Fernanda Durán
Ante el aumento de casos de crueldad animal en San Luis Potosí y la insuficiencia de sanciones para castigar estos delitos, colectivos y asociaciones animalistas presentaron este lunes una iniciativa ciudadana ante el Congreso del Estado para reformar los artículos 110 y 317 del Código Penal.
La propuesta contempla endurecer las penas por maltrato animal, establecer agravantes y declarar como imprescriptibles los delitos que impliquen muerte, sadismo o zoofilia.
Durante la entrega formal del documento, los representantes destacaron que la iniciativa busca armonizar la legislación estatal con el artículo 4° constitucional —que prohíbe explícitamente el maltrato animal— y con criterios jurisprudenciales recientes.
“Estamos solicitando el aumento de las sanciones y de las penas, porque las actuales leyes no dan para más. No hay castigos severos a los maltratadores y solamente pueden salir mediante una salida alterna, pagando cantidades irrisorias”, señaló Karla García, de la asociación Huella Amiga.
La reforma propuesta contempla aumentos en las penas, pues actualmente es de tres a cinco años y pretenden que sea de cuatro a ocho años de prisión.
Para lesiones mínimas: de cinco a 24 meses de prisión y sanción pecuniaria de 30 a 200 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); a lesiones con menoscabo físico permanente de 12 a 48 meses de prisión y sanción pecuniaria de 200 a 600 días del valor de la UMA; cuando el maltrato produzca la muerte de 48 meses a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de 300 a mil días del valor de la UMA; y cuando el maltrato consista en actos sádicos o zoofílicos, o de exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física: de 48 meses a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de 400 a 800 días del valor de la UMA
En estos escenarios, además se plantea que los delitos no prescriban, es decir, que puedan ser sancionados sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde su comisión.
También se plantean agravantes que duplicarían las penas si el delito ocurre en presencia de menores, es cometido por servidores públicos —quienes serían inhabilitados por cinco años—, o si se difunde en redes sociales, además de que pretenden que se mantengan en prisión preventiva.
“Estas personas son un riesgo para la sociedad. No es lógico que sigan libres, exponiéndonos tanto a los animales como a toda la sociedad”, afirmaron los promoventes.
Los colectivos recordaron que casos recientes como los de Hope, Tyson y Arenita, han exhibido las limitaciones del marco legal vigente. De ellos, sólo uno ha logrado avanzar sin suspensión del proceso.
“La mayoría de las denuncias quedan archivadas. Sólo con presión social se han logrado detenciones. Si no hay escándalo, no pasa nada”, agregaron.
Además de endurecer penas, los promoventes alertaron sobre la necesidad de políticas públicas efectivas para contener el problema de la sobrepoblación animal, principal causa del abandono y maltrato.
Indicaron que actualmente se necesitan al menos 50 mil esterilizaciones anuales para comenzar a reducir el número de animales en situación de calle. Sin embargo, el presupuesto estatal destinado a este fin ha caído de 7 millones de pesos en 2015 a poco más de 2 millones en 2024.
Como parte de las acciones para respaldar la iniciativa, las organizaciones anunciaron una campaña de recolección de firmas en veterinarias y tiendas de accesorios, así como actividades informativas y de cabildeo con legisladores.
“No venimos a pedir algo ocurrente, sino a exigir la armonización de la ley con la Constitución. La sociedad potosina lo demanda”, expresó Lizbeth Muñoz, de la Asociación por la Dignidad Animal.
Los activistas señalaron que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirman la dimensión del problema, ya que siete de cada 10 animales de compañía sufren maltrato en México, país que ocupa el primer lugar en este tipo de violencia en América Latina.
A nivel local, el Ayuntamiento de San Luis Potosí reportó en abril un promedio de 10 denuncias diarias por maltrato animal, muchas de ellas por abandono, hacinamiento o negligencia.
La propuesta legislativa también reconoce que el maltrato animal puede ser un indicador de violencia intrafamiliar.
“Parte de la iniciativa contempla esos antecedentes donde se ha descubierto que es una constante el hecho de que en los lugares en donde hay animales maltratados también existe violencia familiar. Son datos bastante duros porque es un indicador cuando se encuentra un animal maltratado, también la familia es violentada”, subrayaron los colectivos.
La iniciativa es respaldada por las asociaciones Huella Amiga, Potosina por la Dignidad Animal, Dogs Lovers SLP, Perros Extraviados en Situación Crítica, Praxis Combativa, El Sabueso de Platón y activistas independientes. Su objetivo es lograr penas proporcionales, justicia efectiva y prevenir la escalada de violencia que, como han advertido organismos internacionales, puede derivar en delitos aún más graves.
