Abelardo Medellín Pérez
Inmadurez, falta de “preparación”, apatía y una falsa idoneidad, son algunos de los argumentos que funcionarios públicos estatales esgrimieron las últimas semanas para afirmar que no se podía otorgar el derecho político a votar a los jóvenes de entre 16 y 17 años, y esta no es solo una postura de políticos cortoplacistas, sino seguramente una idea que comparten cientos de mexicanos, quienes avizoran algún tipo de riesgo en la ampliación de los derechos políticos de las juventudes.
Pero, ¿les asiste la razón?, ¿es el voto juvenil un error en un contexto político donde, ha quedado en evidencia, el problema no es quién vota, sino quiénes son votados?
Desde mediados de agosto pasado, fue la diputada federal Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, quien planteó la necesidad de reducir la edad para votar en México. Para inicios de septiembre, el diputado local potosino, Carlos Arreola Mallol hizo eco de esta propuesta y no solo sugirió que dicha iniciativa era pertinente, sino que invitó a que San Luis Potosí se convirtiera en el primer estado en aprobar el voto juvenil a nivel nacional.
En respuesta a la vanguardista idea, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Dulcelina Sánchez de Lira, advirtió de una presunta “apatía” entre los jóvenes, supuestamente evidenciada por las cifras de participación de la última elección; el secretario general de Gobierno comentó que debía analizarse con cuidado pues, a su juicio, la edad de 18 años para votar es “idónea” por muchas razones (que no se molestó en explicar); y finalmente, el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, opinó que el voto y la participación eran “cuestión de maduración, de preparación para tomar decisiones, sobre todo en cuestiones políticas”.
En primer lugar… ¿de qué habla esta gente?
¿Apatía? La participación de los jóvenes de 18 años en las elecciones del 2024 fue de 61.6 por ciento, es decir, que estuvo por encima de la media de participación nacional que fue de 59.8 por ciento. Era su primera vez ejerciendo el voto y superaron el promedio nacional. Además, los jóvenes ya se involucran y comprometen con causas políticas; hemos visto más jóvenes en marchas por los derechos de la Comunidad LGBTIQ+, conmemoraciones como el 8M, manifestaciones contra el abuso policial y exigiendo atención a personas migrantes, que a autoridades preocupadas por atender cualquiera de esos temas.
¿Idoneidad? A ver, lo idóneo es aquello apropiado o apto para algo, es decir, que debe haber un criterio para luego cumplirlo, ¿cuál es su criterio?, ¿qué son jóvenes y ya? Esa no es una razón. ¿Qué algunos siguen estudiando? El gobernador terminó sus estudios casi a la par que ocupaba un cargo público; ¿qué en casi todos los países la edad mínima es de 18 e incluso hasta 21 años?, ¿ese es un criterio? Acabamos de elegir jueces y magistrados a través de un desastroso sistema que, adivinen, casi ninguna nación democrática aplica, mientras tanto el voto juvenil existe desde hace aproximadamente dos décadas en la mayoría de los siguientes países: Argentina, Austria, Brasil, Cuba, Ecuador, Guernsey, Grecia, Indonesia, Isla de Man, Jersey, Nicaragua, Corea del Norte y Timor-Leste, mientras que los jóvenes pueden votar en elecciones locales en lugares como: Estonia, Alemania, Puerto Rico, Escocia y Gales.
¿Falta de preparación? Qué profunda ironía que el secretario Torres Cedillo sea quien hable de una deficiente preparación, ¿no? El mismo funcionario público que tomó poder de la Secretaría de Educación apenas días después de haberse titulado como diseñador gráfico de la forma más vertiginosa (y dudosa) posible. Pareciera casi como si le hubieran otorgado el cargo por ser familia de la esposa del gobernador y de manera intempestiva, sin verificar si cumplía con la preparación que exige un cargo como la titularidad de la SEGE. ¿Inmadurez? Bueno, viniendo de un secretario que hace un año le gritó “¡Usted debería estar en la escuela!”, a una maestra que se manifestaba por el impago de prestaciones, uy, ¿qué decir? Supongo que la madurez es algo que se pide, pero no se ejerce, en este gobierno.
Los derechos (también los políticos) deben ser progresivos, nunca disminuir, sino mejorar y ampliar sus alcances y beneficios para la población. Hoy los jóvenes de 18 son considerados ciudadanos, pero cuando se escribió la Constitución, no era así. En 1917, el texto constitucional afirmaba que solo podían ser ciudadanos sujetos de derechos políticos plenos quienes teniendo 18, estuvieran casados, o 21 años si eran solteros. Esto se mantuvo así hasta 1969, cuando la reforma constitucional retiró la edad mínima de 21 para jóvenes solteros y estableció formalmente que tener 18 (y contar con un modo honesto de vivir) eran los únicos requisitos para que los jóvenes fueran considerados ciudadanos.
Pasaron 52 años para retirar el requisito de matrimonio o edad mínima de 21 de la Constitución; han pasado otros 56 años y no ha cambiado nada en este tema.
Ningún instrumento de derechos humanos internacional establece límites obligatorios o fundamentados de edad para el ejercicio del voto, por el contrario, sí contemplan que el sufragio debe ser universal.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), establece en su artículo 12 que los menores tienen derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, y esta debe ser tomada en cuenta de acuerdo con su edad o madurez, sin embargo, en todo el mundo solo una quinta parte de la población menor de edad puede ejercer su voto efectivamente, pese a conformar el 16 por ciento de la población del planeta.
Cuando se afirma que el riesgo recae en que los jóvenes pueden ser fácilmente influenciables por autoridades o su contexto cercano, ahí la culpa no es de ellos ni su condición de edad, sino de quienes nos gobiernan y los abusos que cometen impunemente.
¿Los jóvenes son fáciles de influenciar?, ¿y un ciudadano común que por necesidad pide un apoyo social de gobierno y luego es obligado a pagar tal apoyo con su sumisión política no lo es?, y si así fuera, ¿por qué no aumentamos desde ya las regulaciones para evitar la exposición de los jóvenes a mensajes políticos y propaganda?
¿Por qué no reformamos la ley prohibir que representantes elegidos por voto popular se presenten ante públicos estudiantiles en entregas de apoyos de gobierno?, ¿por qué no prohibimos que la inclusión de mensajes, colores, logotipos y leyendas políticamente cargadas en apoyos escolares? Le quitamos el pollo a los tenis, sacamos a las senadoras de las escuelas, hacemos que las entregas de apoyos y obras sean anti partido y anti gobiernos, y exigimos que espacios con alta afluencia infantil tengan prohibida la promoción partidista o gubernamental, como por ejemplo la Feria Nacional Potosina. ¿No?, ¿entonces cuál es el problema, que son fáciles de influenciar, o que ninguna autoridad está dispuesta a abandonar su propaganda a fin de proteger a los jóvenes de dichos mensajes?
Lo importante en esta discusión no es si los jóvenes son influenciables, sino qué tanto podrían los menores de 18 influir en las decisiones de la clase política. Un estudio de 2020 sobre el pre registro de jóvenes por debajo de la edad para votar en elecciones locales de Estados Unidos, mostró que, al cambiar la composición de los grupos etarios del electorado, los políticos se mostraron más receptivos a temas que preocupan a los jóvenes.
En San Luis Potosí los jóvenes de entre 15 y 19 años, son el grupo etario más amplió al representar el 4.5 por ciento de la población, si incluyéramos por completo a este sector en la votación, no podemos creer que los candidatos en una elección, así como lo hacen ahora, se resignarán a ignorarlos. No.
Los candidatos, por pura matemática electoral, tendrán que adecuar sus mensajes para que propuestas, iniciativas y promesas empaten con la visión, intereses y preocupaciones de los sectores más jóvenes.
Si los jóvenes votarán, ¿no tendrían los futuros candidatos que refinar sus propuestas en educación, atención a las universidades, cuidado del medio ambiente para asegurar un mejor futuro e involucramiento en las causas que mueven cívicamente a los menores de 20? Quizá así ya no tendríamos a un gobierno preocupado en carreteras, sino construyendo ciclovías; quizá así los universitarios autónomos ya no padecerían el olvido y rabia de la administración estatal; quizá así los funcionarios dejarían de tratar con displicencia a colectivos, movimientos y activistas juveniles.
Una cosa es cierta, la juventud no está esperando que le entreguemos el derecho a votar para participar cívicamente. En San Luis Potosí los jóvenes ya se expresan, tienen posturas claras sobre el actuar la autoridad, han confrontado abusos oficialistas y cuando la situación lo requiere han tomado lo que es suyo: las calles, los edificios, el control de una narrativa.
Permitirles votar no será un acto de complacencia de la clase política, debe ser un responsable intento por hacer aún más universal el voto y presionar a que candidatos se comprometan con estas agendas. Las juventudes ya están ahí, con problemas y preocupaciones que casi nadie escucha, porque casi todos esperan un voto a cambio.
Escuchar a las juventudes, que ya participan de la vida pública, es una obligación que la gente en puestos de toma de decisiones debe asumir de pleno; los escuchan hoy con atención o mañana con boleta en mano.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
