Fernanda Durán
Después de más de cuatro meses desde su presentación, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó este martes un exhorto dirigido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social para que se revisen las condiciones del Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol, ubicado en el municipio de Tancanhuitz.
El dictamen, avalado con 22 votos a favor y una abstención —de la diputada Dulcelina Sánchez Delira, del Partido Verde Ecologista—, fue impulsado por la legisladora Gabriela López Torres, quien expuso las dificultades que enfrentan las mujeres privadas de su libertad en dicho centro, particularmente por la lejanía respecto a sus familias y las deficiencias en servicios de salud, higiene, infraestructura y condiciones administrativas.
“El derecho a la proximidad familiar está garantizado en la Constitución. No puede ser ignorado bajo el argumento de operatividad institucional”, señaló la diputada desde su propuesta al reconocer que algunos traslados se han revertido judicialmente, lo que evidencia la necesidad de una revisión profunda.
En su versión final, el exhorto quedó redactado en los siguientes términos:
“La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, y de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí, para que se lleve a cabo la revisión de las condiciones en las que opera el Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol, en el municipio de Tancanhuitz de Santos, y en su caso implementen las acciones preventivas y correctivas a que haya lugar”.
El dictamen reconoce dos problemáticas estructurales expuestas por la promovente, la diputada Gabriela López Torres: la lejanía geográfica del penal de Xolol, a más de 300 kilómetros de donde residen la mayoría de las familias de las internas, lo que dificulta las visitas y obstaculiza sus procesos legales, particularmente para quienes aún no han sido sentenciadas; además de las condiciones precarias dentro del penal, como deficiencias en atención médica, problemas de higiene e infraestructura, y carencias administrativas, lo que pone en entredicho la garantía de una estancia digna y los principios de reinserción social.
Asimismo, el documento recuerda que el artículo 18 de la Constitución establece que las personas sentenciadas deben cumplir su condena en centros penitenciarios cercanos a su lugar de residencia, salvo en casos de delincuencia organizada, lo cual no aplica en la mayoría de los casos que motivaron este punto de acuerdo.
Posicionamiento de la diputada Gabriela López
Durante la discusión en tribuna, Gabriela López Torres criticó la demora en el proceso legislativo del dictamen, pese a que fue aprobado desde hace meses en la Comisión de Igualdad de Género.
“La justicia demasiado tardía es una justicia delegada”, subrayó, al recordar que el exhorto fue presentado tras escuchar los testimonios de mujeres que fueron alejadas injustificadamente de sus familias.
“Este punto de acuerdo no fue en contra de nadie, lo digo en esta tribuna y lo resalto, porque no era mi intención ofender a ninguna institución, sino que en conjunto se trabajara para el bienestar de estas personas”, afirmó.
En su intervención, también aludió a las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres en prisión y cuestionó la visión punitivista del sistema penitenciario.
“El sistema penitenciario no debe ser el destino inmediato de los problemas que el Estado no quiso resolver por otras vías. Y cuando digo Estado no me refiero únicamente al Estado de San Luis Potosí, no es mi intención ofender a nadie, insisto. Cuando digo el Estado me refiero a las verdades históricas que se han vivido durante muchos años e incluso sexenios”.
