Por Victoriano Martínez
La intención del gobierno del Estado confabulado con la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras por mantener un pago mínimo por la ocupación de tierras ejidales de El Peyote y Peotillos para el proyecto carretero de cuota Entronque 75 D-Matehuala no sólo los ha llevado a romper el acuerdo con la Procuraduría Agraria Nacional (PA), sino a provocar un alto riesgo de confrontaciones entre los ejidatarios.
Aunque desde el gobierno estatal se pretenda hacer pasar como que se cumplió con la PA al haberse reunido con Victor Suárez Carrera “la semana pasada”, se da el caso de que en los hechos la reunión del 5 de agosto en la que se tomaron los acuerdos hoy se menciona como si en ella misma se cumplieran.
Desde la versión que dio Suárez Carrera a los ejidatarios, en esa reunión se acordó que la PA daría un acompañamiento puntual a los ejidos El Peyote y Peotillos para la revisión de las convocatorias necesarias a asambleas, la revisión de los expedientes propios de la negociación y el cuidado de las formas y los modos en los que se llegaran a los acuerdos.
Al afirmar el gobierno estatal que en la reunión del 5 de agosto se atendió el asunto de El Peyote no sólo se incurre en alterar el sentido que tuvo como punto de partida de los acuerdos por cumplir, sino que además se omite que no sólo se trató el caso de ese ejido, sino que también los acuerdos incluyeron al Ejido Peotillos.
Más tardó el gobierno estatal en llegar a esos acuerdos con la PA que en comenzar a maniobrar para romperlos. La convocatoria que desde el viernes circuló entre los ejidatarios de El Peyote para informarles avances sobre negociaciones con el gobierno estatal y la empresa sin tomar en cuenta a la PA fue confirmada en la asamblea del pasado lunes por el comisariado ejidal.
Severo Rosales Medrano, presidente del comisariado ejidal de El Peyote, durante la asamblea de este lunes le contó a los ejidatarios que el jueves 7 de agosto se reunió con representantes de la empresa, de gobierno del estado y de la Junta Estatal de Caminos, quienes le propusieron reiniciar las negociaciones y estar dispuestos a pagar un poco más cara la tierra, y a realizarles algunas obras cuando ya opere la autopista, además de pedir que se deslindaran de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
Le advirtieron que en caso de no aceptar, modificarían el trazo carretero para no cruzar su ejido y hasta mencionaron alguna “carreterita” por algún espacio del lado del Ejido La Tapona. Una postura de chantaje antes que alternativa real que se aplicó en otros ejidos para convencerlos, pero que en Peyote no tuvo ese efecto. Una alternativa que además modifica el proyecto de Manifestación de Impacto Ambiental y frenaría su autorización.
“¿Quieren que vengan o no a negociar?”, preguntó Rosales Medrano con la intención de tener negociaciones sin la intervención de la PA ni de los asesores legales, especialmente los Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
“¡No!”, se escucharon varias voces entre un intercambio de acusaciones a gritos. “Que se vayan por donde ellos quieran”. “Basta de que nos pongan el pie encima y nos trate como de última categoría”.
Entonces surgió el caso del Ejido Peotillos, que también tendría que estar contemplado sobre sus propias negociaciones, pero que uno de los asistentes dio un indicio de las razones por las que en ese caso no comenzaron a operar con tanta notoriedad las maniobras aplicadas en El Peyote.
“Él (Guillermo Zárate Cura, presidente del comisariado de Peotillos) se le presentó a la empresa y le dijo ‘si aquí no pagas lo que te pedimos, no pasas’, eso es como se debe manejar un comisariado. No necesariamente tiene que estar la gente luchando por sus derechos, el comisariado tiene que estar al frente defendiéndonos”, le reclamó a Rosales Medrano.
“¿Por qué te tomaste solo las atribuciones de quitar a los compañeros licenciados (Guardianes) que toda la asamblea puso?”, le cuestionó otro ejidatario. “Usted no se manda solo”, le dijo alguien más.
Rosales Medrano aseguró que los quitó por agitadores, ser abogados que se guían por puras mentiras, además de que “ellos se venden”. Los ánimos subieron de tono, con señalamientos y actitudes que por momentos parecía inminente el surgimiento de la violencia.
Al final se permitió la intervención de los Guardianes y se acordó que la postura de negociar a partir de 400 pesos por metro cuadrado en efectivo y con obras sociales se mantiene firme.
Una exigencia que entre los ejidatarios tiene un respaldo jurídico: durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se establecieron en diversas leyes disposiciones para proteger a ejidatarios y comuneros del avasallamiento empresarial que, en el caso de autopistas, incluyen disposiciones para que en los territorios afectados los habitantes cuenten alternativas de desarrollo económico.
Tanto los grandes empresarios carreteros como quienes hoy ya abusaron de 16 ejidos y pretenden hacerlo contra El Peyote y Peotillos, como gobiernos proempresariales como el de Ricardo Gallardo Cardona, han ignorado intencionalmente esas disposiciones que ahora los ejidatarios pueden hacer valer en la negociación.
Como lo resumió uno de los testigos de la asamblea. Alerta roja, espiral de violencia. Culpables, el gobierno del estado y la empresa. Víctima, el Ejido El Peyote.
