Fernanda Durán
El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, consideró poco probable que prospere la controversia constitucional promovida por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) contra el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), al señalar que la Constitución obliga a todos los entes que reciben recursos públicos a ser fiscalizados.
Gámez Macías coincidió con la postura del IFSE al señalar que “es probable que no prospere porque todos los sujetos obligados, o todas las personas que reciben recurso público, dice la Constitución que deben de ser fiscalizados. Entonces, yo no veo tema, vamos a esperar a ver cómo resuelve, y lo que resuelva se acatará”, expresó.
Al ser cuestionado sobre si la fiscalización debería aplicarse también a los recursos propios de la UASLP —motivo central de la controversia—, Gámez Macías sostuvo que estos provienen, probablemente, de bienes patrimoniales o de aportaciones de la comunidad estudiantil, lo que a su juicio los hace sujetos de revisión.
Añadió que la transparencia en el manejo de los recursos genera confianza en la sociedad y fortalece la administración pública.
“Creo que el que nada debe, nada teme, y si hay una transparencia en el manejo de los recursos públicos, pues le ayuda a la sociedad a tener claro cómo se están comportando sus autoridades, a generar confianza, y yo creo que la confianza es la base del éxito en la administración pública”.
En otro tema, Gámez Macías informó que ya solicitó formalmente auditorías especiales contra el organismo Interapas y contra el Ayuntamiento de San Luis Potosí, que había anunciado en semanas anteriores.
“Vamos a esperar los resultados y en cuanto haya resultados se los vamos a informar, porque propiamente lo que exigimos es eso, ¿no? Es que haya transparencia en el uso de los recursos públicos, porque al final son recursos de todos los ciudadanos. Yo creo que no debe esconderse ningún recurso público, el patrimonio es de todos, y debemos de ir siempre orientados hacia la transparencia y la rendición de cuentas, todos los que nos decidamos a sumarnos o a prestar nuestros servicios a la administración pública”.
