Estela Ambriz Delgado
El activista Rodolfo Bautista García, integrante de la comisión política de Movimiento de Liberación Nacional Nuevo País (MLN-NP), consideró que la detención del catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Miguel Ángel Guzmán Michel, se trata de una persecución política y un proceso de criminalización de la protesta social, pues no se tienen elementos probatorios de la comisión de algún delito.
Señaló que dado el contexto del trabajo político que Guzmán Michel realizaba, como representante legal del pueblo xi’úi de la comunidad La Palma, municipio de Tamasopo, así como en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues presentaría en próximos días una demanda legal contra del secretario general Alfonso Cepeda Salas por usurpar funciones, consideran es preso político.
Explicó que fue detenido de una forma que a su entender es una provocación política y una forma represiva, dado que esto sucedió el viernes 20 de junio, aplicando lo que se conoce como “sabadazo”, pues se tenían 72 horas para poder presentar pruebas, pero no hubo realmente margen dado que en fin de semana no trabajan los juzgados y no fue posible contar con los elementos para evitar la aprehensión y demostrar que no hay ninguna situación que sea violatoria de la ley.
Bautista García apuntó que de acuerdo a la carpeta de investigación, esta averiguación previa está arrastrándose desde 2007, casi 18 años de haber sido presentada. Es hasta este momento, donde el catedrático es participe de varias acciones políticas en diferentes niveles donde se le activa la orden de aprehensión, siendo que anteriormente en ningún momento se le notificó al respecto.
“Eso de entrada ya es un problema que nos parece más político que legal, pero además dentro de la carpeta de investigación lo que observamos es que no hay ningún elemento probatorio de la acusación que se le hace, salvo la declaración de un testigo protegido sobre la acción.
Nos parece realmente grave la forma en que ha sido manejada esta acusación y sobre todo la forma en que fue aprendido, llevado al Cereso de Perote, Veracruz”.
Además, hizo mención de que hace algunos meses cuando tuvo una conversación con agentes de la FGR, abiertamente se le dijo que no había ninguna averiguación previa, pero cuando se liberaron los archivos por parte del gobierno federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Guzmán Michel aparecía fichado por el ejército como un disidente político.
“Son algunos de los elementos que tenemos para afirmar que se trata de una persecución político y un proceso de criminalización de la protesta social, más que se tengan elementos probatorios de la comisión de algún delito.
Desconcierta que sea en un momento donde el gobierno dice que no hay persecución política, mecanismos de represión, pero me parece una acción de este tipo claramente es una provocación política”.
