Fernanda Durán
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó de plano, por “notoriamente improcedente”, la controversia constitucional 178/2025 promovida por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) contra el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), con lo que el expediente fue archivado como asunto concluido, según la notificación publicada el 14 de agosto en la lista de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad.
Ante este fallo, la abogada general de la universidad, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, explicó que la decisión de la ministra instructora se basó en un criterio de legitimación, ya que “una de las consideraciones para que puedan entrar al fondo del asunto es que estés facultado o legitimado, que sería la expresión correcta, para interponer controversia constitucional. Lo anterior porque la Constitución prevé que esa vía solamente puede ser usada por quienes tienen reconocida la calidad de órgano constitucional autónomo”.
De acuerdo con Navarro, la universidad presentó argumentos para sostener que se trata de un órgano constitucional autónomo, pero la ministra consideró lo contrario.
“Nosotros hacemos una exposición de por qué consideramos que sí somos un órgano constitucional autónomo y la ministra instructora considera que no lo somos, hace un razonamiento respecto a que nuestra autonomía es una autonomía especial y que consecuentemente no pueden entrar al fondo del asunto, toda vez que no se reúne el requisito para acudir vía controversia, que es la legitimidad”.
No obstante, subrayó que esta resolución no cierra las posibilidades jurídicas de la institución, pues el artículo 105 de la Ley Reglamentaria prevé la interposición de un recurso de reclamación para que sea discutido en el Pleno de la Corte.
“Entonces nosotros trabajaremos la reclamación, pero es un camino que ya habíamos intentado el año pasado también. Lo que hemos estado peleando es que se nos pueda reconocer la legitimidad para que se pueda entrar al fondo del asunto, pero hemos querido seguir explorándolo, habida cuenta que se puede abrir también un debate sobre si la universidad es o no un órgano constitucional autónomo”.
La abogada insistió en que la UASLP busca que se reconozca a las universidades públicas como órganos constitucionales autónomos, lo cual permitiría debatir la competencia del IFSE para auditar sus recursos propios.
“Nos interesaría de entrada un reconocimiento, porque creemos que las universidades públicas sí son órganos constitucionales autónomos (…) en algún momento hubo una admisión que sentaba la posibilidad de que se abriera ese debate, pero luego en la reclamación la desecharon y justamente la ministra instructora en ese momento que fue Margarita Ríos-Farjat recapitulaba la importancia de abrir ese debate”.
Navarro descartó que la resolución represente riesgos inmediatos para la universidad, al señalar que han sostenido su postura y cuentan con los elementos necesarios para defenderla en caso de que el IFSE intente alguna acción, pues de ocurrir podrán argumentar que este organismo no es competente.
“Consideramos que tenemos todos los elementos que nos permiten defender en su momento oportuno, es decir, cuando ellos intenten generar alguna acción, si esa fuera el caso, defender la postura respecto a que no son competentes”.
Explicó que hasta ahora la defensa de la máxima casa de estudios se ha enfocado en impugnar actos intraprocesale como juicios de nulidad o procedimientos en el Congreso del Estado relacionados con el nombramiento de la anterior auditora, pero no se ha abierto aún un procedimiento que aborde el fondo del debate: la competencia del IFSE sobre los recursos propios universitarios.
“Lo que hemos hecho ahorita más bien es generar condiciones que nos permitan también aprovechar lo que sí ha hecho la autoridad para combatir eso que ha hecho la autoridad, pero hasta el momento pues no hemos tenido que entablar una defensa porque no ha habido el inicio de procedimientos sancionadores”, puntualizó.
