Fernanda Durán
El debate en torno a la situación legal del diputado panista Marcelino Rivera Hernández continúa abierto luego de que el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, precisara que el amparo promovido por el legislador no detuvo la inhabilitación administrativa en su contra, mientras que el coordinador del PAN en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, sostiene que la suspensión sí fue concedida.
Guajardo afirmó que la justicia federal admitió el recurso y que “en este momento está suspendido todo”, lo que a su juicio impide que el Congreso pueda actuar sobre la sanción. Sin embargo, Lecourtois señaló que la resolución fue distinta.
“O no sabe leer o no quiso leer la resolución interlocutoria que le niega la suspensión definitiva al diputado Marcelino porque dice textualmente se niega la suspensión con respecto a la inhabilitación (…), es decir, la sociedad está interesada en que no se continúe con un exfuncionario contratado que haya sido inhabilitado”, declaró.
El auditor explicó que el IFSE no pide al Congreso aplicar ninguna sanción adicional, sino informar que la resolución ya fue confirmada y que el legislador se encuentra formalmente inhabilitado.
“El diputado está inhabilitado, ya hay una sentencia que así lo confirma. Solamente se hace del conocimiento que el diputado no puede ocupar las funciones porque se encuentra inhabilitado, porque presentó un amparo y le negaron la suspensión”, expuso.
El IFSE emitió una resolución en febrero de 2024 por irregularidades en la cuenta pública 2013 de San Martín Chalchicuautla con la cual impuso a Rivera una inhabilitación por 20 años, un resarcimiento superior a 13 millones de pesos y una multa de casi 779 mil pesos. Esa sanción fue confirmada en agosto al resolverse un recurso de revocación.
En seguimiento a la resolución que confirmó el recurso de revocación, el diputado Marcelino Rivera promovió un juicio de amparo indirecto radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito, bajo el expediente 1251/2025. Actualmente, corre el plazo para que la autoridad responsable rinda su informe justificado y, mediante resolución del 4 de septiembre de 2025, el juez determinó negar la suspensión definitiva solicitada en contra de la inhabilitación.
En paralelo, el IFSE resolvió otro procedimiento vinculado a la cuenta pública 2014 del Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, que derivó en una inhabilitación por 16 años, un resarcimiento por más de 8.1 millones de pesos y una multa de 868 mil 679 pesos. La resolución fue emitida el 4 de julio de 2025, notificada al funcionario el 14 de ese mes y actualmente se encuentra en etapa de revisión, luego de que Rivera interpuso un recurso de revocación en agosto, en el cual también se le negó la suspensión respecto de la sanción impuesta.
Lecourtois subrayó que el caso no es excepcional.
“No es el único, hay muchos inhabilitados. Es el único que está en funciones de diputado, pero hay muchos y de todos los partidos”, afirmó, al recordar que hasta ahora se han resuelto en favor del IFSE cuatro amparos, dos juicios de nulidad y una controversia constitucional promovidos por Rivera.
En contraste, Guajardo mantiene la postura de que el Congreso no puede ejecutar la sanción.
“Nosotros no tenemos facultad para inhabilitar a Marcelino, ni a ningún funcionario. No está dentro de nuestros términos. Nosotros insistiremos en la defensa jurídica”, declaró.
Por su parte, el propio Marcelino Rivera aseguró que ha atendido puntualmente los procedimientos y negó ocultar información al Legislativo.
“Desde un principio yo he sido muy transparente con el Congreso del Estado, desde que se iniciaron los procesos administrativos, yo los he atendido, y es lo que estoy haciendo, atendiendo a los órganos constitucionales (…) porque al final del día tengo que ser transparente con el Congreso y estar informando muy puntual de todas las acciones que estoy haciendo”.
Añadió que las resoluciones se encuentran impugnadas y que continuará su defensa en tribunales, pues “está recurrida todavía, es un procedimiento que no es corto, es largo. Sin embargo, se está atendiendo muy puntual (…) fuera o no diputado yo tendría que defenderme, y cuanto más ahorita, pues tengo que defender el asunto”.
Al ser cuestionado sobre si considera que existe persecución en su contra, el legislador señaló lo siguiente:
“Éramos 58 alcaldes y nada más hay un proceso contra un exalcalde, éramos 58, y yo por eso digo, ahí la ciudadanía valorará cuál es la situación. ¿Por qué? Porque al final del día somos 58 exalcaldes y nada más hay un procedimiento vigente”.
El tema ha quedado en análisis de comisiones dentro del Poder Legislativo, mientras persiste la controversia entre las resoluciones administrativas y los recursos judiciales.
Lecourtois advirtió que el hecho de que Rivera cobre como diputado, pese a la inhabilitación administrativa, “sin duda alguna (…) es objeto de observación por parte de los entes fiscalizadores”, lo que abre la puerta a nuevas revisiones.
