Iraís Valenciano
Entre los grandes y numerosos misterios generados durante el actual sexenio, hay uno que para no perder la costumbre resulta difícil de esclarecer: ¿Cuánto gasta Gobierno del Estado en vuelos y cuáles son los destinos de esos viajes?
El pasado 23 de mayo, en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, se dio a conocer que al menos nueve de diez gobernadores afiliados al IMSS Bienestar convocados a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum se trasladaron en vuelos comerciales.
Los mandatarios que hicieron filas en los aeropuertos y pasaron por los trámites habituales fueron: Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Javier May, de Tabasco; Eduardo Ramírez, de Chiapas; Joaquín Díaz Mena, de Yucatán; Layda Sansores, de Campeche; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Mara Lezama, de Quintana Roo; Marina del Pilar Ávila, de Baja California y Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur.
¿Y quién fue el único de esos 10 que, según la información de Grupo Fórmula, llegó a la Ciudad de México en un vuelo privado? El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.
Justo cuatro días antes, la Secretaría de Finanzas contestó dos solicitudes de información, la primera de ellas, referente a los “pagos mensuales del gasto en combustible realizado por el Gobierno del Estado a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) durante 2024 y hasta abril de 2025. El peticionario solicitó además el tipo de combustible, volúmenes adquiridos, precios unitarios, fechas de adquisición, dependencia responsable y copia de las facturas comprobantes de pagos”.
Finanzas respondió que el tema no era de su competencia y sugirió al solicitante turnar su petición a la Oficialía Mayor.
Esa respuesta, plasmada en el oficio SF/UT/076/2024, Finanzas la copió y pegó en el documento SF/UT/077/2024, para deslindarse así de brindar información detallada sobre “los pagos realizados a la empresa FlightSafety International indicando monto, fecha, concepto, dependencia que realizó el pago, así como copia de contratos, convenios o acuerdos celebrados con dicha empresa, incluyendo facturas y documentos que detallen los servicios prestados, los beneficiarios de los servicios y la fuente de financiamiento utilizada”.
Resulta por demás extraño que dos meses después de que Finanzas argumentara que lo de los vuelos no era un tema de su competencia, respondiera otra solicitud de transparencia y, ahora sí, reconociera que en lo que entre el 7 de febrero y el 3 de julio del 2025, pagó a FlightSafety International y Aeropuertos y Servicios Auxiliares un total de 712 mil 989.09 pesos por suministro de turbosina, además de 169 mil 248 pesos por una capacitación en abril de 2025.
¿Qué clase de milagro inesperado o acto de magia permitió que de pronto, el 18 de julio, Finanzas ventilara unos pagos que había negado el 19 de mayo?
Aun así, los datos entregados por la dependencia fueron demasiado escuetos a comparación de lo que el peticionario solicitaba, pues no logró que se le entregaran copias de facturas, contratos u órdenes de compra, ni conocer los procedimientos de contratación. Sobre eso, Finanzas otra vez le “echó la bolita” a la Oficialía Mayor.
Seguramente, quien pidió los datos preveía la farragosa respuesta en Finanzas, por lo que incluso antes de recibir la sugerencia de recurrir a Oficialía Mayor, ya había entregado sus solicitudes a esa dependencia.
Sin embargo, como casi todo lo que tiene que ver con transparencia en el actual gobierno, la respuesta no fue la esperada: la Oficialía Mayor aseguró que la información solicitada se encuentra en la Plataforma Estatal de Transparencia y hasta le explica paso a paso cómo encontrar los apartados de “Ingresos”, “Egresos” y “Licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida”.
Se requieren cientos de clics, varias horas y una paciencia casi infinita para descargar los 54 documentos correspondientes al periodo de enero de 2024-junio de 2025. ¿Y para qué? Para una de las acostumbradas tomadas de pelo en materia de transparencia.
Los “reportes” de Egresos de esos 18 meses están vacíos, e incluyen la nota: “La información señalada no se genera con fundamento en el Art. 33 de la Ley Orgánica de Administración Pública de San Luis Potosí; Fracc XVIII”.
El citado artículo se refiere a lo que le corresponde a la Secretaría de Finanzas atender, y en su fracción XVIII se detalla: “Efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados y formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos financieros y tributarios del Estado”.
Con esa estrategia legaloide, la Oficialía Mayor evita explicar cómo maneja los más de 54 millones de pesos que asegura recibir de ingresos mes con mes.
Otra solicitud de transparencia tuvo que ver con el “registro de vuelos y/o libro de bitácora y/o plan de vuelo y/o cualquier otra información documental de las aeronaves con matrícula: XC-CAO, XC-PSL, XC-SLP, XC-VCT y XC-CUL”.
Al respecto, la Secretaría de Finanzas dijo no haber encontrado información al respecto y recomendó contactar a la Dirección de Certificación de Licencias de la Agencia Federal de Aviación Civil.
Es cierto que las aeronaves estatales son útiles para atender asuntos de seguridad, asuntos forestales, protección civil y hasta de salud, pero la opacidad de las dependencias se puede traducir en suspicacias y en que la ciudadanía se pregunte: ¿Con qué dinero se pagan los viajes tanto del gobernador como de los senadores Ruth González Silva y Ricardo Gallardo Juárez, quienes dividen sus días de la semana entre su labor parlamentaria en Ciudad de México y los actos proselitistas a los que asisten en la entidad potosina?
Otro tema son los cada vez más numerosos funcionarios incrustados en la nómina estatal pero pertenecientes a una “legión extranjera”, cuyas raíces están a varios kilómetros de distancia de San Luis Potosí. ¿Cada cuánto visitarán sus terruños? ¿Qué medio de transporte usarán? ¿Sus sueldos alcanzarán para esas idas y venidas en caso de que existan? ¿O ya le agarraron demasiado amor al estado en el que consiguieron cargos que más de un potosino quisiera?
Que paseen por las nubes, si quieren, pero que transparenten y sobre todo, aclaren el origen de los recursos y justifiquen si son necesarios esos traslados que cada vez cobran más notoriedad.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
