Fernanda Durán
El Congreso del Estado aprobó un exhorto para que el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) y los 59 Sistemas Municipales diseñen una estrategia que atienda directamente a las familias cuyos hijos e hijas piden dinero en calles y semáforos con el objetivo de acercarles programas sociales y de asistencia, que les permitan dejar de depender de la mendicidad y reducir los riesgos a los que están expuestos.
En el dictamen se subrayó que la mendicidad infantil no solo refleja condiciones de pobreza, sino que coloca a niñas, niños y adolescentes en una situación de vulnerabilidad extrema: desde sufrir violencia física y psicológica, hasta ser víctimas de explotación sexual o trata de personas.
Además, esta práctica les impide acceder a la educación y a un desarrollo pleno, perpetuando los ciclos de exclusión social.
“La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, exhorta de manera respetuosa al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), y a los respectivos Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de los 59 municipios, para que, en ejercicio de sus atribuciones y en apego al marco jurídico aplicable, establezcan una estrategia de acercamiento a los familiares de, niñas, niños y adolescentes que ejercen labores de mendicidad en los andenes, banquetas, semáforos o cualquier área de las calles y avenidas, y así promocionar y acercar los programas sociales y de asistencia social a personas con el objetivo de aminorar y desalentar la mendicidad infantil y generar oportunidades de desarrollo; así como también detectar la posible comisión de delitos contra las y los menores, para que, en su caso, se les brinde la protección institucional debida”.
El documento advierte que muchos menores son obligados a entregar cuotas diarias a cambio de pedir dinero, vender dulces o realizar malabares en las calles, lo que constituye una forma de explotación que suele pasar desapercibida para las autoridades.
“La mendicidad forzada es una práctica lucrativa”, expuso la vocera para América Latina de la asociación no gubernamental A21, Angie De Luna citada en la propuesta, al señalar que los explotadores ven en esta actividad un negocio comparable al de una empresa mediana.
Por ello, el exhorto aprobado plantea que tanto el Sistema Estatal como los sistemas municipales de protección a la niñez trabajen de manera coordinada en acciones de detección temprana y canalización hacia apoyos sociales.
Aunque el llamado no presenta nuevas cifras actualizadas sobre el volumen o tendencia reciente de menores en situación de mendicidad, insiste en la necesidad de actuar y canalizarlos hacia el apoyo institucional.
El exhorto retoma datos del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015, que indicaba que el 10.3 por ciento de niños, niñas y adolescentes en SLP —más de 71 mil 900 menores— realizaban alguna actividad económica; de ese grupo, el 72 por ciento eran niños y 28 por ciento niñas, y la mayor proporción (61.1%) correspondía a adolescentes entre 15 y 17 años.
