Yasmín Esquivel llama a jueces electos en SLP a “atender a la gente”

Foto: Desiree Madrid

Fernanda Durán

En su visita a San Luis Potosí, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, sostuvo un encuentro con magistrados, magistradas, jueces y juezas electos para dialogar sobre los retos que plantea la reciente reforma judicial, cuyo nuevo modelo entrará en vigor a partir del 1 de septiembre a nivel federal y el 15 de septiembre en el ámbito local.

La ministra destacó que su presencia tuvo un doble propósito: agradecer el respaldo ciudadano que recibió en la elección del pasado 1 de junio y exponer a los próximos juzgadores las responsabilidades que implicará este nuevo paradigma de justicia.

“Si ellos fallan, los jueces y magistrados electos, falla la reforma. Les voy a sintetizar en dos palabras lo que deben hacer: atender a la gente”, subrayó.

Esquivel Mossa señaló que la reforma judicial no concluyó con la elección de jueces y magistrados, sino que apenas inicia una etapa en la que será indispensable “una nueva visión de la justicia, que se transforme la justicia” y que ponga en el centro la dignidad de las personas.

Recomendó a las y los futuros juzgadores abrir las puertas de los tribunales, orientar a la ciudadanía y realizar recorridos periódicos por las colonias de su jurisdicción.

En el ámbito técnico, precisó que una persona juzgadora que aspire a tener una magistratura debe integrar un nuevo expediente, aprobar evaluaciones y cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución, como el promedio mínimo académico, salvo cuando busque reelegirse en el mismo cargo.

Respecto a la elaboración de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial local, sugirió tomar como referencia el modelo federal, pero adaptarlo para garantizar una justicia “de vanguardia” y con procesos ágiles, así como comprensibles para la ciudadanía.

También llamó a fortalecer los medios alternativos de solución de controversias para reducir la carga de expedientes, pues la Constitución ya establece un plazo máximo de entre seis meses y un año para resolver los asuntos, con supervisión del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá sancionar a juzgadores que incumplan sin causa justificada.

Sobre las críticas nacionales y locales al proceso electoral judicial, pidió no descalificar la reforma antes de su entrada en funciones.

“Demos la oportunidad para que empiecen a desarrollar su trabajo y entonces podamos determinar si el sistema necesita ajustes y hacer una evaluación del sistema si necesita algunas reformas”, expresó, reiterando que la legitimidad del nuevo modelo dependerá del desempeño de quienes asumirán funciones en septiembre.