Abelardo Medellín Pérez
Cuando el ciudadano promedio recibe la promesa del “desarrollo”, la expectativa del ciudadano promedio suele ser una mejor calidad de vida, una atención prioritaria a los servicios y las vías para acceder a ellos y la regeneración de los espacios que compartimos con los demás, lamentablemente, lo que para nosotros es el compromiso con una vida mejor, para la clase política puede significar simplemente favorecer intereses y elaborar obras vistosas.
La clave del desarrollo en tiempos del actual gobierno es la simulación. No tenemos un sistema de movilidad con enfoque social, tenemos sistemas de Metro financiados de manera opaca; no tenemos planes integrales de atención a grupos vulnerables, tenemos despensas mal llamadas “becas”; no contamos con vinculación entre grupos empresariales y la población civil organizada, tenemos compartimentación: los empresarios se atienden en el Centro de Convenciones y al pueblo se le recibe, con esfuerzo, en los eventos propagandísticos del gobierno; no tenemos un gobierno que sirva a la gente, tenemos una cacicazgo que se sirve de la gente.
Este tipo de simulaciones no han sido diferentes en los proyectos a largo plazo. Con cada nueva idea, cada nuevo proyecto de gran calado, el gobierno prefiere fingir que pregunta a la gente y luego imponer lo que mejor le convenga; cualquier cosa menos planear, consultar, analizar, aplicar y evaluar. El gobierno no decide con base en criterios sociales y técnicos, sino siguiendo como mandato lo que sea que decida el jefe del ejecutivo.
El más reciente ejemplo de esta administración unilateral de la cosa pública es el Programa Metropolitano y de Zona Conurbada de San Luis Potosí, el cual incluye a siete municipios: San Luis Potosí, Villa de Pozos, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona, Cerro de San Pedro, Villa de Reyes y Zaragoza.
El Programa fue subido a un Dropbox de acceso abierto (pero que no permite descargar el archivo) rumbo a las consultas para revisar con la ciudadanía su contenido, y en esta versión se advierte una desigual manera de ordenar prioridades y atender problemas ya detectados.
El documento inicia con una somera descripción del territorio que contempla esta nueva mega zona metropolitana de siete municipios, misma que concentra el 49 por ciento de la población del estado en apenas el 7 por ciento del territorio total de la entidad, mismo espacio que aglutina el 53 por ciento de la población económicamente activa.
Tras la descripción, se avoca a realizar un diagnóstico de los principales problemas, en el cual concluye que los esfuerzos de las políticas metropolitanas se deben enfocar territorialmente en cuatro aspectos: “suelo, vivienda, movilidad y agua”. Esto no es una suposición, así lo describe el apartado 4.7 denominado “Síntesis del Diagnóstico”.
Es en el apartado de proyectos estratégicos y el de líneas de acción, donde se deja ver una evidente preferencia por proyectos de infraestructura vehicular y un talante anti movilidad como nunca antes había confesado el gobierno en turno.
En el apartado 6 de líneas de acción y corresponsabilidad interseccional, se clasifican un total de 99 acciones obras y servicios, a partir de tres criterios: su temporalidad, el responsable o responsables y su “Fuente” como definición de qué tipo de entidades u organizaciones podrán intervenir en su definición.
De toda la lista, la clasificación contempla que el único proyecto en el cual mediará una “Consulta a Colectivo Derechos Urbanos Coalición Movilidad Segura SLP”, es en el “Programa Integral de Ciclovías Interconectadas (como alternativa de movilidad)”, es decir, que hay proyecto como el “Programa de Regulación de Circulación de Tráfico Pesado al interior de las Zonas Urbanas en horarios pico”, “Crear Zonas de Transferencia Intermodal Estratégicas para el Transporte Público”, el “Puente Peatonal en Gómez Morín, Municipio de San Luis Potosí” e incluso el “Plan Integral de Movilidad Conurbada y Metropolitana Sustentable”, pero para ninguno de ellos se contempla una consultas fija y específica al colectivo de movilidad.
Lo anterior, ¡a pesar de que uno de los problemas principales detectados en el diagnóstico del programa es la movilidad misma!
Luego se revela la verdadera piedra angular del documento: el apartado 8 de Proyectos Estratégicos. Una lista de 49 proyectos, de los cuales 31 son obras dedicadas a la edificación o intervención de vías terrestres. El programa metropolitano entonces deja de atender las necesidades de los ciudadanos y directamente se revela como una elaborada excusa para dar prioridad, una vez más, a los coches.
Ampliaciones, rutas alternas, caminos, libramientos, segundos pisos, circuitos, extensión de avenidas en Ríos, carreteras, puentes, son algunos de los diversos proyectos específicos que el programa plantea para el desarrollo de la zona metropolitana. Como si el desarrollo de esta zona, que contiene ciudades, zonas escolares, parques, Áreas Naturales, sitios de esparcimientos y polos culturales, dependiera únicamente de qué tan bien tratamos a las minorías nimias que se mueven en automóvil.
En comparación con las vías terrestres los otros nueve temas (agua, educación, desarrollo industrial, movilidad, institucional, sustentabilidad, vivienda y espacios públicos) tienen en promedio tan solo 1.8 proyectos para cada uno. En total, estos nueve rubros, solo concentran 17 de los 49 proyectos, es decir, menos de la mitad de la cantidad de proyectos dedicados a las vías terrestres.
Es tan poco el interés que el gobierno puso en atender problemas verdaderamente urgentes, como la crisis hídrica o el crecimiento desmedido de infraestructura cochista, que ni siquiera les interesó incluir proyectos específicos y concretos para el resto de los temas, a tal grado que su principal proyecto en materia de educación es simplemente la instalación de un programa federal (la Universidad Rosario Castellanos).
Tal parece que el programa se nos presenta como el caballo de Troya en esta tragedia cívica que llamamos “Gobierno potosino”. Nos dan una propuesta con un cascaron de datos y diagnósticos, pero cuyo interior y sustancia giran en torno a una visión centrada en vialidades, pavimento, largas avenidas y cero perspectivas de lo que una ciudad en constante crecimiento necesitará en realidad.
Nos han dicho que uno de los principales problemas es el acceso al agua, pero destinan solo tres proyectos a esta problemática; afirman que quieren atender conflictos de movilidad, y proponen únicamente dos proyectos para dicho tema; presumen a la educación como principal motor de desarrollo y dejan el proyecto emblema del Programa en manos de la Federación.
Mientras tanto, todos los esfuerzos están puestos en los proyectos de asfalto, aquellos que pueden presumir en videos de dron y eventos masivos, aquellos que pueden pintar de verde y colocarles puentes colgantes horrendos, esos mismos proyectos viales que el gobierno podrá adjudicar a las empresas amigas y los municipios tendrán que agradecer con beneplácito obligado.
Que no nos sorprenda si llegada la hora de consultar, una diputada local decide promover como proyecto metropolitano revivir la extinta iniciativa de construir un puente colgante peatonal en la Alameda Juan Sarabia; o que un diputado federal insista en construir urgentemente una larga avenida en el Río Santiago, que conecte el rancho del gobernador con el resto de la ciudad; o quizá que un secretario o secretaria sugieran promover las carreteras de cuota, con prácticas de adquisición abusiva de tierras, como las que ahora mismo despliega y defiende el gobierno para la construcción de la nueva carretera San Luis Potosí – Matehuala.
En el caballo de troya que representa este programa, esos hipotéticos casos, dejan de ser una absurda suposición y se dibujan como una preocupante posibilidad y conato de abuso contra la ciudadanía.
Este no será un programa serio de desarrollo a menos que el proceso de consulta (¡que ya inició!) admita cambios sustanciales a los proyectos y a la lista de involucrados, a partir de las sugerencias que emanen de organizaciones no gubernamentales, grupos empresariales y sociedad civil organizada. Ojo, no solo de las opiniones de un grupúsculo alineado (especial atención aquí con el Consejo Potosí) de empresarios serviles, sino de todas y cada una de las un millón 385 mil 554 personas que habitan esta gran zona conurbada.
Con todos, todo; con unos cuanto, nada. No se admite otra fórmula ni consultas fracasadas (que este gobierno ya es experto en hacerlas fracasar), ni propuestas inamovibles, ni decisiones unilaterales ni mucho menos la rampante actitud pro cochista que, con tanto ahínco, intenta imponer el gobierno el turno como modelo de desarrollo.
Por supuesto que un gobernador con camioneta y chofer pagados por el erario estará de acuerdo en que el desarrollo es poner más calles y carreteras, nosotros no podemos darnos el lujo de creer esa mentira, al contrario, debemos participar y sacar a la clase política de su error; debemos mostrarles que, en toda esta madeja de instituciones bienintencionadas, no hay “voluntad política” que alcance para imponer aquello que a la gente no le conviene.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
