Trabajadora del Gobierno del Estado denuncia despido injustificado y acoso laboral

Desiree Madrid

Carolina Yáñez García, empleada basificada de la Oficialía Mayor de la Dirección de Control Patrimonial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ha sido víctima de acoso laboral, violencia institucional y despido injustificado, una situación que se agudizó tras denunciar acoso sexual por parte de un médico de los Servicios de Salud del Estado.

Su caso, revelado en entrevista exclusiva para Astrolabio Diario Digital, expone una serie de presuntas irregularidades y abusos de poder dentro de la administración pública.

Carolina Yáñez García, quien ha trabajado para el gobierno estatal por 13 años, nueve de ellos por honorarios en el DIF y los últimos cuatro como empleada basificada en Control Patrimonial, relata que su calvario comenzó a mediados de 2024.

“Mi problema empieza desde hace aproximadamente un año, porque denunció acoso sexual por parte de un médico del Gobierno del Estado, del servicio médico”, afirma Yáñez.

A partir de esta denuncia, Carolina asegura haber experimentado acoso laboral que incluyó “insultos, desprestigio de mi trabajo, nulificación de mis actividades, nulificación de mi persona, mi actividad como profesional”.

La situación se tornó más grave a principios de este año. Yáñez había presentado una denuncia formal de acoso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pero no recibió atención.

“Yo metí un oficio dando a conocer la situación. Me contestaron de manera económica que sí iba a atender mi caso, pero nunca se me dio solución”.

Tras esto, comenzó a recibir “tratos muy hostiles” de parte de su director, el licenciado Cristian Gerardo Sánchez. Según Carolina, cuando le reportó lo sucedido con el médico, su director incluso le culpó al decir que la situación de abuso sexual había sido “provocada” por insistir en que se le atendiera en el Servicio Médico.

Carolina explica que, desde hace casi cuatro años los empleados no tienen acceso al servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la única opción es el particular del Gobierno del Estado, de donde surgió el médico denunciado.

El despido, según Yáñez, no fue notificado. Se enteró cuando intentó usar el servicio médico y le informaron que ya no tenía derecho a consulta. Al revisar la plataforma del seguro, descubrió una constancia de baja.

Previamente, a finales de mayo, su jefe, Cristian Gerardo Sánchez, la agredió verbalmente, llamándola “estúpida” por no entender su trabajo. Carolina solicitó indicaciones para mejorar, pero no las recibió al señalar que su jefe carecía de claridad y conocimiento en las áreas de la oficina.

“Eso fue lo que detonó agresiones a mi persona, la falta de claridad en él”, señala.

Yáñez detalla que las agresiones eran constantes y que su director la amenazaba con despedirla o la instaba a renunciar bajo el argumento de que ella, al ser artista de profesión, no tenía las cualidades para el trabajo de oficina.

Carolina relata que este abuso de poder se manifestó también al impedirle colaborar en el área de Cultura, a pesar de haber sido solicitada en comisión en diversas ocasiones por la Secretaría de Cultura. Cumplía con ambos trabajos, lo que molestó a su jefe y fue, según ella, el “primer motivo para que empezara el acoso psicológico”.

La situación escaló. Inicialmente, su director le “cargó de trabajo” a pesar de insistir en que era incapaz para el trabajo de oficina; incluso la hacía suplir a su secretaria particular durante vacaciones.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente, pues hace dos semanas comenzaron a retirarle sus herramientas de trabajo.

Poco a poco, le quitaron sus obligaciones, asignándolas a una compañera de reciente ingreso, y le retiraron su computadora. Incluso, le quitaron las sillas de la oficina para que se sentara en el suelo, obligándola a permanecer de pie durante su jornada laboral por más de diez o quince días, a pesar de la existencia de la “Ley silla”.

Esta situación provocó el aislamiento de sus compañeros. “Gracias a las acciones de mi director me segregaron”, afirma Carolina. Una compañera la acusó de poner en riesgo su trabajo y expresaba incomodidad con su presencia.

El 19 de junio, mientras estaba sola en la oficina, un hombre que se identificó como Héctor Dávila, de la Oficialía Mayor y a quien Yáñez no conocía, la amenazó con despedirla por no haber querido renunciar.

Según Dávila, Cristian Gerardo Sánchez Izahí y Jorge Luis Salazar Posadas promovían su despido, porque “ya no les servía”.

Carolina relató que tuvo una reunión con el licenciado Jorge Luis Salazar Posadas, director general de Servicios Administrativos de la Oficialía Mayor, a la que fue sin saber que era una audiencia.

En esta reunión, a pesar del acoso y el maltrato recibido, Posadas le mintió, diciéndole que estaba consciente de sus cualidades como trabajadora y que su jefe promovía su despido, porque “le caía mal”.

Posadas le prometió que, dadas las evidencias, la cambiarían al área de Cultura, algo que nunca ocurrió.

La estrategia para impedirle el acceso a su trabajo se intensificó. El director, Cristian Gerardo Sánchez, tuvo una junta con los compañeros el pasado miércoles 9 de julio para informarles que la dependencia cerraría antes el jueves para evitar la entrada de Carolina, además de que cerraron los accesos al archivo del Estado, siendo los únicos que ella tenía. Ese mismo miércoles, policías de la Guardia Civil Estatal comenzaron a rodearla, a ella y a su hermana, tomándoles fotografías y videos.

El jueves 10 de julio, la puerta de la oficina estaba cerrada con candado, a pesar de que los demás empleados ya estaban adentro, y la policía intentó retirarla de la entrada de su trabajo.

Carolina está en busca de justicia; tuvo que recurrir a familiares como testigos debido a la falta de apoyo de sus compañeros, quienes incluso promovieron firmas en su contra.

Actualmente, está afiliada al Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), que ya se hizo presente con un notario el jueves 10 para constatar la negación de entrada a su trabajo.

El sindicato se ha comprometido a entablar mesas de diálogo con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y le ha brindado representación y apoyo legal.

Carolina Yáñez estima que en el SITTGE, a pesar de ser pequeño, hay aproximadamente 100 personas que pasan por situaciones similares de despidos injustificados, tanto basificadas como por honorarios, además de hay compañeros y compañeras despedidas de otros sindicatos.

Luego de que no recibió atención tras interponer una primera denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Carolina volvió a presentar su caso para solicitar un observador y documentar las condiciones de acoso en su trabajo, pero no obtuvo respuesta. Además, le negaron apoyo bajo el argumento que seguían revisando su caso.

Carolina compartió la evidencia de su petición a Derechos Humanos que incluía fotos y videos del acoso. Más tarde, la CEDH intentó convencerla de que su queja no estaba “bien elaborada” y que no atendían asuntos laborales, a pesar de haber sufrido “violencia institucional, violencia sexual, acoso sexual, hostigamiento”. Tras solicitar tener una respuesta por escrito, hasta la fecha no la ha recibido.

El caso de Carolina se suma a muchos de los casos de despido injustificado que se han presentado en la actual administración, a cargo de Ricardo Gallardo Cardona.