María Ruiz
El alcalde Enrique Galindo Ceballos aclaró que la salida de Martha Erika Tapia Gone del Ayuntamiento de San Luis Potosí ocurrió por la conclusión de contrato y no por una destitución, al tiempo de que el señalamiento por la existencia de una plaza fantasma, ocurrió en un periodo en el que los presuentos señalados no ocupaban el cargo que hoy tienen.
La declaración del edil se dio este martes, un día después de que Tapia Gone ingresó en la Oficialía Mayor del Congreso del Estado una solicitud de juicio político contra el regidor del PRD, Jorge Alberto Zavala López, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, y contra su suplente, Jesús Becerra Rodríguez, a quienes acusa de corrupción y acoso laboral en perjuicio de trabajadores municipales.
Galindo dijo respetar el derecho de la extrabajadora a promover acciones legales, aunque precisó los límites de su propia autoridad.
“El regidor Zavala fue electo en las urnas; sólo el Congreso puede separarlo mediante juicio político. Yo no puedo suspenderlo, y no hay nada comprobado”, afirmó.
El alcalde pidió “no mezclar” expedientes, ya que la situación se compone de tres frentes distintos que están bajo revisión: la denuncia de la hija de Tapia Gone por hechos ocurridos hace más de un año, cuando Zavala aún no era regidor ni Becerra funcionario municipal; los señalamientos en torno al periodo laboral de Tapia Gone, que también son investigados por la Contraloría; y finalmente, la salida de la extrabajadora, que se debió únicamente a que concluyó su contrato.
Sobre lo ocurrido con la hija de la extrabajadora, quien también laboró dentro del Ayuntamiento, el señalamiento es que se habría utilizado su nombre para cobrar un salario sin que ella desempeñara el trabajo correspondiente —es decir, una plaza fantasma—, lo que sugiere un presunto desvío o manejo irregular de recursos
“Podemos exhibir el contrato. Ella tiene derecho a solicitar cualquier investigación y no voy a obstaculizarlo”, subrayó Galindo.
Por último, el edil indicó que mantiene abiertas las puertas del Ayuntamiento para dialogar con la extrabajadora y “aclarar perfectamente los hechos, poniéndolos en su dimensión exacta”, mientras el Congreso del Estado define el trámite de la solicitud de juicio político.
