María Ruiz
Han pasado 13 años desde que Lupita Viramontes, una adolescente de 15 años, fue víctima de feminicidio en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí. A pesar del tiempo transcurrido, su familia aún enfrenta un sistema judicial que, denuncian, perpetúa la impunidad.
El crimen fue perpetrado el 29 de junio de 2012 por Guillermo N., también de 15 años, y Raúl N., de 18, quien lideró el asesinato. Posteriormente, otros individuos identificados como César y Juan Carlos se involucraron para extorsionar a la familia de Lupita mediante amenazas y exigencias económicas, aprovechando el dolor y la confusión tras el crimen.
Tras una larga batalla legal, la familia de Lupita logró que Raúl fuera condenado a 37 años de prisión.
Guillermo, por su parte, recibió una sentencia inicial de 18 años, aunque permaneció prófugo durante una década. En febrero de 2024, fue finalmente detenido.
Sin embargo, en marzo de ese mismo año, Guillermo solicitó la revisión de su sentencia, y el Juzgado Especializado en Adolescentes y Ejecución de Medidas del Sistema Tradicional decidió reducir su condena de 18 a solo tres años al tomar en cuenta el tiempo previamente cumplido.
Esto significó que Guillermo únicamente purgaría una condena de un año, siete meses y siete días por el feminicidio de Lupita.
La situación se agravó aún más el 2 de octubre de 2024, cuando se celebró una audiencia en la que Guillermo solicitó su libertad a cambio de realizar trabajo comunitario, solicitud que fue aprobada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas.
Fue liberado el 10 de octubre de ese mismo año, sin restricciones ni medidas de alejamiento hacia la familia de Lupita, y sin haber presentado un plan individualizado, como lo exige la normativa vigente.
La resolución fue apelada por la familia, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). No obstante, las magistradas de la Primera Sala del Tribunal de Justicia del Estado confirmaron la liberación bajo el argumento de que debía aplicarse retroactivamente una nueva ley que beneficiaba a Guillermo.
Frente a esta resolución, el 9 de enero de 2025 se promovió un juicio de amparo, que hasta la fecha sigue sin resolverse.
Por ello, a 13 años del asesinato de Lupita, la familia y organizaciones feministas han lanzado un comunicado para exigir que al resolver el juicio de amparo se tome en cuenta que Guillermo N. evadió a la justicia por más de una década, tiempo en el que intimidó y amenazó a la familia de la víctima, vulnerando sistemáticamente sus derechos.
Asimismo, demandan que se apliquen medidas de protección eficaces, incluyendo restricciones de acercamiento, para prevenir nuevos actos de intimidación y violencia.
Advierten también que en Soledad de Graciano Sánchez se encuentra activa una Alerta por Violencia de Género (AVG), cuyo objetivo es proteger a mujeres, adolescentes y niñas, y facilitar su acceso a la justicia.
La impunidad en el caso de Lupita, afirman, contradice este compromiso y evidencia una alarmante permisividad frente al feminicidio.
El comunicado concluye con un llamado urgente al Estado y sus instituciones, a quienes responsabilizan por permitir que la impunidad debilite cualquier estrategia de prevención frente a la violencia feminicida.
A 13 años de su asesinato, Lupita sigue sin tener acceso a la justicia.
“Lupita no es ni será olvidada. Seguimos de pie, exigiendo justicia”, reiteran familiares y colectivos, quienes mantienen viva la memoria de la joven y luchan para que su caso no quede impune.
