Adriana Ochoa
En casos de presunta corrupción y delitos de cuello blanco cuantiosos, se abren procesos complejos que involucran a múltiples actores, entre funcionarios públicos hasta empresarios privados. El argumento de las fiscalías expone entramados de sobornos, favoritismos en la adjudicación de contratos y desvío de fondos públicos diseñados para diluir la responsabilidad individual y distribuir las tareas ilícitas entre varias personas.
Sin embargo, en el transcurso de las investigaciones y los procesos judiciales, a menudo se manifiesta una tendencia preocupante: la búsqueda de un único chivo expiatorio, un pararrayos a donde van todas las descargas. El indicio es lo de menos. El papel de imputado único en una trama corrupta seguro no lo escoge nadie para sí. Los sótanos de la política son siempre laberínticos.
En algunos casos, la presión mediática o política exige resultados rápidos, llevando a las autoridades a concentrar la acusación en una sola figura. En otros, la estrategia de defensa de los implicados restantes, no siempre jurídica, busca activamente desviar toda la responsabilidad hacia un solo individuo, a cambio de “cooperación” con la justicia o inmunidad. El resultado un proceso inexplicable de trama corrupta con una sola persona bajo proceso, aunque los expedientes griten otra cosa.
Esta simplificación de un delito complejo no solo distorsiona la verdad de lo ocurrido. Al centrar la atención y la sanción en un solo individuo, la justicia, en lugar de ser un proceso de rendición de cuentas integral, se reduce a un acto de ilusionismo jurídico donde otros presuntos implicados desaparecen a la vista de todos. Todo con mucha bocina mediática para que satisfaga a la opinión pública.
Con mucho ruido, el exdiputado panista Rolando N. fue detenido en abril de 2024, con una orden de aprehensión por el delito de ejercicio abusivo de funciones. En la audiencia inicial, la Fiscalía lo señaló por haber conspirado con otros funcionarios y diputados para adjudicar obras a cambio de una porción del pago.
El expediente de Fiscalía asienta, en su imputación formulada, que a mediados del dos mil diecinueve y noviembre del mismo año, el entonces diputado estatal del Partido Acción Nacional, con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pública (Seduvop), así como quien ocupaba el cargo de Secretario de Finanzas, y dos diputados más, “acordaron la adjudicación de obras públicas a un grupo determinado de empresarios a cambio de que se les restituyera parte del pago dedichas obras”, en este caso la semaforización de Avenida Industrias en la capital del estado.
La Seduvop hizo la licitación para que ganara la empresa amiga. Una vez que se liberó el dinero, los presuntos beneficiarios pidieron la participación acordada: doce millones de pesos, “entregados en diversas cantidades en el período comprendido de junio de dos mil veinte a abril de dos mil veintiuno”.
La actual titular de la Seduvop, cuando comparece, señala que los contratos superaban un monto de 24 millones de pesos. El plazo era de 45 días para concluirlas, en agosto de 2020. La empresa promovió varios aplazamientos para iniciar los trabajos.
La funcionaria destacó que pese a que nunca se adjuntó memoria fotográfica, bitácora de obra o pruebas que acrediten el inicio de dicha obra, en Seduvop le siguieron autorizando salidas de dinero a la empresa para que continuara su supuesta ejecución, derivadas de la sola facturación.
El veintisiete de octubre de 2021, ya en la administración de Ricardo Gallardo Cardona, Seduvop realizó una inspección física del sitio de las obras materia del contrato descrito, en la avenida Industrias, “y se percata que no hay ni avance y ni siquiera una ejecución de alguna obra, motivo por el cual presenta la denuncia ante la Fiscalía General del Estado”.
El administrador de la empresa confirma que en efecto, él aceptó entrar en la trama. Los funcionarios con los que se entrevistó le prometieron que “darían dichos fallos a favor de la citada moral, para que posteriormente le dieran al citado apoderado, las instrucciones de entrega de cantidades a diversos servidores públicos, lo que el entrevistado aceptó, ya que se vería beneficiado con la asignación de diversas obras”.
El contratista presentó un testigo, su amigo y socio, quien dijo haber acudido “a las reuniones que realizaba su amigo con diversos servidores públicos y otros funcionarios, y además corroboró que su amigo efectivamente hizo entrega de la cantidad de doce millones de pesos a esos servidores públicos”.
Como diverso imputado, el que fuera titular de Seduvop en el gobierno de Juan Manuel Carreras López declara que “en noviembre de dos mil diecinueve, recibió una llamada telefónica a su teléfono oficial y que era ****** ******* ****** en la que le dice, que por instrucciones de gobernador se tenía que entregar dinero a algunos legisladores locales, a través de la obra pública”. Que buscara proyecto y le diera prisa porque había “acuerdos políticos” que cumplir. Y el exfuncionario menciona el acuerdo más urgente de pago: la elección de titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El contratista precisa fechas y montos de los pagos realizados, el último por “seis millones que entregó en abril de dos mil veintiuno, se dividió en tres bolsas de regalo de la tienda departamental Liverpool”, cada bolsa con el dinero en efectivo. La versión pública de esto no revela nombres de los tres receptores de esas bolsas en vibrante color rosa.
La defensa del exlegislador panista expuso que su cliente no fue beneficiario de ese dinero. La juez que concedió el amparo contra la prisión preventiva y el Tribunal que confirmó la sujeción a proceso sí reconocen que el beneficio económico del daño al erario se lo llevaron otros, que él no tenía facultades para adjudicar contratos, licitaciones o dar luz verde a pagos irregulares. Sin embargo, determinaron que su participación en calidad de coautor era suficiente para mantener la sujeción a proceso.
Las sentencias de amparo dejaron en el aire la pregunta lógica: si el diputado, como coautor, se ve procesado, ¿qué pasa con los otros participantes en la trama? Los de las bolsas coquetonas de Liverpool, ¿ya devolvieron el contenido? ¿Qué negociaron para salir de este embarradero? El foco ha estado en una pieza del engranaje. Y el ex titular de Seduvop, por otros casos más.
La corrupción real es una red, una maquinación, una malla, no un acto aislado. No hay tramas de una sola persona. Peligroso que normalicemos como “justicia” el clásico “no importa quién lo hizo, sino quién lo pague”.
ROLLOS SUELTOS
¿DE VACACIONES? Como si el rezago judicial no estuviera bastante craso ya, el presidente del Supremo Tribunal, Arturo Morales Silva, propuso suspender, a partir del 6 seis de agosto, el turno de nuevos asuntos los recursos de queja penal, apelación en materia civil, familiar, mercantil. Que para “facilitar la transición”, hasta el 15 de septiembre, con el nuevo orden judicial.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
