María Ruiz
San Luis Potosí obtuvo 5.09 puntos de 10 posibles en la Evaluación de Leyes de Movilidad 2025, realizada por la organización Céntrico con apoyo de la Alianza Mundial para la Seguridad Vial (GRSP) y Global Health Advocacy Incubator (GHAI).
El diagnóstico midió la armonización de las leyes estatales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) y revela un panorama mixto: avances en disposiciones tradicionales de tránsito, pero grandes rezagos en financiamiento, protección de ciclistas y peatones, y atención a víctimas de siniestros viales.
Para Víctor Manuel Rangel García, docente de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), esta puntuación es un reflejo de lo que llama “una movilidad reprobada”:
“Literalmente estamos reprobados. La ciudad debe ser participativa, colaboradora y protectora de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. Esto no es solo un tema técnico, es un derecho a la ciudad”, afirmó.
El especialista subrayó que la armonización de la legislación estatal con la LGMSV es urgente. Esta ley, vigente desde 2024, establece lineamientos claros para garantizar el derecho a la movilidad al priorizar al peatón, al ciclista y, solo después, a los vehículos motorizados.
Rangel García adviertió que, sin una legislación coherente, los municipios quedan desprotegidos y los ciudadanos, vulnerables.
“Se requiere que la normativa baje del estado hacia los municipios, para que se implementen medidas como ciclovías seguras, cruces peatonales y accesibilidad universal”, explicó.
La falta de armonización no solo afecta la movilidad diaria, sino que tiene consecuencias directas en financiamiento, gestión del automóvil y atención a víctimas.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la vulnerabilidad de ciclistas y peatones. Rangel García enfatizó que los accidentes no solo reflejan descuidos individuales, sino también ausencia de protección normativa:
“Muchas veces las víctimas quedan abandonadas, y la responsabilidad no se asigna de manera clara. Debieran existir normativas de apoyo y un marco legal que conecte multas, responsabilidad civil y atención a siniestros”, comentó.
La evaluación muestra que San Luis Potosí aún carece de reglas claras sobre ciclovías, infraestructura para peatones y mecanismos de prevención, a pesar de que estas acciones son fundamentales para reducir accidentes y proteger vidas.
Otro tema crítico es la gestión del automóvil y los límites de velocidad en la zona metropolitana.
La ciudad de San Luis Potosí, junto con Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona y áreas industriales de Villa de Reyes y Villa de Zaragoza, conforma una unidad metropolitana que requiere coordinación normativa entre municipios y estado.
Rangel García explicó que arterias como la carretera 57, una de las más transitadas del país, y los libramientos para transporte pesado necesitan regulación de horarios, límites de velocidad y señalización, para evitar accidentes y mejorar la seguridad vial.
“Hay que pensar en la movilidad como un sistema integral. No solo se trata de sancionar, sino de planificar y financiar adecuadamente la infraestructura vial”, agregó.
La movilidad también depende de un transporte público eficiente. Rangel García destacó que las normativas actuales no contemplan suficientemente el acceso, la frecuencia ni la seguridad de este servicio, que es vital para la población que no utilizan automóvil particular.
Además, la planificación urbana de San Luis Potosí aún enfrenta desafíos de crecimiento: la zona metropolitana ha expandido su flujo vehicular y económico, y los municipios periféricos como Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde y Tamasopo requieren leyes adaptadas a su tamaño y necesidades.
“San Luis no es solo su Centro Histórico, es una ciudad metropolitana que incluye municipios con alto flujo vehicular. La normativa estatal debe abarcar todo este sistema”, afirma.
Para Rangel García, los municipios juegan un papel clave en la implementación de estas normativas. La ley estatal debe descentralizarse y permitir que cada municipio adapte medidas locales, especialmente en ciclovías, cruces peatonales y accesibilidad.
La participación ciudadana también es fundamental. Universidades, colectivos y ciudadanos deben integrarse en consultas públicas para garantizar que las normativas respondan a las necesidades reales de la población.
“Este diagnóstico nos da claridad sobre dónde mejorar y cómo involucrar a la sociedad en la construcción de una movilidad segura y equitativa”, concluyó.
