Abelardo Medellín
El acuerdo que sostuvo el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, para pagar 12 millones de pesos al ejido Rancho Viejo La Libertad como reparación de daño por la construcción de un puente en el bulevar Antonio Rocha Cordero, fue un acto “indebido y carente de legalidad” que merece una revisión de sus implicaciones, afirmó el ex alcalde de San Lui Potosí, Xavier Nava Palacios.
En entrevista con Astrolabio Diario Digital, Nava Palacios recordó el caso de puente de bulevar Rocha Cordero, obra de infraestructura que derivó en un amparo promovido por el ejido y que, ante el presunto desacato de la autoridad municipal que continuó con la obra, provocó que en diciembre de 2021 el Congreso del Estado inhabilitara al ex alcalde y a parte de su cabildo a través de un juicio político.
Luego de la controversia, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, ya encabezado por Enrique Galindo Ceballos aprobó en agosto de 2022 una solicitud del entonces alcalde para pagar 12 millones de pesos al ejido, pese a que no había una sentencia que los obligara a ello; un mes después de su aprobación, el municipio efectuó el primer pago de cuatro millones de pesos al ejido Rancho Viejo-La Libertad, en un acto que Galindo Ceballos justificó bajo el argumento de dar “regularidad a este terreno y solucionar los daños y perjuicios que se cometieron contra ejidatarios”.
Luego de ese primer pago, la administración de Galindo Ceballos no ha vuelto a revelar en qué estatus se encuentra el acuerdo, si se han cumplido las clausulas correspondientes al ejido o si se han hecho otros pagos.
Sobre la controversia, Nava Palacios opinó que el Ayuntamiento actuó indebidamente, pues decidió emprender un acuerdo con los ejidatarios sin que existieran pruebas de la propiedad de la tierra.
“Cuando tú compras una casa, necesitan entregarte las escrituras, ponerlas a la vista, para que tú sepas que estás comprando un bien y que ese bien le pertenece a quien te lo está vendiendo. Eso fue precisamente lo que no sucedió, pero entonces nosotros estaremos viendo también, en ese sentido, cuáles son las implicaciones que ello puede tener”.
El ex alcalde reiteró su posición de que los terrenos implicados en el caso no son propiedad del ejido y, cuando inició el conflicto, los ejidatarios argumentaron que la tierra les pertenecía por una dotación original que correspondía al año de 1928.
“Bueno, pues en ese momento sí, claro, pero pasaron muchas cosas durante los últimos 100 años, casi 100 años que modificaron la estructura del ejido”, comentó.
Xavier Nava insistió en que el acuerdo promovido por el Ayuntamiento capitalino en 2022 no debió ocurrir y urgió a que sea analizado a detalle para ver sus posibles afectaciones.
A la pregunta expresa de si este acuerdo habría afectado el erario público de la capital al haber pagado una compensación a la que no estaban obligados y sin sustento jurídico, el ex alcalde opinó que “habría que analizarlo bien, a mí me parece que sí, pero hay que analizar los términos”.
Sobre el tema específico de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la que se le otorgó un amparo contra la inhabilitación por 18 años, el ex edil capitalino celebró la decisión de la Corte.
Afirmó que, de acuerdo con esta, el Congreso del Estado actuó de forma facciosa, violó la división de poderes, abusó de sus facultades y atribuciones, además de que violentó los derechos fundamentales de él y su cabildo.
“Esto deja claro que hubo una intencionalidad política en todo momento por descarrilar nuestro proyecto, por descarrilar el actuar político que habíamos desempeñado durante muchísimo tiempo”.
Pese a afirmar que esperarán a ver cómo actúa el Congreso del Estado ante la resolución de la Corte, Nava Palacios adelantó que ya prepara un recurso legal contra el Legislativo Estatal, mismo que esperan sirva como un antecedente de que las y los diputados toman decisiones por consigna política en contra de ciudadanos.
“Lo que nosotros queremos hacer, es que esto quede como un precedente casi labrado en piedra de que tú no puedes afectar al ciudadano simplemente porque no te cae bien o porque lo quieres dejar fuera de la vida pública; o porque hay esta intencionalidad clara de descarrilar proyectos políticos distintos a los que ellos encabezan”.
Ante lo dicho, el ex alcalde afirmó que ya prepara una demanda que presentarán pronto, misma que buscarán que sirva como evidencia pública de que los poderes del Estado no pueden estar por encima de la población.
Nava Palacios comentó finalmente que el caso de su inhabilitación fue promovido principalmente por intereses particulares, presiones indebidas a los legisladores y “otro tipo de acciones” con las que se coaccionó a los diputados y diputadas.
Sin embargo, cuando al ex edil se le cuestionó, qué organización o personas estaría detrás de estas presiones fue contundente en su respuesta:
“Fue de parte del Gobierno del Estado”.
