María Ruiz
La Secretaría General de Educación del Estado (SEGE) presentó una iniciativa legislativa para modificar la Ley de Educación del Estado y ajustar la normativa interna, con el objetivo de proteger a los maestros frente a acusaciones infundadas de violencia o acoso.
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la SEGE, explicó que actualmente se tienen cerca de 30 casos en proceso y que de los casi 40 docentes cesados, varios enfrentaron situaciones derivadas de malos entendidos.
“Por ejemplo, un maestro fue acusado de discriminación por referirse a un alumno como ‘chaparrito’ después de una actividad lúdica. La madre interpretó que era un acto de discriminación y estuvo al borde de perder su empleo”, señaló.
La iniciativa, presentada en coordinación con la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, busca garantizar que los docentes puedan ejercer su labor con seguridad y confianza, sin que la estricta aplicación de la normativa educativa afecte su desempeño.
“Muchos maestros comentaban que a nivel nacional tenían miedo de actuar e incluso no dejaban salir a los niños al recreo por temor a represalias. Esta ley busca dar seguridad a los maestros y apoyar su trabajo sin afectar la disciplina escolar”, explicó Torres Cedillo.
Entre las medidas ya aplicadas por la SEGE se incluye la contratación de personal femenino en preescolar, tras detectar riesgos asociados a la presencia de hombres en labores de intendencia.
La Secretaría asegura que estas acciones buscan proteger tanto a los estudiantes como a los docentes y reforzar la disciplina en las aulas.
La iniciativa se encuentra actualmente en revisión de las comisiones del Congreso, incluida la de Educación, y se espera que próximamente pueda aprobarse como parte de la actualización de la Ley de Educación estatal.
La propuesta fue sugerida finales de agosto pasado por integrantes de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes en reunión con el diputado Crisógono Pérez López, solicitaron que se elaborara una iniciativa de ley que respaldara a los docentes frente a acusaciones infundadas de acoso o violencia.
