Iraís Valenciano
En la fe cristiana, se dice que los tiempos de Dios son perfectos, pero en el Congreso del Estado los plazos corren de forma chapucera según el tema a tratar.
En diciembre de 2021, apenas tres meses después de rendir protesta, los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura sesionaron de manera privada e inhabilitaron hasta 18 años al exalcalde Xavier Nava Palacios, por incumplir un amparo que impedía la construcción de una vialidad.
Después de tres años y medio, el 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el expediente 91/2024 y concedió al exalcalde un amparo contra la resolución dictada por el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí en el procedimiento de juicio político instaurado en su contra. Asimismo, ordenó al Congreso local emitir una nueva resolución definitiva.
En cuanto corrió la noticia, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés dijo desconocer los alcances y efectos del amparo, y añadió que el director jurídico del Legislativo estaba ya en la Ciudad de México para solicitar copias certificadas de la resolución.
La sentencia fue publicada el pasado 1 de agosto en la Lista de Notificaciones de la Primera Sala, sin embargo, hasta hoy el Congreso del Estado no ha tratado el tema, como lo instruyó la SCJN.
En medio de la prolongada falta de respuesta y acción, la semana pasada el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito, como parte del expediente 22/2022, requirió a las autoridades responsables (el Congreso), que en un término de tres días, dieran cumplimiento a la ejecutoria y remitieran las constancias que así lo acrediten.
¿Y qué respondió el Legislativo? Otra vez fue Héctor Serrano, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien declaró al respecto y dijo que no han recibido notificación oficial sobre la resolución a favor del expresidente municipal.
Si Nava Palacios fue o no un buen alcalde, o si sería un candidato adecuado para los próximos comicios, son temas que no son ahora materia de análisis. Lo que llama la atención es la disparidad de las y los diputados para analizar los temas que le incumben.
Mientras el caso Nava permanece en el limbo, a los legisladores les bastaron dos días para dar turno y aprobarle al gobernador Ricardo Gallardo Cardona un aumento al impuesto por bebidas alcohólicas, y tres para facilitarle la venta de los palcos de la Arena Potosí.
Pareciera que tardan más en sacar copias y poner los sellos de “Recibido” a las iniciativas presentadas por el mandatario estatal, que lo que requieren para sesionar en comisiones, emitir dictámenes y turnarlos al Pleno.
En lo que va de la actual Legislatura, Gallardo Cardona mantiene récord invicto de iniciativas aprobadas: de las 11 que ha presentado, todas ya fueron autorizadas; las dos más recientes tienen que ver con la propuesta “antihalconeo” y otorgar prestaciones de retiro, jubilación o pensión a los policías municipales.
Si es el gobernador quien recurre al Congreso local, la oposición y tiempos de espera son casi nulos, pero que no se trate de Nava, el Ayuntamiento de San Luis Potosí o el abogado José Mario de la Garza Marroquín (por mencionar algunos ejemplos), porque los trámites y/o dictámenes quedarán -en su mayoría- pendientes, desechados o improcedentes.
En el tema Nava, llama mucho la atención el silencio de los demás diputados. Fuera de Héctor Serrano, nadie más ha opinado, ni siquiera el presidente de la Directiva del Congreso, Cuauhtli Moreno Badillo, quien durante su primer periodo como diputado votó a favor de la inhabilitación del exalcalde, con quien incluso meses antes había hecho campaña, por ser ambos candidatos de Morena.
¿Qué tan dispuestos están los diputados a enfrentar multas u otro tipo de sanciones, incluso penales, por incumplir una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cuántos legisladores ya se acercaron al área jurídica para conocer la situación? ¿O están acaso esperando instrucciones de otro de los poderes del Estado?
Retorcer, fincar o atorar procesos por intereses políticos, ambición o hambre de poder, sea quien sea el señalado, es por demás deleznable. Pero todo, tarde o temprano, cae por su propio peso y en eso sí, ojalá que los tiempos de Dios sean perfectos.
REFILL
Desde el 7 de julio pasado, el gobernador dejó entrever su interés por encargarse de recaudar el predial de La Pila. Ahora ya anda organizando una consulta con habitantes de esa delegación para demostrar un supuesto interés independentista, como ocurrió con Pozos. Ahora resulta que también en La Pila, la ciudadanía muere de ganas por tener camellones y banquetas verdes. ¿Y por qué no le interesa, por ejemplo, municipalizar Bocas?
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
