Fernanda Durán
Durante más de seis meses, Graciela García, paciente renal y madre de un menor de edad, vivió con un catéter vencido en su cuerpo. El dispositivo fue colocado tras una fallida cirugía en la Clínica 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde desde febrero de este año ha enfrentado postergaciones, cancelaciones y omisiones médicas que deterioraron su salud y la orillaron a buscar atención por su cuenta. Hoy pide que se le brinde la atención adecuada como derechohabiente y que al menos se le autorice el traslado a otro estado para recibir la cirugía que necesita.
En entrevista, relató que el 18 de febrero la operaron para sacarle una piedra del riñón, pero no pudieron porque era demasiado grande y el IMSS no cuentan con un láser flexible para romperla, como solución provisional, le colocaron un catéter doble J con la idea de evitar complicaciones mientras se definía un nuevo procedimiento. Sin embargo, la falta de recursos, la carencia de personal médico y la negativa institucional a facilitar alternativas agravaron su estado.
Pese a que este tipo de catéteres no debe utilizarse por más de cuatro meses —y sólo con seguimiento constante—, Graciela lo portó seis meses completos.
“El catéter se encarnó un poquito en el riñón. Sí, me causó ciertos problemas, de hecho en este momento y no le miento, en este momento tengo el dolor fuerte fuerte del lado izquierdo, mucha fatiga, dolor de espalda, ya no puedo trabajar, mi trabajo es muy pesado y la espalda me duele bastante sentada, parada, es una fatiga y un cansancio que pues Dios si no quiera que se me hayan dañado los riñones, porque pues nada más era una piedrita lo que me iban a quitar”.
Graciela sostiene que antes de la cirugía sus riñones se encontraban en buen estado, algo que afirma le fue confirmado por su urólogo, quien descartó la opción de una intervención abierta debido a que sus órganos estaban sanos, pues le explicó que abrir el riñón comprometería su funcionamiento y lo reduciría hasta un 60 por ciento, por lo que no era recomendable realizar una cirugía tan invasiva en un órgano que aún trabajaba adecuadamente.
“Eso a mí me garantiza que mis riñones estaban bien antes de la cirugía de la piedrita”.
Ante la ausencia de seguimiento por parte del IMSS, ahora busca una valoración externa con un nefrólogo para saber si hubo daño derivado del tiempo que pasó con el catéter vencido.
Rechazada en Monterrey, sin respuesta en San Luis
Tras la cirugía fallida, el urólogo que la atiende, identificado como el doctor Orozco, tramitó una transferencia a un hospital del IMSS en Monterrey, donde sí cuentan con láser flexible, pero meses después recibió la respuesta, su caso no era considerado urgente.
“La persona que está encargada de eso en la Clínica 50, lo pone escrito. Él me dijo que se me rechazó la cirugía, porque no es una cirugía de gravedad y se puede hacer aquí en San Luis. Y aparte no le entendían a la letra del doctor, que para el próximo envío el doctor escribiera bien, entonces este, pues prácticamente fue un rotundo no, después de dos meses de espera que me mandaran a Monterrey”, lamentó.
Ante la falta de opciones, consideró pagar por la renta de un láser externo para que el procedimiento pudiera realizarse en San Luis.
“La renta costaba 14 mil 600 pesos (…) cuando yo fui a solicitar el acceso, la persona encargada ahorita de la dirección me dijo que no porque ella no quería tener problemas porque es una institución que no debe de pedir algún medicamento, algún aparato para una cirugía, entonces ellos podrían tener problemas si ellos me dejaban pasar el láser, pero yo lo hice, porque a mí me lo sugirió el urólogo”.
Cirugía cancelada y atención por practicantes
Su cirugía para retirar el catéter estaba agendada para el 1 de julio, pero fue cancelada minutos antes de entrar al quirófano.
“Me voy con la directora que es la doctora Corona y me dice, pues que por el momento no se me podía dar el servicio porque el seguro no contaba en ese momento con urología, porque andaban de vacaciones (…) me dijo ‘el doctor llega para tal día de vacaciones, usted venga a buscarlo y a ver qué le dice”, recordó.
Cuando se le informó que no había urólogos disponibles para realizar la cirugía, Graciela pidió una explicación. “De hecho me hizo el comentario que los doctores no quieren trabajar en el IMSS, porque no les llega su paga. Entonces uno como derechohabiente, pues paga el seguro semana tras semana y no le pagan a los doctores, es una cosa que a lo mejor dirección no puede arreglar, pero pues eso fue lo que me dijo”, recordó.
Esa fue la razón que recibió al preguntar por qué no había personal de guardia durante el periodo vacacional, lo que según observó afectó no solo su procedimiento, sino el de muchas otras personas en lista de espera. En esa misma jornada se suspendieron otras cirugías por falta de especialistas como oftalmólogos y ortopedistas.
Regresó el 14 de julio con la esperanza de reprogramar, pero la directora estaba ausente y el médico en turno le informó que no podía agendar nada.
“Ya no podía hacer, solo gotas con sangre. Me dijo que fuera a urgencias, pero ahí no hay ni una torunda con alcohol. Los médicos son puros pasantes. Un doctor de planta no hay”.
La intervención finalmente se llevó a cabo el 24 de julio, pero no estuvo exenta de irregularidades, Graciela relató que fue una médica pasante quien ejecutó el procedimiento, mientras que el doctor titular solo supervisaba, lo mismo ocurrió con la anestesia: un practicante intentó aplicarla en varias ocasiones sin éxito.
“Me pusieron cuatro piquetes de anestesia, el primero lo hizo, pero no lo hizo bien, una segunda oportunidad lo volvió a hacer y no quedó bien, una tercera oportunidad lo volvió a hacer y no quedó bien. El doctor le estaba diciendo es que te cruzaste, le estaba dando indicaciones de cómo lo hiciera cuando iba a hacer una cuarta vez, yo le dije al doctor ‘disculpe, pero me la puede hacer usted porque yo ya estoy muy lastimada, esto duele mucho, estoy sentada y corre en riesgo de qué me lastime”. Fue hasta entonces que el médico intervino directamente.
“Ahí estaban los doctores titulados, pero quienes realizaron todo fueron practicantes”, añadió.
Desde entonces, sufre de dolor en la espalda baja, fatiga y dificultad para respirar, además de un dolor de cabeza persistente que atribuye a un posible daño en un nervio durante la anestesia, luego de una revisión general de un especialista al que debió acudir ante la omisión de atenciones.
Déficit estructural, visible en todo el estado
Además de su experiencia personal, Graciela ha constatado que la crisis de personal y equipo no es exclusiva de su clínica. “Yo he estado leyendo y no nada más aquí en la ciudad, sino a nivel estatal hay muchas quejas. No hay doctores, no hay medicamentos. Ese día que me cancelaron la cirugía también se cancelaron operaciones de oftalmología, ortopedia, no había urólogos ni oftalmólogos ni ortopedistas”.
Relató que incluso pacientes provenientes de municipios como Moctezuma fueron rechazados en la Clínica 50 por no contar con radiólogo disponible, a pesar de tener ya el aparato para los estudios, “la respuesta fue venga a reprogramar fecha porque sí, tenemos el aparato, pero no tenemos la persona que lo sepa hacer”.
Citas hasta 2026 y gastos imposibles
Graciela fue dada de alta sin indicaciones claras ni seguimiento. Cuando acudió a solicitar cita con su urólogo, le dijeron que sólo habría espacios disponibles hasta enero de 2026, y que, según su experiencia, para obtener una ficha deberá formarse desde la madrugada y posiblemente acudir varios días seguidos.
“Nada más atienden a 30 personas que vienen en la fila y ya las de atrás ya no alcanzaron, venga mañana. Y hasta que le toca la suerte de darle su cita, entonces hasta que le toca, pues ya va a enero, ya va a febrero, ya va marzo, ya va abril y ya le toca entre mayo y junio y eso si bien le va, porque es bastantisima gente para un solo doctor”.
Mientras tanto, ha tenido que pagar medicamentos y consultas por fuera por infecciones, antibióticos y estudios.
“Un medicamento me costó 2 mil pesos, solo uno. Aparte consultas y analgésicos. Ahorita estoy haciendo tandas porque si no me atienden pronto, mi salud puede empeorar más. Ya no tengo opción”.
De acuerdo con estimaciones de costos en hospitales privados de San Luis Potosí consultados por este medio, una cirugía renal con láser puede superar los 170 mil pesos, incluyendo hospitalización, anestesia, honorarios y estudios preoperatorios.
“Estoy haciendo unas tandas que tengo pensado juntar 70 mil pesos que me cuestan la cirugía para poderme operar acá afuera”, expresó Graciela mientras recordaba cuáles son los gastos que ha tenido que llevar fuera del IMSS derivados de la negligencia.
A lo largo de este proceso, su mayor temor no ha sido el dolor, sino el futuro de su hijo de 13 años. “Y si Dios no lo quiera, y esto se convierte más grave, pues que va a ser de él porque ya cuando uno está con una insuficiencia renal o diálisis hemodiálisis, pues uno ya no puede trabajar y eso es lo que me preocupa”.
Reconoce que en años anteriores fue bien atendida por el IMSS, pero lo que ha vivido recientemente refleja una caída profunda en la calidad del servicio.
“Antes me atendían bien. Incluso tuve a mi hijo ahí, en su momento me quitaron atendieron a mi, pero desde la pandemia todo se fue a pique. Las enfermedades no se agravan por lo que son, sino por los tiempos tan largos entre una consulta y otra”.
A pesar del desgaste físico y emocional, Graciela ha intentado que su caso se escuche. “Le he escrito muchas veces al gobernador por Facebook, sí le hecho saber la falta de medicamento, la falta de doctor, la negligencia por la cual pasé. Le escribía todo el tiempo, yo creo que ya veía mis comentarios y ya decía ‘ahí está otra vez’, (…) pero solamente lo que pido que que se me dé la atención, a lo mejor tampoco le compete en todo este al señor gobernador, pero pues él tiene que abogar”.
La señora Graciela insiste en que no busca privilegios, solo que se le garantice el acceso a un procedimiento que el propio IMSS no ha podido brindarle. “Me gustaría que me enviaran a Monterrey, porque allá tengo familiares que han sido operados sin problema. Nada más pido que me hagan el envío, que me quiten mis piedras y ya. No les estoy exigiendo otras cosas, solo lo que me corresponde, lo que por derecho deben brindarme y no nada más a mí, a muchos pacientes”, expresó.
Su caso refleja el desgaste de quienes, aún siendo derechohabientes, deben luchar por obtener una atención médica básica y digna.
