Por Victoriano Martínez
La confabulación del gobierno de Juan Manuel Carreras López con un grupo de empresarios ligado a personalidades de la política como el desaparecido ex gobernador Teófilo Torres Corzo, y con el apoyo del Poder Judicial del Estado, para despojar de parte de sus tierras a la comunidad de San Marcos Carmona para construir fraccionamientos podría ser la descripción prototípica de una de las formas de actuar de la tan señalada este sexenio como “maldita herencia”.
Un caso que combina el menosprecio a los derechos de propiedad comunal de un grupo de indígenas con el poco interés por proteger el medio ambiente al permitir que sobre las tierras apropiadas ilegalmente (y que se encuentran en litigio) se edifiquen fraccionamientos que no sólo invaden el cauce del Río Calabacillas, sino que además lo utilicen para descargar en él el drenaje.
Parte de una maldita herencia que, en contraposición, lo que se esperaba por la descalificación que esa denominación representa, era el rompimiento de la confabulación con ese sector empresarial para proteger los derechos de la comunidad de San Marcos Carmona, máxime cuando desde 2019 existían suspensiones de amparo para frenar los fraccionamientos irregulares.
Cuando en 2023 la justicia federal determinó la suspensión definitiva en los amparos promovidos por la comunidad, la reacción de los empresarios fue una estrategia de criminalización contra quienes defendían su territorio, con el apoyo del nuevo gobierno, en algo que se convirtió para las víctimas del despojo en una réplica de la maldita herencia, pero recargada.
El gobierno que se presentaba como distante de las élites empresariales tuvo en San Marcos Carmona la primera muestra de dar continuidad a prácticas de favorecimiento para ese sector privilegiado, sin importar pasar por encima de los derechos de comuneros, ejidatarios y, en este caso en particular, comunidades indígenas.
Una práctica por favorecer a empresarios inescrupulosos en la que, además, para llevarla a cabo se incurre en el incumplimiento de una de las obligaciones más trascendentes en tiempos de crisis por el calentamiento global: la protección del medio ambiente.
En San Marcos Carmona, para el gobierno de Gallardo Cardona, los intereses de los empresarios son primero, por encima de la comunidad indígena y la protección ambiental urgente para el cauce del Rio Calabacillas.
Una práctica que en el sexenio pasado tuvo otras expresiones cargadas de incongruencia como, en mayo de 2019, solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador declarar Área Natural Protegida (ANP) a la Sierra de San Miguelito para, enseguida, promover una mutilación con la construcción de la Vía Alterna.
Sí, la promoción de la Vía Alterna obligó a dejar fuera de la ANP esa parte de la Sierra de San Miguelito y, aunque después de la declaratoria el 13 de diciembre de 2021, la Federación retiró el apoyo económico para esa ruta.
El gobierno estatal –ya con Gallardo Cardona a la cabeza– asumió el costo de la obra para –otra vez– favorecer al sector empresarial, esta vez confabulado en el Consejo Consultivo Potosí. Es decir, le dio continuidad al atentado contra la Sierra de San Miguelito iniciado por Carreras López.
Los casos de San Marcos Carmona y la Vía Alterna igualan la administración de Gallardo Cardona con la forma de actuar de lo que él llama maldita herencia, pero esa línea de actuación no para ahí: la forma en que apoyó el frustrado proyecto de Ricardo Salinas Pliego en Corcovada y el apoyo que da a la autopista a Matehuala, aun en perjuicio de los ejidatarios de El Peyote y Peotillos, dan cuenta de que su preferencia por los intereses empresariales inescrupulosos supera a la de su antecesor.
Sin la más mínima esperanza de que el actual gobierno los apoye, los comuneros de San Marcos Carmona hoy se ven obligados a buscar la solidaridad ciudadana con una colecta de firmas para exigir que se respete y se hagan efectivas las suspensiones judiciales que protegen el Río Calabacillas y que el gobierno de Gallardo Cardona garantice la integridad de sus habitantes.
Y es que Gallardo Cardona acumula casos en los que antepone los intereses de empresarios abusivos en perjuicio de comuneros, ejidatarios y el medio ambiente que, antes que combatir lo que llama maldita herencia, se muestra empeñado en superar los perjuicios que aquella provocó como si buscara lograr una especie de maldita herencia recargada.