María Ruiz
La declaratoria especial de ausencia, es un trámite indispensable para regularizar la situación jurídica y patrimonial de los seres queridos de personas que no han sido localizadas, y en la entidad potosina se han iniciado mensualmente más de tres de estos trámites desde que inició el 2025.
Miguel Ángel García Amaro, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), explicó que la declaratoria de ausencia se solicita cuando una persona desaparece por un tiempo prolongado y no hay certeza sobre su paradero, ni información que confirme su fallecimiento.
“Este procedimiento se inicia con la denuncia formal y requiere la publicación de edictos para notificar a posibles interesados, además de agotar todas las etapas legales que marca la ley,” detalló.
El trámite es fundamental para que las familias puedan acceder a derechos legales como la administración de bienes, pensiones o la tutela de hijos, ya que sin esta declaratoria, la situación legal de la persona desaparecida queda en un limbo que dificulta la vida cotidiana de quienes quedan atrás.
En lo que va de 2025, la CEEAV ha gestionado alrededor de 25 trámites de declaratoria especial de ausencia. Sin embargo, el Poder Judicial solo ha emitido cinco sentencias en estos casos durante el mismo período, lo que refleja la complejidad y duración del proceso judicial.
Aunque no existe un número exacto de víctimas indirectas —familiares y personas cercanas a los desaparecidos— estas se concentran principalmente en las zonas urbanas, la región Centro de la capital y la Huasteca Potosina, lugares donde la densidad poblacional y la incidencia delictiva relacionada con desapariciones son mayores.
“La mayoría de las personas desaparecidas son jóvenes, mientras que las mujeres —madres, esposas, abuelas— son quienes asumen la responsabilidad de los trámites legales y la búsqueda,” señaló García Amaro. “Este contraste refleja la carga emocional, social y legal que enfrentan las víctimas indirectas, quienes necesitan acompañamiento y apoyo integral.”
Además del asesoramiento legal, la CEEAV coordina con otras instituciones para garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud y la asistencia social a quienes sufren las consecuencias indirectas de la desaparición.
