Por Victoriano Martínez
La actuación de Inkazteca Drilling con su proyecto extractivista en el Ejido Corcovada y la de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras con el de la autopista de cuota Entronque 75-D-Matehuala ha sido tan similar, que el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la SEMARNAT también presenta una ruta parecida: ambas ya enfrentaron la suspensión del trámite.
En el caso del proyecto extractivista en el Ejido Corcovada, la suspensión del trámite se dio por una solicitud de calidad de los datos proporcionados, lo que derivó en una serie de inspecciones en el territorio que derivó en una inspección por parte de la PROFEPA en el sitio en la que se detectaron irregularidades que repercutieron en la resolución.
“Encontró irregularidades como remoción total o parcial de vegetación forestal observándose que se llevó a cabo cambio de uso de suelo en áreas forestales o en terreno forestal a cualquier otro uso en el sitio sujeto a inspección”, señaló la SEMARNAT en la resolución que negó la MIA a Inkazteca Drilling.
Entre las obras realizadas sin autorización mientras se encontraba en trámite la MIA identificaron “una primer brecha con una longitud de 3100 metros y un ancho promedio de 3.0 metros con una superficie afectada de 9,300 metros cuadrados”.
Al haber iniciado obras de remoción de vegetación forestal sin la autorización en materia de impacto ambiental, Inkazteca Drilling incumplió con el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, lo que repercutió en la determinación final de la SEMARNAT y su negativa a la autorización de la MIA.
La suspensión que ahora se da al trámite de la MIA promovido por Infraestructura Potosina de Carreteras se da por una razón distinta, aunque también con un faltante de información: “suspendido por información adicional”, dice el aviso en el tablero de “información del trámite” en el sitio de la SEMARNAT.
Aunque el aviso de la presentación de la MIA para la autopista a Matehuala se publicó en el periódico Pulso el 13 de junio, en el apartado de Consulta tu Trámite de la SEMARNAT no se difundió el documento completo de la solicitud, por lo que el 18 de junio el Consejo Hídrico Estatal (CHE) solicitó que se sometiera el documento a consulta pública.
Ejidatarios de El Peyote tramitaron un amparo para ser tomados en cuenta en la consulta sobre la MIA, lo que se sumó a la consulta solicitada directamente por el CHE, cuyas intervenciones podrían estar relacionadas con la petición de información adicional que ahora hace la SEMARNAT a la empresa.
Una situación similar a la que presentó el caso de Corcovada se da con las intervenciones anticipadas con obras en la superficie sobre la que se pretende obtener la MIA: tanto ejidatarios de La Tapona como de El Peyote denunciaron obras en sus territorios sin que se les avisara o pidiera autorización y sin la autorización ambiental correspondiente.
En el caso de El Peyote, los ejidatarios lo denunciaron en una reunión con la representación estatal de SEMARNAT en la que mencionaron que detectaron 20 perforaciones de barrenos con una profundidad de más de nueve metros y deforestación para poder ingresar al territorio y meter maquinaria.
Los ejidatarios plantearon diversas solicitudes sobre la protección medio ambiental porque su territorio se encuentra en la zona de influencia del Área Natural Protegida (ANP) Reserva Estatal Real de Guadalcázar.
Se trata de obras que, de la misma manera que ocurrió en el Ejido Corcovada, incumplen con el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
El pasado 25 de agosto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó un acto denominado “Arranque de los trabajos de construcción de las autopistas “Peyote-Matehuala” y “La Pitahaya-Libramiento Oriente” en el Estado de San Luis Potosí” que, al encontrarse aún en trámite la MIA para el tramo “Peyote-Matehuala”, se suma a las dudas sobre la viabilidad de esa autorización.
Entre la información adicional que pudo haber sido requerida se encuentra la documentación que acredite que la empresa cuenta con los derechos de ocupar el territorio sobre el que pretende intervenir porque, al menos en los casos de los ejidos El Peyote y Peotillos, es un hecho que aún no cuenta con la autorización de los ejidatarios para la adquisición de esas superficies.
Para el 27 de octubre Infraestructura Potosina de Carreteras tendrá que haber desahogado la información faltante o la SEMARNAT podrá declarar la caducidad del trámite. Aun con la información adicional que la empresa proporcione si no despeja dudas sobre el cumplimiento de los requisitos o posibles irregularidades, como las obras anticipadas, la MIA podría no ser autorizada.
El arranque de los trabajos de esa autopista el pasado 25 de agosto, de ser presuntamente el inicio de la obra, podría quedar en un mero acto propagandístico que podría contribuir a impedir realmente la realización de la autopista.
