Fernanda Durán
Con pancartas, consignas y un comunicado dirigido al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Arturo Morales Silva, un grupo de jubiladas y jubilados del Poder Judicial se manifestó este jueves a las afueras del edificio sede para exigir la aplicación inmediata del incremento salarial del 2.1 por ciento autorizado desde febrero de 2024 y que sigue sin reflejarse ni en las nóminas del personal activo ni en sus pensiones.
“Presidente del STJE, entienda lo que significa movilidad de incremento autorizado 2024, 2.1 por ciento. Lo requiere Pensiones para pagar a los jubilados”, se leía en una de las cartulinas que portaban las manifestantes en la explanada del poder judicial.
Mientras otra pancarta señalaba:
“Presidente, exigimos su correcta interpretación del artículo 60 fracción II de la Ley de Pensiones. Su negligencia perjudica a los jubilados”.
De acuerdo con las personas manifestantes, el incumplimiento no solo vulnera sus derechos como adultos mayores, sino que constituye una omisión legal grave, pues la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado establece la movilidad de las pensiones en los mismos términos que los incrementos aplicados a los trabajadores en activo.
“Que estudie y entienda bien el artículo 60, la fracción 2, que habla sobre la movilidad. Mientras él no le pague a los activos, a los jubilados no nos pueden pagar en Pensiones. Ese es el motivo que nos tiene aquí”, explicó Ana Luisa Morales Lara, representante del colectivo de jubilados del STJE.
Durante la protesta, Morales Lara denunció que al día de hoy se acumulan 19 meses de adeudos por concepto del incremento salarial retroactivo, correspondiente a 2024 y lo que va de 2025, con un impacto estimado de más de 3 millones de pesos solo en lo relativo a pensiones.
Señaló que el pago a jubilados no es posible mientras no se regularice la nómina del personal en activo.
“Nosotros dependemos única y exclusivamente del salario que percibimos cada mes, y necesitamos ese aumento del 2.1 por ciento autorizado desde el 2024. Ya viene el aumento de 2027 y cada año que hay aumento tenemos que hacer movimiento, tenemos que pedirle al presidente que nos haga el favor de enviar el tabulador adecuado a Pensiones”, agregó Morales.
Además, acusó que a quienes recientemente han sido jubilados se les han omitido pagos devengados por ley, como el finiquito, la antigüedad y la compensación por jubilación:
“Ya nada más les hablan y les dicen: te voy a dar tanto y olvídate de los otros pagos que estaban legalmente reconocidos”, sostuvo.
Las personas manifestantes denunciaron “omisión, negligencia y poco interés” por parte de Arturo Morales Silva, a quien señalan de pretender heredar el problema a la próxima presidenta del tribunal, Lourdes Sarahi Zarazúa Martínez, que asumirá funciones en septiembre.
“Lo que nos urge a los jubilados es que se pague a los activos para que el director de Pensiones esté en posibilidades de pagarnos a nosotros. Eso es lo único, porque verdaderamente algunas jubiladas ya no tenemos temas del Supremo, pero pues aquí nos tienen. Eso es muy triste, el que tengamos que estar peleando de esta manera para que seamos pagados en lo que nos corresponde”, declaró Morales Lara.
También reprochó que el magistrado presidente no ha realizado gestiones efectivas ante la Secretaría de Finanzas o el Congreso del Estado para garantizar los recursos necesarios para el pago de nómina pese a que, según afirmó, los jubilados se han ofrecido a acompañarlo en dichas diligencias:
“Él debe ya hacer los trámites necesarios con las autoridades que corresponden. Si de verdad no tiene el presupuesto, debe hacer las gestiones porque eso lo obliga su cargo. Su firma sola no cuenta; tiene que darle seguimiento. Ya le dijimos que lo ayudamos, pero dice que esa no es su forma de trabajar; entonces ni ayuda ni se deja ayudar”, sostuvo.
La representante de los jubilados recordó que en una reunión previa, Morales Silva se limitó a decir que “no tenía dinero” sin proponer soluciones. Ahora, el tiempo se agota.
Una trabajadora de confianza también participó en la protesta y denunció que, a diferencia de los magistrados, el personal administrativo carece de acceso a bonos e incrementos salariales:
“Los magistrados sí tienen derecho a un aumento, a bonos. ¿Y los demás? Nosotros que somos lacayitos, pues no tenemos derecho a nada”, dijo en tono crítico.
De acuerdo con la Ley de Pensiones citada por los inconformes, el derecho a una pensión móvil implica que los jubilados deben recibir automáticamente el mismo incremento que se aplique al personal en activo.
No obstante, el director de Pensiones del Estado, Luis Arturo Coronado Puente, ha declarado que no puede cumplir con ello mientras no se refleje formalmente ese aumento en la nómina del Poder Judicial.
Las personas manifestantes reiteraron su llamado urgente a que se regularicen los tabuladores salariales publicados desde el 2 de julio en el Periódico Oficial del Estado y que “no se han cumplido en la práctica”.
“Estamos solicitando al presidente del STJE que entienda e interprete correctamente el artículo 60 fracción II de la ley, y aplique en forma inmediata dicho pago, para que podamos actuar ante Pensiones en consecuencia y se nos regularice nuestra pensión mensual”, concluye el documento firmado por jubilados y pensionados del STJE, representados por Ana Luisa Morales Lara.
