Desiree Madrid
Aunque el Gobierno del Estado de San Luis Potosí difundió un boletín titulado “San Luis Potosí, ejemplo nacional en transparencia”, en el que asegura haber recibido cero observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la primera entrega del informe de resultados de la Cuenta Pública 2024, los dictámenes individuales de auditoría realizados por la ASF muestran que sí hubo señalamientos e incumplimientos normativos por parte de la administración estatal en el ejercicio de distintos fondos federales.
El boletín oficial afirma que San Luis Potosí logró posicionarse como una de las entidades “más responsables en el ejercicio del gasto público” y resalta que, a diferencia de otros estados que tuvieron montos por aclarar, como Jalisco, Veracruz y Oaxaca, en San Luis Potosí no se identificaron tales observaciones económicas.
Tal información, fue dada a conocer por el auditorio superior David Rogelio Colmenares Páramo, en la Primera Entrega de Informes Individuales de Auditoría, correspondientes a la Cuenta Pública 2024, durante su reunión con legisladores en la Cámara de Diputados el pasado lunes 30 de junio.
Sin embargo, una revisión detallada de los dictámenes emitidos por la ASF dentro de las tres auditorías individuales correspondientes al estado potosino y que están publicadas en el portal de la institución, demuestra que hubo observaciones administrativas, fallas en la transparencia, así como en el cumplimiento de diversas leyes y reglamentos federales y estatales, aunque no derivaran en montos por aclarar o reintegrar.
En la auditoría 2024-A-24000-19-1655-2025, correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples, la ASF revisó una muestra de 512.2 millones de pesos, equivalentes al 73.2 por ciento del total transferido al Gobierno del Estado (699.4 millones de pesos). De este total, se identificaron recursos no comprometidos por 24.2 millones de pesos y no ejercidos por 410.4 millones, que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Aunque se destacó que el estado cuenta con un sistema de control interno, el Gobierno del Estado incurrió en diversas infracciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras normativas específicas del estado. Estas observaciones derivaron en acciones promovidas ante las instancias de control correspondientes.
Además, se incumplieron obligaciones de transparencia, ya que el Gobierno del Estado no reportó con calidad ni congruencia la información en el formato “Avance Financiero”. También se observaron diferencias entre esta información y los reportes financieros emitidos por la entidad.
En la auditoría 2024-A-24000-19-1652-2025, referente a la distribución de participaciones federales, la ASF auditó el 100 por ciento de los recursos entregados al estado (5 mil 611 millones de pesos) y concluyó que el proceso de distribución fue adecuado en términos generales.
No obstante, se registraron insuficiencias como retrasos en los pagos de recursos del FFM, FOFIR, IEPS y FOCO ISAN a dos municipios, lo que generó rendimientos financieros por 38.6 mil pesos. Aunque una parte de estos intereses fue pagada durante la auditoría, el resto quedó pendiente en el ejercicio 2024.
En materia de transparencia, no se publicaron los valores mensuales ni las variables utilizadas para calcular la distribución, como las bases de recaudación del impuesto predial o los derechos por suministro de agua correspondientes al ejercicio 2023. Además, la entidad fiscalizada no presentó evidencia del envío a la Secretaría de Hacienda de información sobre la recaudación municipal ni de los pagos realizados en diciembre.
Por lo que hace a la auditoría 2024-A-24000-19-1657-2025, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), la ASF auditó el 89.9 por ciento de los recursos transferidos al estado, es decir, 209 millones de pesos.
Si bien se constató que el estado comprometió y pagó la totalidad del recurso, hubo observaciones por incumplimientos en materia de servicios personales, adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de infracciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Contabilidad Gubernamental, lo que derivó en recuperaciones operadas por 319.3 mil pesos.
En cuanto al manejo financiero, el Conalep San Luis Potosí utilizó una cuenta bancaria productiva para recibir y administrar los recursos del FAETA por 128.7 millones de pesos. Sin embargo, también transfirió recursos a otra cuenta pagadora de nómina donde se mezclaron fondos de diversas fuentes, lo que impidió verificar que los saldos correspondieran únicamente al FAETA 2024.
También se detectaron inconsistencias en el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos, ya que los saldos no coincidieron con los reportados en las cuentas bancarias ni fueron conciliados. Además, se realizó un pago improcedente por 767.8 mil pesos a un trabajador que no acreditó la preparación académica necesaria para el puesto por el cual se le remuneró.
Los dictámenes revisados por la ASF concluyen que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó un ejercicio “razonable” de los recursos, pero con observaciones que señalan áreas de mejora en el cumplimiento normativo, la gestión administrativa y la transparencia.
Las observaciones realizadas por la ASF no se limitan a detectar dinero malversado o perdido, sino que también incluyen el análisis del cumplimiento de normas, la oportunidad en la entrega de recursos, el manejo adecuado de cuentas bancarias y la publicación de información de interés público.
En ese sentido, aunque el Gobierno del Estado no tuvo observaciones que impliquen montos por aclarar —lo que puede considerarse un avance frente a entidades que sí enfrentan señalamientos por recursos faltantes—, se documentaron diversos incumplimientos administrativos y normativos que contradicen la afirmación de haber sido exonerados de observación alguna.
Los informes de la ASF no respaldan de forma plena el discurso del boletín oficial, que presenta una imagen de transparencia total. Por el contrario, los resultados muestran que, aunque hubo avances, la gestión del gasto en San Luis Potosí aún presenta áreas de oportunidad que deben ser atendidas para garantizar un ejercicio verdaderamente eficiente, normativo y transparente de los recursos públicos.
