La política del cero arrepentimiento

Abelardo Medellín Pérez

Dicen que errar es de humanos, y si a nuestro gobierno lo componen hombres y mujeres, entonces gobernar puede convertirse en un ejercicio susceptible al error; esto no es algo malo, todos tenemos derecho a equivocarnos. Lo nefasto llega cuando el gobierno no reconoce sus propias pifias, y lo insoportable es ver una administración de abusos, excesos y erratas, que transita sin un atisbo de arrepentimiento.

De esto ha sido ejemplo, casi desde el inicio, la administración estatal de San Luis Potosí los últimos años. El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona no solo se ha equivocado en más de una ocasión, sino que impunemente, tanto a nivel institucional como personal, quienes gobiernan han incurrido en la falacia, el engaño, el actuar doloso y la omisión criminal, sin mayores intentos por admitir que los errores fueron cometidos y serán subsanados.

El mejor indicador de esta inexistente autocrítica es la nula capacidad del gobernador para disculparse. ¿Y cuántos problemas no podría haber evitado o, por lo menos, aminorado con un reconocimiento y una disculpa pública?

Tan solo estas semanas: luego de ironizar y jugar con la preferencia sexual de sus colaboradores y un diputado federal, colectivos LGBTIQ+ sugirieron que el mandatario emitiera una disculpa pública por las expresiones en tono de burla; luego de haber afirmado en medios que la Fenapo se llenó con 358 mil personas durante una sola noche de concierto, varios medios cuestionaron la cifra a partir de la opinión de expertos y cálculos del aforo aproximado; finalmente, el tema de la municipalización de La Pila, que allende de los intereses que pueda tener sobre ella, destacó por la forma en que el gobernador se declaró ignorante de los criterios que establece la propia Ley Orgánica para el Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí para un ejercicio que, cabe decirlo, ya tenían ensayado con Villa de Pozos.

Todas las descritas son equivocaciones reales y evidentes del gobierno; todas, registradas con evidencia documental y en video. Sin embargo, aunque cada uno de esos conflictos obligan a recular y atender las imprecisiones o agravios, el jefe del ejecutivo y su equipo tratan los casos como un problema que se resolverá cuando la gente los olvide o los ignore.

De fondo, la pretensión de la administración es esa. Apostar al olvido, ellos creen que nadie se va a acordar en dos días, que ningún periodista volverá a preguntar en una semana, que ningún afectado combatirá la postura oficial por más de un mes.

El gobernador no puede reconocer que hay un problema y mucho menos puede llegar al punto de disculparse por sus pifias, porque hacerlo lo obligaría a hacer algo que ha rechazado desde sus inicios: ser congruente y comprometerse.

Si el gobernador se disculpara por las expresiones de burla que condenaron los activistas LGBTIQ+, eso sería un compromiso tácito (o quizá expreso) de que no volverá a cometer dicho error, y de paso, como autoridad pública, estaría obligado a destinar recursos (desde políticos y hasta económicos) en atender los problemas de la comunidad que ahora reconocería como afectada por sus acciones. Esto no significa que una comunidad deba ser agraviada para alcanzar el apoyo de las autoridades, pero debemos aceptar que, en los hechos, cuando un funcionario público identifica y reconoce que ha relegado u agraviado a una parte de la población, por congruencia y atención, se siente obligado a subsanar las omisiones con dicho sector.

Por eso el gobernador no puede reconocer que hizo algo malo. Aún si creyéramos que es capaz de reconocer donde estuvo su error, los intereses que lo mueven políticamente no le permitirían emitir una disculpa o admitir su falta.

Algo similar ocurre con su postura frente al tema de los aforos en la Feria. Para él, 358 mil personas caben perfectamente en la Fenapo, aunque sus propias cuentas no den para tales cifras. De acuerdo con su dicho en una entrevista hace unos días, la Feria tiene 2.9 hectáreas, y si en cada metro cuadrado caben hasta seis personas, por supuesto que caben 358 mil personas, incluso nos pidió hacer el cálculo, pero si alguien efectivamente hace el cálculo, según las dimensiones anunciadas por él y su propio criterio de aforo, en la Feria solo se podrían permitir entrar 174 mil personas, de hecho, se necesitaría meter a la fuerza 12 personas por metro cuadrado en cada rincón de la Feria para lograr la cifra que presumió en su momento.

El gobernador no tiene el valor para admitir que las cifras fueron exageradas, porque sería aceptar que la mayoría de las cifras que da su gobierno están infladas y, por tanto, los imaginarios logros que con tantos recursos presume a través de su propaganda, se pondrían en tela de juicio y se cuestionaría de igual manera el ingente esfuerzo que pone en promocionarse.

Con el tema de municipalizar La Pila pasa algo similar; aunque lo niegue, la propuesta no es más ni menos que una ocurrencia simplona, no nació de la ciudadanía, no existe un plan razonado, no se pretende atender una exigencia histórica y la única justificación que media es la “aritmética de la recaudación”, para el gobernador la administración y coordinador no tienen tanto valor como lo tiene el dividir un territorio y explotar a su población, si no lo creen, tan solo vean como de la noche a la mañana Villa de Pozos se volvió un municipio Verde con mucho interés estatal, pero poca atención local.

El gobernador se niega rotundamente a reconocer algo que viene claramente establecido en la fracción II del artículo 47 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, esto es el requisito de contar con al menos 20 mil habitantes para que una demarcación sea elevada a municipio, porque hacerlo confirmaría lo que todos ya conocemos de él: su tendencia ominosa por mentir, ignorar o hacer ambas cosas con tal de imponer su voluntad.

El problema de un vicio tan público como el de negarse a emitir disculpas o reconocer errores, es que esto es un mal político que se contagia entre los sujetos de los mismos grupos.

Luego de que se ventilara la forma en que el rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Néstor Garza, censuró y reprimió en privado a estudiantes que criticaron un video musical producido por la institución, uno esperaría que el rector emitiera un posicionamiento donde reconociera el exceso, se disculpara con los estudiantes y evitara mantener la campaña de censura. En lugar de eso, defendió sus motivos y bloqueo los comentarios para que ningún estudiante pudiera opinar sobre el posicionamiento oficial de su rectoría. Combatir las denuncias de censura con más censura.

Y la tendencia se repite en casi todos los ámbitos: la Sefin negándose a admitir las deudas que mes con mes mantiene con la UASLP y el Ceepac; el Congreso del Estado declarándose omiso para atender la resolución judicial que revoca la inhabilitación que promovieron en el juicio político contra Xavier Nava Palacios; la Segam sin explicar la manera en la que el gobierno pretende intervenir la Sierra de San Miguelito con una reforestación que no cuenta con ningún tipo de permiso o aval federal.

Este no es solo un gobierno que se resiste a la auto crítica, es una clase política que le tiene más estima al orgullo que a la congruencia. Dicen gobernar sin límites, pero su discurso está severamente limitado por el miedo a recular, por el pavor de hacer las cosas bien.

Meter bajo la alfombra los errores y jactarse de un orgullo bruto no es una estrategia para atender los problemas graves, es solo un lamentable síntoma de la imperante política del cero arrepentimiento.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.