Fernanda Durán
Tras la controversia generada por el ingreso de maquinaria pesada a un área verde de la colonia El Sauzalito, el diputado local Luis Felipe Castro Barrón rechazó haber intentado imponer algún proyecto del Gobierno del Estado.
Aseguró que su participación se limitó a gestionar un acercamiento entre vecinos y autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) a petición de habitantes que no sabían quién realizaba las obras.
“El motivo de mi presencia fue porque vecinos me buscaron para saber quién estaba haciendo esa obra”.
Mencionó que, tras investigar, se le informó que se trataba de un proyecto estatal y organizó una reunión con personal de Seduvop. Sin embargo, no se pudo presentar el proyecto porque “los vecinos inconformes ni siquiera quisieron verlo”.
Sobre el contenido de la obra, indicó que alcanzó a revisar un anteproyecto que incluía un parque lineal, pero los detalles técnicos los deben explicar directamente los encargados de la dependencia estatal.
En cuanto a la denuncia del alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien acusó al Gobierno del Estado de destruir una zona reforestada con más de 100 árboles, el legislador respondió que ni Seduvop ni los vecinos le informaron sobre la existencia de dichos árboles.
“A mí nunca me mencionaron que hubiera árboles plantados recientemente, ni vi evidencia de eso en el recorrido”, aseguró.
Castro Barrón atribuyó parte del conflicto a divisiones internas en la junta de participación ciudadana, más allá de una oposición vecinal generalizada, y lo que ocurrió fue una pugna entre la administración anterior de la junta de mejoras y la nueva dirigencia, lo que derivó en posiciones encontradas entre quienes estaban a favor y en contra del proyecto.
Respecto a los señalamientos de vecinos sobre presuntas amenazas para retirar apoyos sociales si no respaldaban el proyecto, Castro Barrón expresó que debe verificarse la veracidad de los hechos.
“Si se está haciendo, que se sancione como corresponde, porque eso no puede suceder”.
Reiteró que su papel fue únicamente el de gestor de la reunión y que permanecerá atento al desarrollo del caso, y que incluso los vecinos le habían solicitado desde 2021 una unidad deportiva, sin obtener respuesta del Ayuntamiento.
“Ahora resulta que después de esta reunión ya la iban a hacer, cuando en cuatro años no hicieron nada”.
Finalmente, insistió en que el terreno es propiedad del Gobierno del Estado, según le fue informado por las autoridades, por lo que en dado caso tendrían derecho a realizar obras en el predio.
