Desiree Madrid y María Ruíz
“Alcen la voz, compañeros… Voz por mí mañana por ustedes”, fueron las palabras con las que Jesús Alfonso Rosales Vázquez, trabajador con 27 años de servicio en el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), se despidió públicamente antes de morir.
Su testimonio, grabado en un mensaje conmovedor, hoy resuena como un grito de justicia ante un caso alarmante de negligencia institucional.
Jesús Alfonso, de 56 años, fue oficial de mantenimiento en la secundaria Joaquín Antonio Peñalosa en Santa María del Río, Sección 52 del SEER con 13 años de servicio activo y el resto bajo incapacidades parciales.
María Rosales García y Dulce María Rosales García, hijas del fallecido, ofrecieron una conferencia de prensa en la que relataron el proceso doloroso y frustrante por el que atravesó su familia desde el año pasado, cuando el sistema institucional comenzó a desmoronarse para su padre.
Su crisis comenzó a escalar cuando, en octubre de 2024, la Oficialía Mayor lo dio de baja del sistema de salud y suspendió su salario bajo el argumento de que había sobrepasado el límite de incapacidades otorgadas por el IMSS. Pese a tener un dictamen válido hasta enero de 2026, no se le reconocieron sus derechos laborales, dejándolo sin seguridad social ni ingresos económicos.
Tras ser dado de baja, su salud comenzó a deteriorarse aceleradamente. Sufría de diabetes, hipertensión, problemas de próstata y una médula ósea pinzada. Al no contar con servicio médico, la familia tuvo que costear todos los insumos, medicamentos y traslados.
El 21 de noviembre de 2024 fue ingresado a la clínica del IMSS en la colonia Zapata, donde según testimonio médico, contrajo una bacteria nosocomial que nunca fue tratada adecuadamente. A pesar de su estado grave, al no tener seguro, fue egresado con apenas una sonda y sin acceso a medicamentos o tratamiento.
“Estaba en cama, con úlceras por presión, sin insumos, sin medicamentos, sin salario… y sin el apoyo del Estado”, relató su hija.
Para diciembre, su condición empeoró. Nuevamente ingresado sin ser dado de alta formalmente en el sistema, fue atendido sólo con suero y antiinflamatorios, sin abordaje integral a sus enfermedades.
La familia presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que logró una intervención parcial: el alta al seguro fue reactivada el 2 de febrero de 2025, pero para ese momento, su salud ya era irrecuperable.
En múltiples ocasiones, Dulce y María Rosales pidieron la reactivación de su salario, el acceso a un médico a domicilio por parte del IMSS y la atención médica de urgencia, sin obtener respuestas claras ni soluciones.
Cuando intentaron ingresarlo a la clínica del IMSS Zapata por última vez, les fue negado el acceso, porque no estaba registrado en el sistema, a pesar de los dictámenes vigentes y la gravedad de su estado.
El señor Jesús Alfonso falleció tras una operación de emergencia en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez. La causa de muerte: sepsis generalizada, relacionada con la bacteria adquirida meses antes y nunca tratada por el IMSS.
Su muerte ocurrió en total abandono institucional, sin salario, sin medicamentos ni atención médica adecuada, y sin pensión.
“Contra uno o dos sufrimientos podrán, desde ya más de cinco, no creo que pueda … Gracias por el apoyo y esmero…”, expresó en su mensaje final. Sabía que su lucha era desproporcionada y el tiempo en su contra.
Dulce María Rosales García, una de sus hijas, afirmó sobre el caso:
“Mi papá tenía un dictamen médico por incapacidades parciales renovadas cada dos años. Sin embargo, Oficialía Mayor se negó a tramitarle una pensión definitiva y en septiembre de 2024 lo dieron de baja del seguro”, denunció.
El certificado de defunción confirma lo que su familia ya sabía: las instituciones no actuaron a tiempo, pese a conocer la presencia de una bacteria desde meses antes.
“Cruelmente, era una persona muy activa. Murió de 56 años. No se me hace justo.”
Los señalamientos recaen directamente sobre la Oficialía Mayor, el IMSS y el SEER. A pesar de múltiples solicitudes, le negaron el acceso al programa de atención domiciliaria ADEC, necesario en su estado avanzado.
“Apenas el día de ayer, después de muerto, nos enteramos que se iba a revisar su caso en una junta para ver si procedía su pensión. Se me hizo una falta de respeto”, denunció Dulce.
Actualmente, la familia exige respuestas. Más allá de las pensiones o pagos atrasados, lo que buscan es que se visibilicen los vacíos del sistema que condenaron a Jesús Alfonso Rosales Vázquez a una muerte dolorosa, innecesaria y solitaria.
Además de la búsqueda denjusticia, sus hijas piden una revisión profunda del funcionamiento de la Oficialía Mayor, el SEER y el IMSS, para que ningún otro trabajador o familia tenga que vivir el mismo calvario.
Han solicitado asesoría legal y planean emprender acciones por la vía judicial y civil.
“No puede quedar en el olvido. Mi papá murió pidiendo ayuda; nadie le escuchó. Ahora nosotros alzamos la voz por el”.
“Vea uno que no hizo eco”, decía en su último mensaje Jesús Alfonso con ironía amarga, pero también con la esperanza de que su voz no quedara en el silencio. Hoy, sus hijas la amplifican para que esta historia no se repita.
