María Ruíz
Durante el primer trimestre de este año, los sujetos obligados del estado de San Luis Potosí recibieron más de 2 mil solicitudes de información, de acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). Entre las instituciones que más peticiones acumularon se encuentran la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el de Ciudad Valles.
En este contexto, el alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que su administración se distingue por ser “altamente transparente”.
Afirmó que se responde sin titubeos a todas las solicitudes de información ciudadana, incluso cuando estas van desde temas personales como su estado civil o el costo de un viaje a Atlanta, hasta temas administrativos como su sueldo o los contratos de su gobierno.
“No tengo un solo contrato protegido por la ley de transparencia”, dijo Galindo.
Subrayó que incluso en los casos polémicos como el contrato de renta de patrullas, la información siempre estuvo disponible, además de defender la publicación de convenios con medios de comunicación como un ejercicio legítimo, legal y necesario para dar a conocer las acciones del gobierno municipal.
No obstante, esta postura de total apertura contrasta con lo registrado en la Plataforma Estatal de Transparencia, donde el Ayuntamiento capitalino aparece con varios acuerdos de reserva vigentes relacionados con el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Todos los acuerdos enlistados en el Índice de Información Reservada corresponden a la dependencia y fueron clasificados durante los años 2023 y 2024, es decir, a lo largo de la administración pasada donde Galindo Ceballos también fungió como edil, y parte del inicio de esta, cuando fue reelecto al cargo.
Cada uno de estos acuerdos contiene información específica sobre la cantidad de elementos de seguridad y su distribución, que ha sido reservada con base en los artículos 110, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Durante 2023, se emitieron acuerdos como los identificados con los números de acta C.T.-A.R. 432-IR-015/2023 y C.T.-A.R. 431-015/2023, que, además del estado de fuerza, comprenden otros temas clasificados como reservados.
Entre ellos se encuentra la información sobre cuántos policías han reprobado los exámenes de control y confianza; la cantidad de policías que están capacitados y certificados para portar arma de fuego; y la cantidad total de patrullas con las que cuenta la SSPC, incluyendo sus características, equipo de seguridad instalado, números económicos asignados, así como altas y bajas de las unidades.
También está reservado el número y nombres de policías en activo asignados a brindar seguridad a funcionarios municipales, junto con los nombres de los funcionarios beneficiados con este servicio.
Asimismo, se ha restringido el acceso a los datos sobre el total del personal operativo y administrativo, incluyendo contrataciones, rangos de edad, horarios laborales y expedientes laborales de los elementos de la corporación.
En 2024, continuó esta política de reserva con nuevos acuerdos identificados como R.08/2024, R.09/2024 y R.10/2024, que también clasifican como confidencial la información relacionada con el estado de fuerza y la operatividad interna de la SSPC.
Estos acuerdos protegen, entre otras cosas, toda la información contenida en documentos pertenecientes a la Dirección General de Gerencia y Desarrollo Policial, la Guardia Municipal y la Dirección General de Policía Vial y Movilidad.
También incluyen la totalidad del contenido de expedientes generados por la Subdirección de Inspección General y Asuntos Internos, la Comisión de Honor y Justicia, y la oficina de Control y Confianza.
Igualmente, está clasificada la información sobre el equipo y accesorios de trabajo asignado a los oficiales —su cantidad, características, utilidad y funcionalidad—, así como los expedientes de adquisición de bienes y servicios, registros de audio y video del Centro de Comunicación, Control y Comando (C4); y finalmente, el número y nombres de policías en activo, el equipo que se les ha asignado (carros, motocicletas radiopatrullas) y su participación en los planes operativos desde el inicio de la presente administración.
Estos datos se encuentran formalmente clasificados bajo el apartado correspondiente al artículo 84, fracción LIII, inciso A del municipio de San Luis Potosí, el cual contiene información que puede ser de utilidad o relevancia para el público y que, basada en estadísticas, responde a las preguntas más frecuentes de la ciudadanía.
Sin embargo, a pesar de estar legalmente sustentadas, estas reservas contrastan con la narrativa de transparencia total sostenida por el alcalde, ya que evidencian la existencia de información resguardada en áreas clave de la administración municipal.
