María Ruiz
Raquel Charqueño, abogada especializada en derechos humanos e integrante de la organización Perteneces A.C., denunció la persistente crisis en el sistema penitenciario de San Luis Potosí ante las múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que van desde el hacinamiento hasta el abandono en el tratamiento de adicciones.
Esto luego de que los informes mensuales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) han mostrado una constante presentación de quejas contra los centros penitenciarios del estado. A esto se suma un alarmante fenómeno en donde personas que ingresan a prisión sin problemas de consumo de sustancias, salen con adicciones no atendidas.
“Esto también es reflejo de la vulneración de sus derechos humanos. No existe un sistema de salud penitenciario amplio ni digno que pueda tratar esta crisis, ni se controla el tráfico de sustancias dentro de los penales”, explicó.
Charqueño señaló que el problema se agrava por la falta de vigilancia independiente en el interior de las prisiones.
“Los derechos humanos están en las prisiones, pero quedan ocultos, al margen de la observación ciudadana. Solo el Estado tiene acceso y, por mucho tiempo, no hubo pronunciamiento alguno de la Comisión. Apenas recientemente se emitió uno, lo cual demuestra la gravedad de la situación”.
A pesar de que organizaciones han documentado violaciones de forma constante, la falta de acción por parte de las autoridades ha dificultado un cambio estructural en el sistema penitenciario.
“Es necesario que se pronuncien quienes tienen la responsabilidad legal de garantizar los derechos”, remarcó.
La abogada mencionó que los problemas empiezan desde el proceso judicial pues muchos reclusos no cuentan con una defensa adecuada, lo que contribuye a sentencias desproporcionadas y procesos viciados.
También denunció el reciente retorno forzado de 19 mujeres privadas de la libertad a centros de San Luis Potosí sin un proceso claro ni condiciones dignas. A esto se suma el hacinamiento, que ha sido reportado tanto por la CEDH como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Desde el momento del procedimiento penal debe haber una defensa integral, y eso no ocurre. Perteneces A.C. existe justamente porque esa defensoría no está garantizada por el Estado”, afirmó.
Adicciones: una crisis de salud pública dentro de las cárceles
Uno de los aspectos más preocupantes es el surgimiento de adicciones dentro de los penales. De acuerdo con testimonios recabados por Perteneces, muchas personas, en particular mujeres, ingresan sin antecedentes de consumo de sustancias y salen con una adicción activa.
“Hay una combinación de factores: la falta de atención psicológica, la ausencia de tratamientos especializados y el tráfico de sustancias. Además, no hay programas internos sólidos para tratar el consumo. La salud mental y emocional se encuentra completamente desatendida”, explicó Charqueño.
Perteneces A.C. ha intentado cubrir esa carencia mediante atención psicológica y psiquiátrica, pero reconocen que no es suficiente sin un sistema penitenciario estructurado que aborde el problema como lo que es: una crisis de salud pública.
Charqueño también alertó sobre el impacto en las familias de las personas privadas de libertad.
“El consumo dentro de prisión no solo genera un daño directo en la persona, sino que implica gastos económicos y un deterioro emocional en sus redes familiares”, dijo.
La organización ha identificado que muchas familias enfrentan dificultades económicas adicionales debido a que sus familiares encarcelados dejan de trabajar incluso dentro del penal por problemas relacionados con las adicciones. Además, deben cubrir el costo de medicamentos, traslados y visitas, sin apoyo institucional.
La abogada concluyó con un llamado a las autoridades estatales y federales a reconocer que lo que ocurre en los centros penitenciarios de San Luis Potosí es una violación sistemática y estructural de derechos humanos.
“Mientras no haya políticas públicas claras, vigilancia efectiva, acceso a salud y defensa jurídica adecuada, las prisiones seguirán siendo espacios donde los derechos humanos no solo se vulneran, sino que se destruyen”.
