María Ruiz
Las regiones de la capital y su zona metropolitana, la Huasteca y el Altiplano, especialmente Matehuala, han sido identificadas como los principales focos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en San Luis Potosí.
Así lo señalaron integrantes de la iniciativa Juntas por una Vida Libre, una red conformada por colectivas feministas y defensoras de derechos humanos que busca erradicar este tipo de violencia.
En conferencia de prensa, representantes de Mujer Labrys, Lúminas A.C. y Las Matses, transformando juntas —entre ellas Janeth Alejandra Vargas Pillado, Fátima Alvizo, Mónica Reynoso y Luisa Rojas Méndez— advirtieron que esta problemática constituye una emergencia de derechos humanos en el estado, marcada por la impunidad, el silencio institucional y la falta de acceso a justicia.
Fátima Alvizo, de Lúminas A.C., explicó que las carpetas de investigación colocan a la zona metropolitana de la capital como la de mayor incidencia en delitos sexuales contra infancias.
Sin embargo, aclaró que esta estadística no necesariamente refleja la realidad completa, sino solo lo que logra registrarse legalmente.
“Hay un sesgo importante, porque en otras regiones del estado como la Huasteca ni siquiera existe una fiscalía especializada en delitos sexuales, lo que impide documentar adecuadamente los casos”, puntualizó.
Es en la zona Huasteca donde hay una alerta constante debido a que persisten las uniones tempranas forzadas. Aunque el matrimonio infantil está legalmente prohibido, siguen ocurriendo vínculos entre niñas y hombres adultos, muchas veces justificados como relaciones afectivas.
“Las niñas son forzadas a convivir con hombres mucho mayores. Parecen relaciones de pareja, pero claramente no lo son. Es violencia sexual encubierta”, afirmó Alvizo.
De igual forma, uno de los casos más graves se ha documentado en Matehuala, donde se registró un embarazo infantil con una gran diferencia de edad entre la víctima y el agresor.
Según Alvizo, cualquier embarazo antes de los 15 años debe considerarse como producto de violencia sexual.
La región Altiplano, dijo, refleja con crudeza las barreras que enfrentan niñas y adolescentes víctimas: falta de acceso a la justicia, silencio institucional, estigmas sociales y obstáculos para interrumpir legalmente un embarazo producto de abuso.
Frente a este escenario, las colectivas lanzaron la red Juntas por una Vida Libre, un esfuerzo financiado y acompañado técnicamente por Rise Up e Hispanics in Philanthropy. Su objetivo es articular organizaciones, madres de familia, adolescentes y defensoras en una estrategia común contra la violencia sexual infantil.
“Queremos romper el silencio, porque esta violencia impide que las personas se desarrollen con plenitud. Es estructural y sistemática, y necesitamos nombrarla y enfrentarla”, explicó Alvizo.
Aunque la pobreza es uno de los factores que propician uniones forzadas, no es la única causa. Las voceras coincidieron en que existe un entramado cultural que normaliza la maternidad temprana como único destino para las niñas.
“El Estado no garantiza a las niñas un plan de vida, y entonces se les educa para encontrar identidad siendo madres o esposas. Esa narrativa nos atrapa y nos vulnera”, denunció Alvizo.
Además, insistieron en que los embarazos infantiles y adolescentes no deseados afectan de forma irreversible el acceso a la educación, al trabajo y al desarrollo pleno.
