Por Victoriano Martínez
¿Qué tan disociado de la realidad que se vive en el Estado se encuentra el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona al privilegiar lo superfluo (por ejemplo, el espectáculo) y negar su irresponsabilidad y negligencia para cumplir con lo importante (por ejemplo, la entrega de recursos comprometidos a la UASLP y la defensa de los derechos de los ejidatarios)?
Tanto parece afectarlo ese trastorno disociador, que entre el propio aparato gubernamental no existe coherencia entre lo que una de sus áreas “atiende” y reconoce, mientras la cabeza, el propio mandatario, niega su existencia.
“Nosotros no tenemos ya ninguna deuda (con la UASLP), eso para nosotros es un tema cerrado. El rector tiene que platicar con Finanzas, quieren ampliación de más dinero, pero también tienen muchísimas observaciones que no han podido salvar desde el año pasado”, aseguró Gallardo Cardona.
Es falso que sobre la Cuenta Pública de la UASLP de 2023 existan “muchísimas observaciones” como afirma el mandatario. De acuerdo con el informe de auditoría AEFPO-35-UASLP-2023 realizado por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), sólo emitió una solicitud de aclaración en los siguientes términos (página 4):
“Para que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, proporciona la documentación justificativa y comprobatoria por $646,880,706 (seiscientos cuarenta y ser millones ochocientos ochenta mil setecientos seis pesos 00/100 M.N.) por las erogaciones efectuadas con los ingresos propios reportados en la Cuenta Pública 2023”.
Una observación que se encuentra en un litigio promovido por la UASLP, que considera que no deben ser fiscalizados por el IFSE por no corresponder a recursos públicos, sino que –como el propio instituto fiscalizador señala– se trata de ingresos propios.
Gallardo Cardona falsea el dato sobre la cuenta pública del año pasado porque el informe del IFSE sobre la misma por ley se presentará al Congreso del Estado hasta noviembre.
Mientras Gallardo Cardona niega la existencia del adeudo con la UASLP, J. Guadalupe Torres Sánchez, tuvo una reunión con autoridades universitarias en la que reconoció un adeudo por más de 183 millones de pesos correspondiente al presente ejercicio fiscal.
La UASLP consideró que la reunión y el reconocimiento del adeudo abre una ruta formal de diálogo, pero no resuelve de inmediato la incertidumbre financiera que enfrenta la Universidad.
“Avanzamos bastante, vamos a darle seguimiento a estas mesas para poder solucionar y garantizar suficiencia presupuestal para la Universidad”, comentó Torres Sánchez.
El secretario de Gobierno también dio este jueves declaraciones que describen la consigna que guía al gobierno encabezado por Gallardo Cardona: “por el bien de los negocios, primero los empresarios”.
Torres Sánchez descalificó la lucha de los ejidos El Peyote y Peotillos por obtener un precio justo por sus tierras para la autopista a Matehuala, se pronunció a favor del abuso por parte de la concesionaria que pretende pagarles un precio que lo ejidatarios califican de miseria y los señaló como responsables de la suspensión en el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto carretero.
“Son 20 ejidos los que atraviesa la carretera y de esos ya se resolvió el derecho de vía de 18”, dijo, “hay dos que quieren que se les paguen sus terrenos 10 veces más de lo que valen, y quizás como un mecanismo de estrategia para que eso suceda promueven este tipo de medios extraordinarios, pero lo vamos a atender”.
Torres Sánchez incurrió en un desliz: como Gobierno no tienen por qué atender una petición de información adicional que hizo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras.
Tan del lado está de los empresarios en perjuicio de los ejidatarios, que no sólo se pronuncia por que vendan sus tierras a la décima parte de lo que ellos consideran que valen, sino que asume como propios los trámites que le corresponden a quienes harán el negocio con la autopista por 50 años.
Peor todavía. Primero responsabiliza a los ejidatarios por la suspensión y enseguida explica que la medida de la SEMARNAT se debió a un ligero detalle en el trazo de la autopista.
“El único tema tenía que ver más bien con una información faltante, por ahí en esa parte donde estaba el trazo pasaba un área natural protegida y lo que se hizo es sacarle la vuelta precisamente para no dilatar las cosas”, dijo. Algo no cuadra: es muy distinto pedir información adicional a realizar una corrección en el proyecto.
Como si pretendiera remarcar que el gobierno trabaja a favor del abuso empresarial, Torres Sánchez considera que los aprovechados son los ejidatarios.
“La verdad es que creo que ya no es justo que por caprichos o por querer agandallar, verdad, aprovecharse de la situación, que frene una inversión importante de más de 22 mil millones de pesos”, dijo y más adelante insistió: “ya abandonemos un poco esas formas de dilatar y de agandallar o sacar privilegios de donde no se debe”.
Por favorecer a los empresarios, Torres Sánchez hace a un lado (o quizás ignora su existencia) el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022 que establece “las bases para incorporar, prevenir y, en su caso, mitigar el Impacto Social en el desarrollo de proyectos de inversión relativos a infraestructura carretera”.
Se trata de disposiciones oficiales en las que los ejidatarios de El Peyote y de Peotillos fundan sus demandas de un precio justo que, incluso, están dispuestos a que les sea cubierto con obras de carácter social que mitiguen las afectaciones que a su desarrollo social y económico provocará el trazo de la autopista. En 18 ejidos ya pasaron por encima de esos derechos de los ejidatarios.
Una disociación del gobierno de Gallardo Cardona que no sólo falsea la realidad a su favor como al negar la existencia del adeudo con la UASLP, sino que se disocia de la protección de los derechos de sectores débiles, como el caso de los ejidatarios de El Peyote y Peotillos, con tal de favorecer a los abusivos barones del asfalto.
