Por Victoriano Martínez
Si la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) se niega a morir y toma como un reto lograr su permanencia, el Congreso del Estado parece no encontrarle la forma más apropiada para su desaparición.
El 18 de marzo, la diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para armonizar la constitución local a la federal con tal descuido que el resultado fue un abierto ejercicio de copiar-pegar tan descuidado que con la omisión de algunas palabras asigna atribuciones a la CEGAIP, a pesar de que en la misma propuesta la desaparece.
Mañana domingo, el diputado Carlos Arreola Mallol presentará una segunda iniciativa de armonización (página 51) que se pasa de largo a transformar la Contraloría General del Estado en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado con un órgano administrativo desconcentrado que se llamará “Transparencia para el Pueblo de San Luis Potosí”.
Ni Rocha Medina ni Arreola Mallol contemplan en sus iniciativas una revisión sobre los mayores avances que en derechos adquiridos en materia de transparencia se tienen en el Estado con respecto a la leyes federal y general de transparencia y, en consecuencia, no prevén disposiciones que eviten que no se retroceda.
En el caso de la iniciativa de Rocha Medina aparece una disposición mal copiada de la reforma federal:
“En el caso de los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a las instituciones que asuman las funciones de los entes públicos que se extinguen, según corresponda”, dice la reforma federal.
“En el caso de los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos, contratos o actos equivalentes, se entenderán vigentes y obligarán en sus términos a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública que se extingue…”, dice la iniciativa de Rocha Medina.
Una armonización tan poco armónica, que le establece obligaciones a futuro a un una Comisión que ahí mismo declaran extinguida. Era lo que más se acercaba a mantener vigente, por ejemplo, la Plataforma Estatal de Transparencia que contempla el cumplimiento de 109 obligaciones de transparencia más que las 254 de la ley general.
En la iniciativa de Arreola Mallol lo que más se acerca a abrir la posibilidad de que el nuevo garante, Transparencia para el Pueblo, es la fracción VII del artículo 44 Bis, que lo faculta para “impulsar la transparencia proactiva y la publicación de datos en formatos accesibles a la ciudadanía; vigilar la aplicación de las políticas de gobierno digital y las de gobierno y datos abiertos de la Administración Pública Local”
Una facultad que tendría que ser interpretada en su sentido más amplio por el nuevo organismo garante, lo que implica una voluntad de transparencia imposible en un gobierno que ha acreditado en extremo su vocación por la opacidad. El riesgo de que se viole la Constitución en cuanto al principio de progresividad está cantado.
Y es que en el Congreso del Estado muestran no tener claro el tema del derecho de acceso a la información pública ni el derecho a la protección de datos personales. El artículo 73 de la Constitución Federal en su fracción XXIX-O otorga la facultad al Congreso de la Unión “para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares”.
En la iniciativa de Arreola Mallol, propone para el artículo 17 de la constitución local que “por lo que hace a la información relacionada con los datos personales en posesión de particulares, las leyes en la materia, expedidas por el Congreso del Estado, determinarán la competencia para conocer de los procedimientos relativos a su protección, verificación e imposición de sanciones”.
En el artículo segundo de la iniciativa da un plazo de 90 días para que, entre otras leyes, se hagan las adecuaciones con la ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Es una iniciativa, se puede corregir, pero por lo pronto exhibe deficiencias en el proceso de armonización que podrían tener repercusiones en los derechos involucrados.
Por lo pronto, la CEGAIP sobrevivirá cuando menos 90 días adicionales, más los que se acumulen de hoy a la fecha en la que las iniciativas de Rocha Medina y Arreola Mallol, más las que se acumulen –la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado espera la iniciativa que les mande el gobernador para actual– hasta que sean dictaminadas, aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial del Estado.
