Desiree Madrid
Funcionarios del estado de Guanajuato y San Luis Potosí anunciaron una nueva alianza en materia de seguridad, que busca fortalecerá la cooperación regional contra la delincuencia organizada.
El acuerdo, firmado el pasado 11 de agosto, pretende mejorar la coordinación y la confianza entre ambos estados para enfrentar problemáticas comunes como el robo en carreteras, la búsqueda de personas desaparecidas y otros delitos de alto impacto.
El convenio, firmado por la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, y el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, se centra en el intercambio de información en la materia, la realización de operativos conjuntos y la atención de problemáticas en las zonas fronterizas.
La extensa franja limítrofe entre ambos estados incluye municipios como San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, San Felipe, Ocampo, Xichú y Victoria en Guanajuato; así como Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Santa María del Río, Tierra Nueva, Ciudad Fernández y Rioverde en San Luis Potosí.
Para el estado de Guanajuato este es el primer acuerdo en materia de seguridad, mientras que para San Luis Potosí representa el tercero, al tener acuerdos firmados previamente con Zacatecas y Tamaulipas. Se espera que esta cooperación reduzca los márgenes de operación de los grupos criminales que se mueven entre ambos territorios, cerrándoles el paso.
En el corto plazo, las autoridades prevén un incremento en la presencia policial y de fuerzas de seguridad en la zona limítrofe. La primera acción concreta será una reunión en el C-5 del municipio de Silao, Guanajuato, donde se definirán las estrategias operativas.
El representante de la Fiscalía de Guanajuato que participó de la presentación del convenio, subrayó la importancia de la confianza y la coordinación al recordar que la criminalidad no reconoce fronteras.
El intercambio de información será clave, pues compartirán: atos sobre el modus operandi de los delincuentes, nombres y expedientes de generadores de violencia, además de estadísticas criminales. Ambos estados destinarán recursos humanos y financieros, incluyendo fuerzas policiales, equipos aéreos y de comunicación. Incluso se prevé que las policías puedan cruzar las fronteras estatales durante persecuciones u operativos, siempre dentro del marco legal.
A mediano y largo plazo, la meta es reducir la capacidad de operación de los grupos criminales y generar entornos más seguros para la inversión, el empleo y el turismo en la región del Bajío.
La carretera 57, una de las principales arterias que atraviesan ambos estados, ha sido un punto crítico de incidencia delictiva, especialmente en tramos que colindan con municipios como San Luis de la Paz, San Diego de la Unión y Santa María del Río. Este acuerdo busca por igual atender problemáticas como el robo en carreteras, el robo de vehículos y la búsqueda de personas desaparecidas.
La coordinación entre ambos estados no es del todo nueva. Ya se habían realizado detenciones conjuntas entre las fiscalías como la captura de los presuntos responsables del homicidio de un exalcalde potosino, por lo que la firma del convenio formaliza y fortalece el marco legal de estas acciones.
La cooperación no se limitará a la persecución de delitos: también contempla la reconstrucción del tejido social, la atención a víctimas y la organización de ferias de seguridad en municipios fronterizos.
De igual forma, se acordó trabajar de manera conjunta en la atención a migrantes y en la búsqueda de personas desaparecidas.
