Desiree Madrid
A pesar del discurso oficial de respaldo a la educación pública, el Gobierno del Estado mantiene una deuda creciente con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) que contradice lo difundido por la Secretaría de Finanzas (Sefin).
De acuerdo con datos federales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en los primeros seis meses del ejercicio fiscal 2025, la administración de Ricardo Gallardo Cardona adeuda a la UASLP, 150 millones 729 mil 162 pesos.
Esta cifra es casi cuatro veces mayor que los 39.3 millones que SEFIN presentó recientemente como “apoyo adicional” a la institución.
En un boletín difundido esta semana, la Sefin afirmó que durante la actual administración estatal se ha beneficiado a la institución con un total de 107 millones 106 mil 671 pesos. Esa cantidad, según la dependencia, se compone de tres rubros: 39.3 millones más allá de lo presupuestado, 67.7 millones aprobados por el Congreso del Estado en ejercicios anteriores; y un incremento reciente de 19.7 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2025, dentro de un presupuesto total de 300 millones.
Sin embargo, el argumento se desmonta al contrastarse con las cifras del Gobierno Federal. Conforme al modelo de financiamiento de educación superior pública, tanto la Federación como las entidades federativas deben aportar recursos equitativamente a las universidades.
Según el registro de la SEP, San Luis Potosí ha incumplido de manera sistemática con su aportación estatal, provocando una deuda acumulada que crece año con año.
Al cierre del ejercicio fiscal 2023, el gobierno de Gallardo Cardona dejó de ministrar una cantidad significativa a la UASLP, con un incumplimiento del 41.86 por ciento respecto a lo acordado con la SEP para ese año.
En 2022, el monto no entregado representó un incumplimiento de 152 millones 467 mil 714 pesos con el acuerdo SEP, además de un déficit de 50 millones de pesos respecto al presupuesto estatal asignado.
Con el avance de 2025, la deuda ha escalado hasta rebasar los 150 millones, solo en el primer semestre.
En total, el adeudo acumulado por su sexenio, en términos reales, considerando los fondos que debieron ser transferidos y los que se devolvieron a la Federación, asciende a 662 millones 400 mil 279 pesos.
Estos datos evidencian que los recursos “extraordinarios” que presume la Secretaría de Finanzas no solo son insuficientes, sino que palidecen frente al rezago que arrastra la administración estatal.
Incluso si se suman los 107 millones que el boletín considera como apoyo adicional, esa cifra solo representa una fracción del total de adeudo real acumulado desde 2022.
Además, parte de esos aumentos presupuestales no fueron concesiones voluntarias, sino ajustes obligados para intentar compensar los recortes anteriores. Es decir, no se trata de incrementos efectivos al presupuesto, sino de mecanismos de corrección ante el incumplimiento del gobierno con sus obligaciones de financiamiento.
El boletín también destaca que el sector educativo representa el 38 por ciento del presupuesto estatal, y que las transferencias a la universidad se han hecho “en tiempo y forma”.
Sin embargo, lo cierto es que el problema no está en los calendarios, sino en los montos: aunque las ministraciones lleguen puntualmente, llegan incompletas.
Mientras tanto, la UASLP opera en medio de la incertidumbre presupuestaria, obligada a hacer ajustes internos para sostener su operación, cubrir compromisos laborales y evitar afectaciones a estudiantes.
El silencio institucional ante estos retrasos y recortes es alarmante. El discurso de “apoyo sin límites” termina como una narrativa que no resiste el contraste con los datos oficiales.
De acuerdo con la información desglosada, la administración estatal ha entregado menos de lo que debe y los “beneficios” que presume en comunicados oficiales no compensan lo que ha dejado de entregar.
Lo que Sefin dice haber dado, no alcanza a cubrir ni una cuarta parte de lo que debe a la máxima casa de estudios.
