María Ruiz
Martha Erika Tapia Gone, ex trabajadora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, acudió este lunes a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado para presentar una denuncia de juicio político en contra del regidor del PRD, Jorge Alberto Zavala López, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, así como contra su suplente Jesús Becerra Rodríguez, a quienes acusa de corrupción y acoso laboral.
Tapia Gone señaló que ambos incurrieron en “actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales”, entre ellos el manejo irregular de nóminas con supuestos “moches”, así como el uso de nombres de terceros —incluido el de su hija— para recibir salarios que nunca fueron entregados.
En la denuncia de juicio político presentada por Martha Erika Tapia Gone, se solicita al Congreso del Estado de San Luis Potosí que se sancione al regidor Jorge Alberto Zavala López y a su suplente Jesús Becerra Rodríguez, actual director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, por presuntos actos de abuso de autoridad, hostigamiento laboral y violaciones graves a derechos humanos.
La denunciante expone que ambos le exigieron entregar el 5 por ciento de su salario a través de depósitos a una tercera persona vinculada con Zavala, además de malos tratos y su despido injustificado. También pide que se admita a trámite la demanda, se investiguen los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables.
El abogado de la denunciante, Guillermo Olvera Nieto, explicó que el recurso busca que el Congreso ejerza sus facultades para inhabilitar y destituir a los señalados.
“Este es un juicio político que busca que, a través del Congreso, se ordene la destitución de los regidores y se les inhabilite para ocupar cargos públicos. Los actos cometidos son graves y hay elementos suficientes en la Ley de Responsabilidades y la Ley Orgánica para proceder”, afirmó.
El litigante agregó que ya existen antecedentes de investigación en la Fiscalía General del Estado y en instancias de fiscalización del Gobierno del Estado, por lo que llamó a que el proceso legislativo se realice con transparencia y legalidad.
Por su parte, Tapia Gone aseguró que, aunque el caso fue turnado a la Contraloría Interna del Ayuntamiento, la dependencia no actuó con diligencia. Apenas el 28 de agosto recibió un citatorio y rindió su declaración el 4 de septiembre.
Según dijo, presentó pruebas que sorprendieron a las autoridades, pero cuestionó la imparcialidad de la titular del área debido a supuestos vínculos familiares con actores cercanos al regidor.
La denunciante pidió al alcalde Enrique Galindo Ceballos no desestimar el caso como “un asunto personal” y revisar a fondo las acusaciones:
“Esto no es nada particular, simplemente se trata de hacer justicia. San Luis Potosí merece responsabilidad, no omisiones”, expresó.
También reveló que hay otros trabajadores inconformes con la misma situación, aunque no se han atrevido a denunciar por miedo a represalias y pérdida de empleo.
En contraste, el regidor Jorge Zavala López ha negado los señalamientos y sostiene que las acusaciones son falsas.
