Redacción
¿Qué sentirías si tu pareja te pidiera que te calmaras desde lejos, justo después de haberte pateado en el suelo?
No es una pregunta retórica. Es el testimonio de una escena real que Elizabeth de Lourdes Vázquez Báez revive cada vez que intenta recuperar su rutina, cada vez que evita conducir por temor, cada vez que recibe mensajes de familiares del agresor.
La violencia contra las mujeres no es un tema abstracto ni una estadística, es en sí, una fractura íntima que se extiende al cuerpo, a la movilidad, a la confianza, al espacio público. Y lo más alarmante, es una violencia que se perpetúa desde adentro de las instituciones encargadas de erradicarla.
En el documento oficial de la denuncia formal, firmado por la agente fiscal Mónica Tapia Ramírez, adscrita a la Unidad de Atención Temprana Especializada en la Mujer, Elizabeth denuncia a Armando N. por haberla agredido físicamente y amenazado con un arma de fuego.
En el testimonio y documento, se refieren actos de violencia física, amenazas verbales y psicológicas, así como el contexto de intimidación que se extiende incluso a través de terceros.
La denuncia fue presentada el 7 de septiembre de 2025, y ese mismo día se le otorgaron medidas de protección en su fracción quinta, que puntualiza la prohibición de acercamiento e intimidación por parte del agresor.
Armando N.: armado, con cargo público y dentro de la Fiscalía
Armando N. es policía de investigación; está armado. Trabaja en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Conoce los movimientos, los espacios, los afectos de Elizabeth. Compartieron cinco años de relación.
Hoy, ella vive bajo una rutina modificada por el miedo en donde ya no conduce, evita salir y cuando lo hace, depende de amigos para moverse.
“Él conoce el vehículo que tenía, sabe los lugares que frecuento, las personas con las que me veo. He tenido que cambiar todo”, relata.
No ha solicitado apoyo psicológico institucional, pero continúa en terapia privada. Ha entregado pruebas, ha cumplido con exámenes, tiene copias de todos los documentos oficiales. El expediente avanza, pero la amenaza permanece.
“Ya fui al examen psicológico, la Ministerio Público me pidió algunas pruebas. Tengo todo documentado”, afirma.
La omisión institucional: ¿quién protege a quién?
Lo más grave no es solo el hecho violento, sino la omisión institucional. Armando N. reprobó los exámenes de control y confianza, según lo relatado por Elizabeth.
No es la primera denuncia en su contra por violencia hacia una mujer. Y sin embargo, sigue en funciones en un área tan sensible como la de Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, una situación que Elizabeth considera un riesgo no solo para ella, sino también para muchas personas.
“Lo que más me duele es que trabaja en la Fiscalía de Derechos Humanos, ve grupos vulnerables, y no tuvo empatía conmigo. Me dejó tirada en el piso, me pateó, me insultó, y se fue como si nada. ¿Que le espera a los usuarios de esa área de la fiscalía especializada? Tengo temor por mi vida, porque en lugar de llevar un procedimiento administrativo interno, luego de los hechos, para la remisión o cese temporal de su cargo, el sigue ahí trabajando como si nada hubiera pasado”, dice Elizabeth.
En este sentido, la sobreviviente señala a Juan Alejandro Menchaca Sustaita, encargado de la Dirección General de Métodos de Investigación de la FGESLP, directamente como responsable de no haber tomado medidas para protegerla y, en todo caso, realizar el procedimiento correspondiente y ordenar el cambio de adscripción, la suspensión de funciones o el traslado a otro municipio como medida preventiva para protegerla a ella como víctima.
“Él es el jefe directo del agresor. Tiene la facultad de cambiarlo de área, de municipio, de cesarlo temporalmente. No lo ha hecho. Ha sido indiferente”, denuncia.
El testimonio: dolor físico, violencia psicológica y abandono institucional
La agresión ocurrió tras una discusión por temas económicos.
“Me aventó la llave de mi camioneta en la cara, me causó un hematoma arriba de la ceja. Luego me pateó en la pierna con un zapato de baqueta. Yo estaba tirada en el piso, pidiéndole ayuda, diciéndole que no podía manejar. Él se fue, gritándome que me odiaba, que era una pinche coda. Me dijo burlonamente que mi cara ya estaba hinchada desde antes”, relata con precisión.
Las imágenes del expediente confirman la agresión física, el contexto legal y la presencia de agentes fiscales en la toma de declaración. Pero lo que no aparece en los documentos es el impacto cotidiano: el miedo de salir sola, la falta de respuesta institucional, el terror de que pase algo más allá de los golpes.
¿Qué significa que el agresor esté armado y siga en funciones?
Elizabeth no pide privilegios. Pide seguridad. Pide que se cumplan los protocolos. Pide que no se normalice el hecho de que un servidor público armado, con antecedentes de violencia, siga en funciones como si nada.
“Esta persona está en un área sensible. No tiene aprobados los exámenes de control y confianza. Si se pidieran por transparencia, se vería que no los tiene. Y no es la primera denuncia que tiene”, advierte.
La Fiscalía de Derechos Humanos ha dado seguimiento al caso. El vicefiscal la recibió, escuchó su testimonio, pero le explicó que no puede intervenir directamente. La decisión de cesar o reubicar al agresor corresponde al comandante Menchaca Sustaita.
“No sé por qué situación lo esté cuidando o protegiendo, sobre todo que te repito, sus exámenes de control y confianza, todos los reprobó, tanto el socioeconómico como el de polígrafo como el conductual.” sentencia Elizabeth.
¿Cómo se construye la impunidad desde adentro?
Este caso no es una excepción. Es un espejo de cómo se construye la impunidad desde adentro: cuando los mandos protegen a sus elementos, cuando se ignoran los exámenes reprobados, cuando se permite que alguien armado y denunciado por violencia familiar siga atendiendo casos de derechos humanos. La carpeta está casi integrada, pero la protección real sigue pendiente.
Elizabeth ha sido clara, firme, valiente. Ha documentado todo. Ha denunciado. Ha pedido medidas. Ha señalado responsables. Pero sigue viviendo con miedo. Y eso no debería ser normal.
Porque la violencia no termina con una denuncia. Termina cuando el Estado deja de proteger al agresor y empieza a proteger a la víctima.
