Fernanda Durán
El primer informe trimestral 2025 de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) carece de varios elementos que al menos sí estaban presentes en el informe correspondiente al mismo periodo de 2024, lo que representa un retroceso en términos de rendición de cuentas y detalle técnico.
Uno de los puntos que llama la atención es la ausencia de información sobre la representación institucional. A diferencia de 2024, cuando se presentó un desglose detallado de la agenda de las y los comisionados, incluyendo reuniones con organismos públicos, eventos de capacitación y foros nacionales, en el documento de 2025 no se incluye ninguna referencia a este tipo de actividades.
Mientras que el informe del primer trimestre de 2024 contenía más de 60 páginas de contenido, el correspondiente a 2025 apenas alcanza 17, incluyendo anexos, lo que evidencia una reducción considerable en el nivel de documentación institucional.
Además, aunque el nuevo informe reporta que se recibieron 2 mil 246 solicitudes de información durante el primer trimestre, no incluye un desglose por tipo de sujeto obligado, como el Poder Ejecutivo, Legislativo o los ayuntamientos, información que sí se ofrecía de forma clara y desglosada en 2024.
En el tema de los recursos de revisión, si bien el informe de 2025 registra un incremento notable con 779 casos atendidos, el nivel de detalle es inferior, en 2024 recibieron 498. En ese año, el informe incluía datos por ponencia y clasificaba las resoluciones —confirmados, modificados, sobreseídos, etc.—, lo cual permitía un análisis más completo del comportamiento de los sujetos obligados. En cambio, en el documento más reciente, esa desagregación es parcial o confusa.
También se identifica una menor profundidad en los apartados de medidas de apremio y protección de datos personales. Aunque ambos temas son mencionados en el informe 2025, no se presentan con la misma claridad ni con el desglose de acciones, sujetos sancionados o avances sustantivos como ocurrió en el ejercicio anterior.
Por otra parte, en el informe de 2024 se documentó el uso de herramientas tecnológicas como inteligencia artificial para verificar el cumplimiento de obligaciones de transparencia, mientras que el de 2025 omite cualquier mención sobre innovación tecnológica en los procesos internos. Aunque el comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso, ha informado que aún se utilizan estas herramientas.
Incluso la sección relativa al Órgano Interno de Control se presenta de forma superficial, lo mismo ocurrió con el reporte sobre recursos humanos y financieros, y la autoevaluación de transparencia institucional, que fue aún más superficial en comparación con el reporte del mismo período pero de 2024.
Aunque el informe 2025 introduce un discurso institucional sobre el contexto nacional, particularmente en torno a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), este enfoque narrativo no sustituye la profundidad técnica que caracteriza a un ejercicio robusto de rendición de cuentas. Además, se omite cualquier referencia a colaboración interinstitucional o actividades con otros órganos garantes que sí figuraban en 2024.
Las deficiencias sugieren una posible pérdida de consistencia técnica en el primer informe trimestral 2025 de la CEGAIP, lo que contrasta con la narrativa institucional de continuidad y fortalecimiento del derecho a la información en San Luis Potosí.
