el país, como en su momento lo fue la declaratoria de Área Natural Protegida en la Sierra de San Miguelito, pero son signos, mínimos si se quiere, de que las cosas comienzan a cambiar. En ambos casos, la participación de activistas y colectivos que se han dedicado por años a la protección de la tierra y el medio ambiente, ha sido decisiva, en virtud de las importantes relaciones políticas que han logrado establecer con el Poder Ejecutivo Federal desde hace algunos años, a las que se añaden medios de comunicación independientes y periodistas como Julio Hernández López, que han tenido un papel protagónico en ambos casos.
Una señal de hacia dónde va el gobierno actual, fue la restitución de 820 hectáreas a comunidades de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, apenas el pasado 17 de mayo, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Una más se dio durante en un foro de consulta en materia agraria, celebrado en enero pasado en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en el cual participaron representantes de ejidos y comunidades y de agrupaciones defensoras de la tenencia de la tierra. Allí, el titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suarez Carrera, fue enfático al señalar que quedaron atrás las políticas neoliberales que favorecieron el despojo, acaparamiento y depredación de las tierras de propiedad social, y anunció que habrá una nueva política agraria que considerará a ejidos y comunidades como actores prioritarios del desarrollo nacional y sujetos de derecho público.
Con estas señales y una cantidad importante de proyectos agrarios y ecológicos del gobierno federal ¿se podría pensar en una nueva reforma agraria y ambiental en el mediano plazo? La pregunta es si es conveniente y factible revertir la reforma del 1992 al artículo 27 constitucional y a otros ordenamientos relacionados con el derecho a un medio ambiente sano, a fin de recuperar para ejidatarios y comuneros los derechos perdidos y diseñar estrategias y programas gubernamentales para, ahora sí, que sus tierras les reporten beneficios a ellos. Después de todo, la reforma salinista ha dejado bien claro que solo benefició a grandes empresarios, sin la más mínima empatía e interés por una mayor justicia social.
Puede sonar a utopía, pero con la conjugación de una mayor unidad de los integrantes de de los núcleos agrarios, la asesoría y el acompañamiento de colectivos dedicados a la defensa de la tierra y el medio ambiente, un decidido y continuo apoyo del gobierno federal, y un mayor respaldo de la sociedad civil (que hasta ahora no ha sido suficiente), parece factible modificar la Constitución y las leyes correspondientes para un mejor futuro a favor de estos sectores vulnerables. El proceso puede durar años, lustros, pero está claro que ese el camino correcto para conseguir una mayor justicia social en los ejidos y comunidades del país.
Por supuesto, siempre habrá obstáculos, empezando por la desmedida ambición de empresarios sin escrúpulos, y por funcionarios que vienen de gobiernos neoliberales y que siguen enquistados en la estructura federal en puestos con capacidad de decisión. También gobernadores y alcaldes que, por intereses particulares, apoyan los proyectos depredadores de grandes empresarios. A ellos habrá que combatirlos con todas las armas jurídicas y políticas al alcance, y con esa valiosa herramienta de la sociedad que es la resistencia civil pacífica.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Periodista desde hace 38 años. Fue coordinador de Noticias de Canal 7 de televisión en SLP y director de la revista Transición en sus versiones impresa y electrónica. Docente universitario durante 31 años. Ha impartido materias de periodismo, ética de la comunicación y opinión pública.
