Estela Ambriz Delgado
Representantes de diferentes colectivos y organizaciones sostuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para pedir la liberación del activista defensor de los derechos de los pueblos indígenas, y hoy preso político, Miguel Ángel Guzmán Michel, quien fue detenido en días pasados, posiblemente por su participación en la defensa de la comunidad xi’úi de La Palma, quienes han sido acosados debido al descubrimiento de una veta de oro en sus tierras.
Desde el pasado 20 de abril el Movimiento de Liberación Nacional Nuevo País (MLN-NP) denunció que por orden de la Fiscalía General de la República (FGR) fue detenido el catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien es además representante del pueblo xi’úi de la comunidad La Palma, municipio de Tamasopo, y otros pueblos pame y tének.
Destacan que la detención se dio poco antes de que, como parte de su trabajo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), presentaría en próximos días una demanda legal contra Alfonso Cepeda Salas, secretario general del mismo, por violaciones a la ley al usurpar funciones.
El movimiento denunció que la FGR, y los gobiernos estatal y federal, pasaron del acoso sistemático en contra del activista a su detención o secuestro, pues coincide también con que el comandante encargado de la seguridad comunitaria de La Palma ha sido amenazado de muerte “por parte de un grupo de pistoleros al servicio del gobierno estatal que se han presentado como ejidatarios”.
Lo anterior luego de que se descubriera una veta de oro en la propiedad comunal xi’úi que es de 34 mil hectáreas, y se diera el intento de amedrentarlos para que no defiendan su territorio, por lo que MNL-NP ha exigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la liberación de Guzmán Michel.
Con la misma finalidad, el pasado 23 de junio los profesores Rafael Cervantes y Francisco Ortiz, integrantes de MNL-NP de Zacatecas; Israel Villa de Jesús, del magisterio democrático en el estado; la activista Sofía Rodríguez, del colectivo Hijas e Hijos de Migrantes Mexicanos en Estados Unidos; y Víctor García Mata, del colectivo Laboratorio Político Estratégico Raúl Ramos Zavala, se reunieron con el delegado de la Secretaría de Gobernación, Rafael Torrescano.
En la reunión cuestionaron al funcionario sobre el clima de persecución en contra de los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, y en este caso los delitos de terrorismo y crimen organizado que se le imputan al catedrático, en tanto que las actividades políticas del activista siempre han sido públicas y respaldadas por su comunidad.
También de manera urgente pidieron atender los problemas de salud de Guzmán Michel, en tanto que ha presentado problemas del corazón tras una intervención quirúrgica, por lo que exigieron revisar si el penal tiene las condiciones médicas para su atención.
Posteriormente, la reunión se trasladó a las oficinas de la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí, donde fueron atendidos por el delegado Rafael Marín Álvarez, quien negó la actuación de esa delegación en la detención del activista y que ninguno de sus agentes participó, además de desconocer los motivos y la entidad que realizó la aprehensión.
