Marcela Del Muro
Guadalupe Armendariz tiene cuatro meses sin ver a su hijo, desde el pasado 18 de marzo. Su familia le quitó a Oliver de ahora un año de edad, tras denunciarla por violencia familiar y poner una orden de restricción en su contra; acusaciones que la madre de 26 años asegura son falsas. Su panorama es desalentador, no cuenta con los medios económicos para una buena defensa legal que la ayude a recuperar a su bebé y teme que su hijo pueda sufrir en ese entorno familiar que ella define como violento y conflictivo.
Los problemas de Guadalupe son complejos y vienen de tiempo atrás. Después de 10 años siendo independiente, regresó a casa de sus papás para poder ahorrar para el nacimiento de su hijo; planeaba irse pronto, el ambiente familiar no era algo que quisiera para Oliver, soñaba con sacar un crédito para obtener una casa y darle un mejor futuro a su hijo.
Pero esos planes se ven lejanos después de aquel martes de marzo, cuando fue agredida por su hermano Mario, consumidor problemático de metanfetamina y crack. Tras el conflicto, la mujer intentó tomar a Oliver para irse de la casa, pero el niño ya no estaba. “En ese momento yo me voy a la fiscalía de la mujer, y hasta el día de hoy no me han resuelto nada. A pesar de que yo he comprobado que son personas altamente violentas, y que todos cuentan con antecedentes penales y criminales”, dice la madre.
Guadalupe enfrenta varios procesos: uno como víctima de la agresión de su hermano y tres más como victimaria; también lleva un proceso familiar en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), donde corre el riesgo de perder la guardia y custodia de Oliver.
Los conflictos legales de Guadalupe
Los problemas jurídicos de Guadalupe son, en parte, por desconocimiento legal, la insensibilidad de las autoridades y una investigación escueta que mantiene a su bebé en un espacio de alto riesgo, señala la mujer.
Para su juicio familiar ha intentado obtener ayuda legal, sin embargo, confió en un abogado que le cobró por un escrito de contestación a la demanda que no le favorece en nada; al contrario, teme que pueda tener más repercusiones a la larga, pues no incluye ninguna de las pruebas que la madre ha recolectado contra sus hermanos.
Las acusaciones contra Guadalupe son graves; su hermana Alejandra declaró que ella golpeó, quemó con agua e intoxicó a Oliver. En la carpeta de investigación solo hay dos pruebas en su contra: una foto de una vez que le cortó las uñas de más a su hijo y otra que muestra la pancita del niño con varias marcas rojas, que no alcanzan a ser rasguños. La madre sostiene que jamás ha agredido a su bebé y denuncia que las marcas rojas fueron hechas por su propia familia.
“Por parte de psicología se está expidiendo un diagnóstico tuyo para saber tu situación de salud, tu tratamiento y por cuánto tiempo. Hasta que se te dé de alta y tengas un documento, se resolverá tu situación”, le explicó, el 29 de mayo, la trabajadora social de la PPNNA que lleva su expediente. Guadalupe ha sido cuidadosa en documentar sus encuentros con funcionarios públicos y su familia.
La mujer sigue esperando los resultados de ese diagnóstico psicológico y comenta que ha llevado tratamiento con psicólogos del Estado, donde le han mencionado que no detectaron ningún problema psiquiátrico o de ira en ella. “Me dicen que me encuentro así porque no he podido ver a mi bebé”.
Oliver se encuentra en un ambiente violento
“Nosotros crecimos prácticamente juntos. Desde que yo recuerdo, siempre ha habido problemas en su familia. Así crecieron ellos, entre problemas, gritos, insultos y golpes, y luego ya fueron drogas con mis otros primos. Guadalupe es la más chica y, para mí, siempre ha sido lo mejor de entre los hermanos”, comenta Paola Beltrán, prima de Guadalupe; su familia paterna la ha apoyado en este difícil momento.
Lo que señala Guadalupe sobre los antecedentes penales de sus hermanos son ciertos. Según el Sistema de Información y Estadística Ministerial (SIEM), Mario cuenta con antecedentes de robo en el 2016, de delitos contra la salud en 2017, de portación de armas prohibidas en 2024 y de lesiones, también en 2024; Alejandra tiene una investigación abierta por violencia familiar en 2023 y su otra hermana tiene una investigación por amenazas, abierta desde el 2006.
“Ella (Alejandra) es muy agresiva. Hemos visto fotos de cómo ha dejado golpeadas a sus parejas y las ha amenazado, las deja con miedo”, explica Paola. Alejandra actualmente tiene la custodia provisional del pequeño Oliver y está peleando por la custodia definitiva del niño de su hermana.
Guadalupe recolecta fotos, videos, notas de prensa, capturas de conversaciones en redes sociales y graba todos sus encuentros, como pruebas para recuperar a su bebé; entre ellas, se encuentran las de un incidente sucedido en el bar Las Lolas, en febrero de 2020, donde su dos hermanas y otras dos mujeres atacaron con una navaja a las meseras, que se habían negado a atenderlas por su evidente estado de ebriedad.
“Las lesiones son de consideración; a una de las meseras la hirió en el cuello, mientras que a otra le ocasionó una cortada de siete centímetros que requirió sutura”, dice la publicación de una de las meseras. Guadalupe dice que su familia se pone mal cuando beben, sus hermanos se ponen agresivos y pelean entre ellos. Ella teme que su bebé sufra algún maltrato cuando eso suceda.
A finales de junio tuvo una plática con su papá, que también quedó documentada, el señor le aseguró que Oliver está bien, que él le compra todo y ve por él. La madre cree que parte del conflicto es por dinero. Su hermana está pidiendo la custodia y que se fije una pensión. “Yo siempre he apoyado a mis papás, aunque no viviera con ellos. Pero en esa casa solo trabaja mi papá y, al final, yo era la fuerte económicamente”, comenta.
“Esa casa no es un ambiente bueno para el bebé. No entiendo cuáles sean las intenciones de Alejandra y de su familia con esto. Esperamos contar con el apoyo de otras personas para presionar y que escuchen a Guadalupe. Como familia no entendemos por qué no la escuchan, tiene fotos, videos, audios, le pueden hacer los estudios que quieran. Pero también queremos que esos estudios se los hagan a cada miembro de la familia para que se den cuenta lo que está pasando”, pide Paola.
