Fernanda Durán
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una situación financiera crítica que, de no resolverse en el corto plazo, podría derivar en una crisis laboral con impacto en la estabilidad del estado, advirtió el rector Alejandro Zermeño Guerra ante autoridades federales, incluida la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La advertencia fue parte de las gestiones que ha emprendido la Universidad para obtener los más de 173 millones de pesos que el Gobierno del Estado adeuda en 2025.
Frente al Consejo Directivo Universitario, Zermeño Guerra explicó que acudió a la Secretaría de Gobernación a principios de agosto para exponer, personalmente, el riesgo que implica el incumplimiento de los convenios de financiamiento educativo por parte del Gobierno del Estado.
Aclaró que su visita no fue para solicitar recursos, sino para advertir el posible desenlace de la crisis.
“Fui a platicar que hasta el día cuando hablé con ella, que era a principios de este mes, había una deuda del Gobierno del Estado hacia la Universidad en lo que va del año, en ese entonces, de 150 millones de pesos”.
El rector dijo que Rosa Icela Rodríguez escuchó con atención el planteamiento y, tras la reunión, la Universidad recibió un nuevo comunicado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el que se solicita formalmente al Gobierno del Estado que transfiera los recursos pendientes, ascendentes a 173 millones 151 mil pesos al cierre de agosto.
El rector alertó que de no resolverse esta situación, la Universidad no podrá cubrir sueldos, aguinaldos ni aportaciones al fondo de pensiones en diciembre, lo que podría derivar en una parálisis institucional.
“Esto nos va a llevar a que a fin de año, en diciembre, no estemos en posibilidad de pagar las quincenas, los aguinaldos, ni la aportación al fondo de pensiones. Y esto, por supuesto, va a generar inestabilidad en la Universidad, lo cual es perfectamente entendible; donde puede exigir el trabajador que siga trabajando si no le pago, y esto va a generar una inestabilidad en el Estado y eso fue lo que le dije a la secretaria de Gobierno”, advirtió.
A esa cifra se suman 10 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y 140 mil pesos del Fondo F247 para desarrollo docente, recursos federales que permanecen retenidos por la administración estatal.
Como parte de sus gestiones institucionales, el rector detalló que ha sostenido reuniones con diputados federales en su calidad de integrante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), donde también hizo énfasis en el incumplimiento estatal y la falta de mecanismos para garantizar la transferencia de los recursos que el Congreso del Unión aprueba.
“Se les dijo a los diputados también: ‘señores, ustedes autorizan los recursos que se van a utilizar en salud, en seguridad, en educación…’ Ellos lo autorizan, lo firman y se acabó, pero no supervisan que se estén haciendo”, criticó Zermeño, quien recalcó que no solo la UASLP enfrenta este problema, sino al menos 14 universidades públicas del país.
Indicó que de 2019 a la fecha, los gobiernos estatales adeudan más de 10 mil 400 millones de pesos a las universidades, y que tan solo en lo que va de 2025, la deuda suma 909 millones distribuidos entre 18 instituciones de educación superior.
El rector subrayó que las gestiones emprendidas ante el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión buscan garantizar que la comunidad universitaria cuente con información verificada de primera mano, sin depender de interpretaciones imprecisas en medios de comunicación.
“Se los quiero decir para que quede claro, no tengan la información por la prensa, que a veces no es tan correcta”, expresó.
Asimismo, reiteró que la rectoría está en completa disposición de aclarar cualquier duda que surja respecto a la situación financiera.
Zermeño también advirtió que si los recursos no son entregados antes del cierre fiscal del año, la Universidad no podrá ejercerlos y deberá regresarlos a la Federación, lo que implicaría una pérdida doble: ni el estado los habría usado, ni la UASLP podría invertirlos en infraestructura, equipamiento o programas académicos.
“Si nos los dan el 28 de diciembre, no tenemos tiempo para usarlos, y se tendrían que regresar. No lo podemos guardar para el 1 de enero”.
Calificó esto como un “crimen”, especialmente tratándose de áreas prioritarias como salud, seguridad y educación:
“Si no se utilizan los recursos que para ellos se otorgan, pues habrá quien tenga que dar cuenta de ello”.
