Desiree Madrid
Luego de tres años de gestiones, denuncias públicas y una resolución judicial que obligó a actuar a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), finalmente fue enviada un aula móvil al Preescolar Benito Juárez de la comunidad de Tanculpaya, Ciudad Valles.
La unidad, remolcada por una camioneta negra, llegó al plantel este lunes, a tan solo un día del cierre oficial del ciclo escolar, lo que ha sido tomado por madres y padres de familia como un gesto tardío y limitado.
Durante todo este tiempo, las y los alumnos tomaron clases en condiciones precarias: bajo un techo de lámina, con paredes improvisadas de madera y plástico, sin protección ante las inclemencias del tiempo.
“El único refugio que tenían los niños era la sombra de un árbol”, recordaron con indignación algunos padres, quienes acusan que la situación provocó deserción escolar y afectó directamente la matrícula.
La llegada del aula móvil es vista como un avance, pero también como una medida insuficiente.
“Esto es apenas un respiro temporal. Nosotros queremos el aula de material que se prometió”, expresó una de las madres durante la recepción de la unidad.
Aunque las autoridades educativas ya validaron la obra de construcción de un nuevo salón definitivo, aún no existe una fecha concreta para el inicio de los trabajos. La comunidad educativa exige que no se prolongue más una solución que ya fue anunciada públicamente por el titular de la SEGE, comprometida por el propio secretario Juan Carlos Torres Cedillo, luego de que el caso se diera a conocer.
No obstante, incluso la instalación del aula móvil ha tenido contratiempos. Será hasta el siguiente ciclo escolar cuando los niños y niñas puedan tomar clases dentro de ella, lo que deja a los egresados de este año sin haber conocido un aula digna en todo su paso por el preescolar.
Las familias señalan que la única razón por la que finalmente se entregó esta unidad fue una resolución judicial derivada de las constantes denuncias.
“Si no hubiéramos presionado, no nos dan nada”, afirmó un padre. Incluso medios locales y activistas compartieron videos y fotografías del salón improvisado semanas atrás, lo que también contribuyó a visibilizar la problemática.
Por ahora, la comunidad de Tanculpaya mantiene la esperanza, pero también el escepticismo. Exigen que el Gobierno del Estado cumpla su compromiso con hechos y no con paliativos de último minuto.
“No es un favor, es un derecho de nuestros hijos tener un espacio digno para estudiar”, concluyó una de las docentes del jardín de niños.
