Desiree Madrid
Integrantes del Frente en Defensa de la Economía y la Dignidad Familiar solicitaron públicamente la instalación de una oficina de enlace para la certificación de la CURP en el municipio de Matehuala.
Mediante una rueda de prensa, los voceros del movimiento detallaron que la falta de esta oficina ha generado afectaciones graves a miles de personas, tanto en lo económico como en el ejercicio de sus derechos, al punto de vulnerar su acceso a servicios básicos, programas sociales y hasta intervenciones médicas.
A través de una carta dirigida a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, los ciudadanos señalaron que obtener una CURP certificada representa un gasto considerable debido a que los lugares más cercanos para realizar el trámite son Ciudad Valles (a 360 km), San Luis Potosí (a 190 km), o Charcas (a poco más de 100 km).
“Hasta ahora desconocemos el motivo por el que las instancias estatales o federales determinaron que la certificación de la CURP se hiciera solo en estos lugares”, señala el documento firmado por más de 5 mil personas.
Durante la rueda de prensa, Ariel Chávez, uno de los portavoces, relató que desde marzo han recabado miles de firmas y documentación ciudadana como parte de una estrategia para visibilizar el problema.
“Nosotros recabamos más de 5 mil firmas con CURP y clave de elector verificables. La RENAPO nos autorizó un plan piloto y juntamos 1 mil 600 solicitudes que incluían actas de nacimiento y CURP no certificadas”, explicó.
Sin embargo, denunció que el proceso ha sido entorpecido por el Registro Civil del Estado, pues de esos 1 mil 600 trámites, apenas el 7.5 por ciento ha sido respondido.
Jorge Vázquez, otro integrante del grupo, subrayó que hay graves inconsistencias y errores en los datos oficiales.
“Hay duplicaciones, errores en fecha de nacimiento o en el sexo registrado, y eso obliga a la gente a trasladarse kilómetros para corregir algo que debería resolverse localmente”, denunció.
Calculan que en Matehuala al menos 30 mil personas no cuentan con su CURP certificada, lo que representa el 30 por ciento de la población municipal. A nivel regional, estiman que el problema afecta al menos al 50 por ciento de los habitantes del Altiplano Potosino.
Además de la carta a la Presidencia, entregada el 24 de abril, presentaron la misma solicitud ante la Secretaría General de Gobierno el 5 de junio y, posteriormente, al gobernador Ricardo Gallardo Cardona el 20 de junio.
A la fecha, no han recibido respuesta formal de las autoridades estatales.
“La falta de atención es una omisión grave que vulnera el derecho a la identidad”, reclamaron los voceros.
Agregaron que en Charcas, uno de los pocos municipios autorizados, se cobra hasta 311 pesos por el trámite, aunque por ley debería ser gratuito.
Silvia Castillo, vecina del centro de Matehuala, relató casos de personas que no pueden inscribir a sus hijos e hijas en escuelas, recibir atención médica, ni acceder a programas como el de fertilizantes o apoyos para personas con discapacidad, debido a la falta de una CURP certificada.
“Hay coyotes que cobran hasta 4 mil pesos por resolver el trámite. Es desesperante ver a madres que no pueden costear el viaje a San Luis o a Charcas solo para arreglar esto”, dijo entre lágrimas.
El colectivo anunció que volverán a acudir a la Ciudad de México para reiterar su solicitud a la Presidencia de la República y presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que la falta de acceso a este servicio representa una violación al derecho a la identidad y un trato desigual.
“Esto no es político, no somos de ningún partido ni buscamos reflectores. Solo representamos a miles que están siendo ignorados”, subrayaron los integrantes del Frente.
Aunque reconocen que el gobierno municipal de Matehuala también solicitó esta oficina y recibió una respuesta informal positiva, los ciudadanos exigen claridad, fechas y acciones concretas.
“No queremos promesas, queremos una oficina funcionando. No pedimos favores, exigimos derechos”, sentenciaron.
