Fernanda Durán
La Comisión de Salud del Congreso del Estado decidió desechar la iniciativa de reforma para establecer el consentimiento tácito en la donación de órganos, debido a que presenta contradicciones normativas, falta de viabilidad operativa y consideraciones de derechos humanos.
La propuesta buscaba que todas las personas sean consideradas donantes de órganos al fallecer, salvo que hubieran manifestado expresamente su negativa en vida. No obstante, la iniciativa también incluía una cláusula para tomar en cuenta la decisión de los familiares que, según legisladores, contradice el principio de “donación tácita” y genera ambigüedad jurídica.
La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud, reconoció que la propuesta es “muy importante” y responde a una demanda creciente de trasplantes en el estado.
De acuerdo con datos presentados por un asesor de la comisión, existen más de 180 solicitudes de trasplante renal y cerca de 80 de córneas. Sin embargo, Azuara llamó a la ciudadanía a fomentar una cultura de donación voluntaria:
“Hago este llamado para que de manera voluntaria, de manera solidaria, nos presentemos a poner nosotros ante notario, ante el centro estatal, que nosotros al momento de nuestro fallecimiento sí queremos ser donadores y podemos especificar de córneas, de riñón, de hígado, de pulmón”.
En cuanto a la iniciativa, la diputada explicó que genera inconsistencias internas, ya que “si tú no manifiestas por escrito que no quieres ser donante, al fallecer se aplicaría que sí lo eres. Pero si se toma en cuenta la opinión de los familiares, entonces ya no está tácita”.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Centro Estatal de Trasplantes emitieron observaciones al respecto.
La CEDH señaló que la propuesta podría ser violatoria de derechos humanos, al no respetar la autonomía plena del individuo y dejar la decisión en manos de terceros tras la muerte. También se mencionó que la iniciativa invade atribuciones federales, al contravenir la Ley General de Salud.
Por su parte, el asesor técnico de la comisión puntualizó que los costos asociados a los trasplantes son elevados:
“Este gasto en medicamentos e insumos llega a representar entre 500 mil y un millón 200 mil pesos anuales por paciente trasplantado”, advirtió, además de que los trasplantes más demandados en el estado son de riñón y córnea, y actualmente hay 121 personas en tratamiento activo.
En el análisis de la comisión, mencionaron que existen carencias estructurales, como la falta de infraestructura hospitalaria adecuada y un banco estatal de órganos, elementos necesarios si se pretende implementar una política de donación tácita.
Aunque el dictamen fue rechazado por unanimidad, las y los legisladores coincidieron en que el tema no debe quedar fuera de la agenda.
“Se trata de uno de los actos más nobles de la condición humana”, señaló el diputado Marco Gama Basarte, quien reconoció que el proyecto está inspirado en la Ley Justina, modelo aplicado en otros países.
Dicha ley establece que todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes de órganos a menos que expresen lo contrario, eliminando la necesidad de consentimiento familiar para la donación después del fallecimiento
Por su parte, Azuara Yarzábal afirmó que es importante para San Luis Potosí que se genere la cultura de donación de órganos sin que sea un esquema obligatorio ni que violente los derechos humanos.
Las y los diputados expresaron disposición para reformular la iniciativa en un futuro, con una redacción más clara y compatible con la legislación vigente y las recomendaciones de los organismos especializados.
