María Ruiz
La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí informó que ya se investiga de oficio el caso de una menor de 11 años que resultó embarazada en el municipio de Matehuala, tras presuntamente sufrir una agresión sexual por un hombre de 47 años.
La fiscal general Manuela García Cázares explicó que, conforme a la legislación mexicana, cualquier relación sexual con una persona menor de 14 años se considera violación, independientemente de que exista o no consentimiento por parte del menor.
Por tratarse de un delito que se persigue de oficio, el Ministerio Público está obligado a actuar en cuanto tiene conocimiento del hecho, sin necesidad de que exista una denuncia formal.
“Desde el momento en que la madre llega al hospital con la menor embarazada, se inicia una investigación. Este tipo de situaciones se atienden de inmediato, ya que la ley es clara: mantener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años constituye violación, aún con su consentimiento”, señaló la fiscal.
El caso fue incluido en un listado público de agresiones sexuales contra menores difundido por la colectiva Amor No Es Violencia A.C., el cual se viralizó recientemente en redes sociales, y que lo identifica como uno de los casos más graves de embarazo juvenil a nivel país, por la edad de la menor involucrada y la diferencia de edad con su agresor.
La asociación ha documentado varios casos similares ocurridos en distintas partes del país, lo que ha provocado la atención pública y mediática.
García Cázares subrayó que, aunque no se cuenta con un número elevado de denuncias formales, este tipo de situaciones se presentan con frecuencia.
Indicó que muchas veces las víctimas no reportan los hechos por miedo o por presión del entorno, lo que dificulta su seguimiento, aunque el embarazo en una menor es una señal suficiente para activar los protocolos de investigación.
“A veces no hay denuncia directa, pero cuando una menor acude al hospital por embarazo, se notifica y se investiga automáticamente. Es un procedimiento que ya está establecido”, afirmó.
El caso de Matehuala es atendido por la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, según confirmó la funcionaria. Por ahora, no se ha informado si existen personas detenidas ni si hay otros casos similares en el municipio o en otras regiones del estado.
“Tenemos conocimiento del caso en Matehuala, y se está trabajando desde la fiscalía especializada. Por el momento, no se tiene información de otros municipios involucrados en situaciones similares”, indicó.
Organizaciones exigen justicia
La asociación civil Lúminas Centro de Derechos Humanos emitió un posicionamiento en el que advierte que este caso es un reflejo de una problemática estructural.
Según la organización, durante 2024 se documentaron al menos 30 casos de menores de edad embarazadas en San Luis Potosí.
“Expresamos profunda preocupación ante las cifras que documentan 30 nacimientos de madres menores de edad en 2024, entre ellas una niña de 11 años en Matehuala, cuyo agresor tiene 47 años”, indicaron integrantes de Lúminas.
La organización señaló que este tipo de casos representan “un síntoma de impunidad, control sobre los cuerpos y abandono institucional”, además de que la maternidad forzada en niñas debe considerarse una forma de tortura y una grave violación a los derechos humanos.
Lúminas también hizo un llamado al Estado para garantizar el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo como un derecho humano. Exige acciones concretas de prevención, justicia, reparación del daño y protección integral para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
“Las niñas no deciden parir y como sociedad y Estado no debemos secundar que una niña lleve a término un embarazo producto de la violencia, esto es un crimen de Estado. Reiteramos nuestra postura a favor del acceso pleno a la interrupción legal y voluntaria del embarazo como un derecho humano y una medida urgente de justicia reproductiva. Exigimos al Estado y a sus instituciones que dejen de mirar hacia otro lado y garanticen prevención, justicia, reparación del daño y protección integral para niñas y adolescentes. La violencia sexual cometida contra niñas y adolescentes es un delito grave e imprescriptible”.
